Juan Balboa

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 14 mayo 2018.-Con gran certeza en sus datos sobre los problemas de Chiapas y con agilidad para responder o cuestionar a sus contrincantes, el candidato de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (PMC), José Antonio Aguilar Bodegas, es, sin duda, el gran ganador del primer debate de los candidatos que buscan el gobierno de Chiapas.

Los primeros sondeos, el análisis de especialistas y las encuestas posteriores al debate del pasado domingo 13 de mayo, no dejan duda del triunfo holgado de Aguilar Bodegas sobre el priista Roberto Albores Gleason, el morenista Rutilio Escandón y el independiente Jesús Alejo Orantes Ruiz.

Sorprendió la información abundante que maneja el tapachulteco; su conocimiento de la geografía chiapaneca y, desde luego, sus propuestas para dar solución a los agudos problemas de la entidad.

No es la primera vez que José Antonio Aguilar Bodegas sorprende con su destreza política o su habilidad y experiencia en tratar los problemas del campo y la ciudad.

Cuando fue por primera vez candidato (2006) al gobierno de Chiapas –no llego por el inmenso fraude electoral que organizó el entonces gobernador Pablo Salazar Mendiguchía- hizo propuestas que dejaron a más de uno con la boca abierta.

En uno de sus dos documentos en donde hacía sus propuestas como candidato en el 2006, Aguilar Bodegas escribió el siguiente texto, el cual confirma que conoce al estado como la palma de su mano:

“La historia reciente de Chiapas se ha caracterizado por tensiones sociales que han dejado marcas profundas en el tejido social: el desánimo, la inseguridad y desconfianza de la población en sus autoridades. Ello ha debilitado seriamente el capital y el tejido social, afectando negativamente a la gobernabilidad y el estado de derecho.

“Los indicadores de desarrollo social, como el nivel de ingresos, la educación y la salud, continúan ubicando a Chiapas como la entidad con mayores atrasos en el país. La generación de empleos es apenas incipiente y su dinámica está sobredeterminada por el gasto gubernamental. No se perciben definiciones claras y tampoco una visión estratégica de desarrollo del estado que permita una mayor participación del sector privado de la economía.

“Las políticas públicas han tenido impactos aislados y coyunturales y no han logrado el propósito de elevar de manera consistente y permanente los satisfactores sociales. Las inyecciones de recursos financieros se han orientado básicamente a atender objetivos de política social, soslayando los procesos de inversión y acumulación de capital. Las autoridades no se han preocupado por establecer un marco propicio para alentar el desarrollo de la empresa.

“La agenda económica, por su parte, no ha partido de la base de una política de desarrollo humano que privilegie la educación, la atención a la salud, la capacitación laboral, la asistencia social y el desarrollo regional rural y urbano. Es necesario elevar la calidad y cobertura de los servicios educativos, médicos y de seguridad y asistencia social. Es imprescindible, asimismo, el impulso de proyectos de infraestructura básica para mejorar las condiciones de vida de la población.

“En este tenor, mi visión de la agenda pendiente para la recuperación de Chiapas descansa en 5 ejes rectores, con objetivos específicos para cada uno de éstos:

Educación

Es evidente la necesidad de un pacto renovado entre gobierno, magisterio y sociedad, a fin de trabajar conjuntamente en el desarrollo integral de una agenda educativa que privilegie la educación superior y tecnológica, corrigiendo de una vez por todas el error de haber propiciado políticas aisladas y de corto plazo que solamente han inducido la deserción masiva de estudiantes de educación media. Algunas de las principales políticas del Gobierno de la Recuperación serán las siguientes

• Creación de suficientes empleos para aumentar el nivel de ingresos de los hogares, de manera que disminuya la necesidad de trabajar entre la población en edad escolar.
• Eficiencia y calidad de la educación: debe procurarse una política de Estado, con la participación federal y en estrecha coordinación con el cuerpo magisterial, de tal forma que se asegure la participación de maestros bien instruidos y adecuadamente capacitados.
• Fortalecimiento de la hacienda pública y obtención de recursos suficientes que permitan defender la educación pública, e incluso mejorar las condiciones de ejercicio profesional del Magisterio.
• Apoyo a la educación y a los contribuyentes efectuando las deducciones por pagos de colegiatura hechos por el contribuyente a las instituciones educativas que cuenten con reconocimiento de validez oficial de estudios expedidos por la SEP de acuerdo con la Ley Federal de Educación, así como los gastos de útiles escolares, de uniformes y de transportación escolar, por los estudios de quienes el contribuyente erogue desde el nivel de estudios primarios.

