Agencias / MonitorSur, CIUDAD DE MÉXICO .- Cuando la polémica golpeó al departamento mejor considerado en la lucha anticorrupción de México, la solución del presidente fue tajante: pedir una cabeza política para controlar los daños de imagen.

La lucha contra la corrupción liderada por la administración de Andrés Manuel López Obrador ha tenido luces y sombras, pero si en algo coinciden los analistas es que uno de los aciertos fue el empuje de la oficina que investiga delitos financieros con quien fuera su titular hasta el lunes, Santiago Nieto, que acaba de dejar su cargo por el escándalo que ha rodeado su boda.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mostró músculo en los últimos años con la congelación de cuentas tanto de presuntos narcotraficantes como de políticos y empresarios, algunos afines al partido oficialista. Pero acabar con la corrupción supone algo más que señalar actividades sospechosas o conservar una imagen pública sin tacha: lo vital es lograr que la justicia actúe sobre los responsables de esos delitos.

Nieto celebró una lujosa boda el pasado fin de semana en Guatemala a la que algunos invitados llegaron en un avión privado con miles de dólares en efectivo y que costó el puesto a otra funcionaria. Aunque no hubo acusaciones directas en su contra, su imagen quedó cuestionada y el lunes puso su renuncia a disposición del presidente después de que López Obrador le mandara un mensaje muy claro: “Es un asunto escandaloso, en efecto, aun cuando se trata de un acto privado”.

A pesar de la polémica, el trabajo de su departamento ha sido uno de los más alabados por analistas.

Eduardo Bohórquez, director de la ONG Transparencia Internacional México, aseguró que la UIF ha sido una “pieza muy valiosa en el ajedrez anticorrupción” y junto con la agencia tributaria fueron las dos instituciones de bajo perfil relanzadas por el presidente que se convirtieron en el motor de la lucha contra uno de los principales problemas de México.

“No es que (la UIF) fuera inmaculada, siempre hay críticas” porque es parte del ejecutivo y cierta politización es inevitable, añadió el experto. Sin embargo, actuó “en asuntos que son de interés público”, agregó.

El equipo liderado por el popular abogado Santiago Nieto, un hombre afable con la prensa y dispuesto siempre a dar declaraciones, incrementó el bloqueo de cuentas bancarias un 3.000% con respecto al periodo anterior, dijo Gerardo Rodríguez, del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas y miembro del Comité de Acompañamiento Ciudadano de la UIF.

Entre esas cuentas había miles vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación, al de Sinaloa, a personajes ligados al escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht -que Nieto ya había investigado desde su anterior cargo en la fiscalía de delitos electorales- o a redes de trata de personas.

Su departamento ofreció también información valiosa en los procesos contra exfuncionarios ahora en el banquillo —como el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, o el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, enjuiciado en Estados Unidos— y cuestionó operaciones financieras vinculadas a una universidad del estado de Hidalgo, ligadas al partido oficialista.

Eran, según dijo el propio Nieto dijo en una entrevista con The Associated Press el año pasado, “tiros de precisión” de “actividades financieras que realmente ocurrieron” sobre las que ellos ponían las denuncias pero luego debían ser investigadas por el Ministerio Público en el terreno penal y por la Secretaría de la Función Pública en el administrativo.

El problema es que toda esta información no se ha traducido en resultados.

“Ahorita no tenemos ni redes (criminales) desmanteladas, ni sentencias de un juez, ni activos recuperados”, que son los tres elementos claves con los que se mide la eficacia anticorrupción de un país, lamentó Bohórquez. Abrir investigaciones es fácil pero lo complicado es cerrarlas, agregó.

Las miradas acusadoras recaen en la Fiscalía General de la República, un órgano teóricamente independiente pero que ha sido uno de los más criticados por los detractores del presidente que consideran politizada la actuación de su titular, Alejandro Gertz Manero, un hombre que López Obrador siempre ha defendido.

Para Gerardo Rodríguez, ha habido “muy mala gestión de la fiscalía” que no ha tenido ni la capacidad ni el interés de tramitar toda esa información proporcionada por la UIF puesto que son ellos los que tienen que investigar las denuncias.

Además, apuntó a otros problemas como la falta de interés del gobierno para apoyar al Sistema Nacional contra la Corrupción y de los ejecutivos estatales por implicarse activamente en esta lucha. “El presidente se ha recargado exclusivamente con su calidad moral”, sentenció, y eso “no es suficiente”.

López Obrador ganó las elecciones en 2018 con la promesa de limpiar México de las “mafias del poder” y llevó su discurso anticorrupción hasta la ONU este mismo martes pero, según sus críticos, ha tratado con un doble rasero a sus funcionarios apoyando a algunos tan polémicos y cuestionados como el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y quitando la confianza de otros que, como Nieto, eran populares en amplios sectores pero se vieron golpeados por un escándalo de imagen.

Para el responsable de Transparencia Internacional México, todo tiene que ver con estrategia política y por eso consideró muy hábil la decisión fulminante contra el titular de la UIF en “un asunto muy difícil de explicar, escabroso” como los detalles en torno a su boda. De hecho, otro matrimonio ostentoso, el de César Yáñez, quien fuera durante décadas el vocero de López Obrador, acabó con la carrera pública de Yáñez cuando por fin su jefe llegaba a la Presidencia después de años de intentos.

A juicio de Bohórquez, la rápida y hábil reacción del mandatario ante el escándalo de Nieto tuvo una motivación claramente electoral porque el presidente sabe que la pieza más importante de cara al cierre de su administración y para el referéndum sobre su gestión previsto para 2022 “es lo que haya hecho o no haya hecho en materia de control de la corrupción”.

“Esta ha sido su oferta más grande y también va a ser el rasero con el que va a ser medido por el electorado y la opinión pública”, agregó el analista.

Con el escándalo aparentemente zanjado, ni Rodríguez ni Bohórquez esperan un cambio de rumbo de la UIF a manos de su nuevo titular Pablo Gómez, un hombre de toda la confianza de López Obrador y que recibe una maquinaria de unos 80 analistas que funciona. Los más críticos confían, sin embargo, en que el nuevo funcionario tenga menos protagonismo mediático. “Los órganos de inteligencia deben sentirse, no verse”, escribió en Twitter el analista Alejandro Hope. “El gusto por los reflectores de el ahora ex-titular de la UIF era un riesgo para la institución”.

Con información de la agencia ‘The Associated Press’.