Agencias, Ciudad de México.- La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú declaró procedente la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo “por presunta infracción constitucional y por la probable comisión del delito de traición a la patria”, horas después de que la oficina del mandatario desmintió que éste vaya a renunciar.
Con nueve votos a favor y ocho en contra, la subcomisión aprobó la procedencia, informó el Congreso peruano en su cuenta en Twitter.
La denuncia fue presentada por legisladores de oposición que acusan al presidente de violar la Constitución al haber cometido el delito de traición a la patria.
El documento se basa en las declaraciones que hizo en enero el jefe de Estado a la cadena CNN en Español, donde aseguró que buscaría dar una salida soberana al mar a Bolivia.
La procedencia de la denuncia permite que sea investigada en la subcomisión, con descargos de la parte acusatoria y el acusado.
Si avanza en esta instancia pasaría a la Comisión Permanente, que debe declararla procedente para que llegue al pleno para su debate y votación.
De ser declarado culpable, Castillo sería destituido y asumiría el cargo la vicepresidenta Dina Boluarte.
En otro orden, la Comisión de Fiscalización del Congreso acordó citar a Castillo para que dé explicaciones sobre su presunto liderazgo en una mafia dedicada a otorgar concesiones de obras públicas a cambio de sobornos.
El mandatario fue acusado por la empresaria y cabildera Karelim López de integrar un clan criminal que obtiene dinero de obras públicas que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
La organización delictiva estaría integrada por empresarios, familiares de Castillo y cinco congresistas que se habrían coludido para otorgar concesiones de obras públicas viales a empresas a cambio del pago de sobornos.
El escándalo tomó especial relevancia luego de que López se acogió a la colaboración eficaz ante la fiscalía y denunció que el presidente es el líder de dicha organización.
La colaboración eficaz es una herramienta que emplea la fiscalía para que los investigados acepten sus delitos, brinden información sobre los mismos para, a cambio, recibir beneficios judiciales.
La presidencia desmintió la dimisión de Castillo y sostuvo que la intención del mandatario es concluir su mandato, que expira en julio de 2026.
La oficina de presidencia calificó de “falsas” las especulaciones que circulan en redes sociales sobre una posible dimisión del gobernante, quien seguirá con su agenda de trabajo en cumplimiento de su política general de gobierno.
Castillo comenzó su mandato a finales de julio de 2021 tras resolverse un ajustado recuento electoral en el que su rival, Keiko Fujimori, denunció actos de corrupción en las mesas electorales.
En más de seis meses, el mandatario ha cambiado cuatro gabinetes.
