Agencias / MonitorSur, XALAPA, Veracruz .- El ex mandatario Felipe Calderón criticó el nuevo formato de educación a distancia propuesto por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues acusó no invertir en el desarrollo de internet como una vía de aprendizaje y más bien orientarse hacia la televisión. Tras esos comentarios, usuarios de redes sociales le recordaron el gasto que hizo en la construcción de la Estela de Luz.
Uno de los señalamientos que más resonaron en la comunidad de Twitter fue la del productor de televisión, Epigmenio Ibarra, quien calificó a la obra de Calderón como el “menor de sus crímenes” y un ejemplo de la megalomanía durante su administración.
“La Estela de Luz, escandaloso ejemplo de la megalomanía, la corrupción y la ineficiencia es, a pesar de lo más de 1,000 millones de pesos que se dilapidaron en ella, el menor de sus crímenes, Felipe Calderón. Tiene usted una deuda con esta nación que deberá pagar con cárcel”, escribió Ibarra.
De acuerdo con un grupo de ex trabajadores de la empresa III Servicios AS de CV, quienes denunciaron ante la FGR al ex presidente panista por presuntamente ser el responsable de cobrar un sobreprecio por miles de millones de pesos en noviembre del año pasado, la obra habría incrementado su precio de manera importante.
“Inicialmente, para la construcción de dicho monumento se había autorizado un presupuesto de 398 millones de pesos, y plazo para la conclusión de la obra el 21 de agosto de 2010, sin embargo, el costo total se aumentó a más de 1,000 millones de pesos, existiendo un retraso de construcción por 15 meses”, se leía en la denuncia.
De acuerdo con el documento, en 2009, la oficina de la Presidencia de la República del sexenio de Felipe Calderón, a cargo de Patricia Flores Elizondo, se hizo cargo de la conducción y dirección de dicho proyecto, en el cual los demandantes estimaban la existencia de la decisión y determinación del desvío de recursos públicos.
Según esta versión, desde Presidencia se decidió que un director general de una empresa filial de Pemex presentara su renuncia para que su remplazo fuera un cercano a Calderón. Se trató de Agustín Castro Benítez, quien fue designado director general de la empresa III Servicios, dedicada a la administración de bienes inmuebles de la dependencia.
“La llegada de Agustín Castro a la empresa III Servicios tuvo como consecuencia inmediata una reunión con todos los directivos ante quienes informó que venía designado especialmente de la oficina de la presidencia, para que III llevará a cabo la construcción y todo el proceso relacionado con la Estela de Luz, a pesar de que III Servicios no prestaba esas funciones”, explicó el abogado de los demandantes.
Tras su nombramiento, se habrían llevado a cabo diversas reuniones entre la empresa y la jefa de la oficina de presidencia, Patricia Flores, en las que se decidió que la construcción de la Estela de Luz fuera un proceso restringido y no de licitación pública.
“Los verdaderos culpables en el incremento del costo de esa obra, son los ex funcionarios de Presidencia y director general de la obra señalados, al haber maquinado desde un inicio las conductas anteriormente señaladas”, complementaba el documento.
En respuesta a la denuncia, Felipe Calderón publicó un comunicado en el que negó “categóricamente haber incurrido en acto alguno de corrupción” en la construcción de la Estela de Luz, y dijo que su demanda es un distractor ante los graves problemas que golpean a México.
El ex presidente aseguró que el proyecto fue decidido por un jurado designado entre el gobierno federal y el de la Ciudad de México, además de estar integrado por un grupo interdisciplinario que decidió “de manera independiente”. Según lo declarado, errores en la ejecución del proyecto provocaron retrasos y aumento de costos, pero en ningún momento fueron actos premeditados de corrupción.
El monumento se construyó con motivos de los festejos del Bicentenario de la Independencia Mexicana y del Centenario de la Revolución Mexicana. Sin embargo, sus constantes retrasos y aumento en el presupuesto lo hizo una obra muy cuestionada.
Debió ser inaugurado en septiembre de 2010, pero se aplazó hasta enero de 2012. Un año antes se habían hecho públicos una serie de malos manejos con el fondo destinado a la construcción del monumento. En la Cuenta Pública 2011, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló pagos improcedentes por 248.9 millones de pesos en la compra del acero para la estructura.
También encontró erogaciones presumiblemente ilegales por 150.3 millones de pesos, “como resultado de la incorrecta integración de precios y de diferencias en conceptos de obra”.
En total, la obra costó más de 1,000 millones de pesos. En algún momento fue llamado “Monumento a las Víctimas de la Guerra de Calderón”, en referencia a los miles de muertos que hubo durante su gobierno como resultado de la guerra contra el narcotráfico.
Deberán devolver dinero por irregularidades
Al menos así lo dictó en una sesión virtual la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), luego de determinar que Andrés León Reguera y Juan Alberto Bravo Hernandes, trabajadores en ese entonces de la filial de Petróleos Mexicanos (Pemex), III Servicios SA de CV, habrían simulado la compra de acero inoxidable a mayor precio para la construcción del monumento.
De acuerdo con El Universal, León Reguera fue residente de la obra y deberá devolver 216.3 millones de pesos, mientras que Bravo Hernández, entonces asesor técnico administrativo, regresará 230.8 millones de pesos.
“El acero inoxidable que compraron a sobreprecio tenía las mismas especificaciones que el que adquirieron estos dos trabajadores de III Servicios bajo el argumento de tener mejor calidad”, expuso la magistrada Nora Urby Genel al tribunal.
Con información de la agencia ‘Reuters’.
