Continuando con las actividades programadas en el marco de la mesa de diálogo con el secretario técnico de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar (Cocifam), el magistrado Eliseo Juan Eliseo Hernández Villaverde, las juzgadoras y juzgadores, así como directoras y directores, se dieron cita de nueva cuenta para reanudar esta actividad y conocer los retos en materia tecnológica y operativa que requiere la implementación de este sistema de justicia.

En modalidad hibrida, el también magistrado de Sala del Poder Judicial de la Ciudad de México, Hernández Villaverde, informó de la etapas y requerimientos tecnológicos, presupuestales, humanos para llevar esta transición de manera armónica, eficaz y eficiente, proponiendo modelos de acción en cada rubro, informando de las buenas prácticas efectuadas en otras entidades federativas, esto a fin de concretar esta histórica tarea que fortalecerá y agilizará nuestro sistema judicial en beneficio de todas las personas usuarias de justicia.

Al finalizar esta jornada, la consejera de la Judicatura, María de Lourdes Hernández Bonilla, cerró esta mesa de trabajo, agradeciendo la atención del secretario técnico del Cocifam, Eliseo Juan Eliseo Hernández Villaverde, quien vino a ser referente y guía en esta etapa tan importante de transición, facilitando el poder demarcar cada uno de los pasos a seguir para lograr el objetivo.

Hay que recordar que la Cocifam tiene como finalidad transitar hacia la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por lo que corresponderá a los operadores jurídicos y a los legisladores de las entidades federativas armonizar este nuevo modelo procesal que entrará en vigor de manera gradual, y deberá ser implementado en su totalidad en todas las entidades, teniendo como plazo hasta el 1º de abril de 2027.

Cabe resaltar que, el nuevo Sistema de Justicia Civil y Familiar homologa la forma de resolver los juicios a nivel nacional a través de la oralidad, así como de los medios alternativos de solución de controversias, y reconoce la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas esenciales para hacer más eficientes los procesos, y brindar certeza, transparencia y agilidad en la impartición de justicia.