Salud y seguridad

• Enfoque hacia el abatimiento de los grandes rezagos entre las comunidades del estado.
• Una organización de los servicios alineada a la focalización de los principales problemas de salud, a través del fortalecimiento y ampliación resolutiva del primer nivel de atención.
• Una amplia y efectiva coordinación interinstitucional y entre niveles de atención para que todos accedan, cuando así se requiera, a los servicios hospitalarios.
• Inversiones que garanticen contar con instalaciones dignas y con el equipamiento y tecnologías necesarios para su funcionamiento.
• Un plan estratégico dirigido a incrementar el capital humano de los profesionales de la salud con una mística de trabajo de calidad, eficiencia y excelencia. Se deberán incluir incentivos al desempeño y desarrollo del personal médico, paramédico, técnico, y administrativo.
• Una ampliación del sistema de protección social en salud y desarrollo de un concepto de aseguramiento social innovador y con solidez financiera.
• Un reforzamiento al sistema de pensiones que garantice seguridad en los años de retiro, así como la creación de incentivos para fomentar el ahorro patrimonial y la protección familiar.
• Una participación más activa e incluyente del sector privado, detonando inversiones dirigidas a complementar las acciones de gobierno.
• El modelo de salud y tecnología a implantar se sustentará en cuatro puntos:

1. Diseño de una unidad clínica prototipo
2. Dotación de capacidades diagnósticas remotas para interconsultas médicas a distancia
3. Mayor coordinación funcional entre los distintos niveles de atención, y
4. Ampliación de la cobertura médica de salud.

Grupos vulnerables

• El gobierno complementará los ingresos de chiapanecos discapacitados, promoviendo entre las empresas los estímulos fiscales que alienten su contratación para un empleo digno y bien remunerado.
• Los adultos mayores a 65 años recibirán un apoyo económico de mil pesos mensuales, a fin de que la sociedad chiapaneca pueda retribuirles el esfuerzo durante su vida productiva y asegurarles una vida digna en plenitud.
• Se creará infraestructura digna de asistencia social y vivienda para todos los discapacitados y adultos mayores cuya condición económica así lo requiera.
• Se instituirá un sistema de becas, educación tecnológica y entrenamiento en el lugar de trabajo a jóvenes sin recursos para continuar con sus estudios o capacitarse.
• Se pondrá en marcha el Programa Estatal de Integración Indígena, a través de acciones intensivas de educación bilingüe, alfabetización bilingüe y sistemas de consulta para integrar sus usos y costumbres a la planeación estatal.
• Se iniciará el Programa integral para la mujer chiapaneca, que considere sus necesidades de planeación familiar, capacitación y apoyo a su calidad de madre, esposa y trabajadora, a través de una red estatal de guarderías.

Indigenismo

• Avanzar en la construcción de un nuevo marco jurídico a favor de los pueblos y comunidades indígenas, teniendo en cuenta lo mejor de sus propias culturas, como aportación a nuestro marco legislativo.
• Hacer efectivo el acceso a condiciones de justicia y el mejoramiento de la calidad de vida de los indígenas, quienes han permanecido, hasta ahora, en la marginación y la pobreza, así como favorecer su plena incorporación al desarrollo con respeto a las diversas culturas que conforman nuestra nación en auténticas condiciones de igualdad, lo que implica empezar por construir una nueva respuesta que incluya acciones de carácter jurídico, político, gubernamental, social, económico y cultural.
• Dar solución al caso de más de 10 mil indígenas que viven desplazados en el estado, personas que perdieron la tierra, las escasas propiedades que tenían, y que están llegando a vivir en terrenos que hoy son cinturones de miseria.
• Hacer realidad el apartado “B” constitucional que les da la garantía de que el Estado mexicano promoverá la igualdad de oportunidades de los indígenas eliminando toda práctica discriminatoria, al tiempo de cristalizar el establecimiento de las instituciones y políticas necesarias para garantizar la vigencia de sus derechos.

Recuperación de nuestra identidad

Para adecuar las acciones del Gobierno de la Recuperación a la identidad de los chiapanecos, se proponen las siguientes acciones:

Establecer un sistema permanente de consulta, que inicie con una Consulta con todas las bases económicas, sociales, étnicas y organizacionales del estado, sobre su concepto de la identidad y rumbo de Chiapas, sus sueños, sus objetivos, sus necesidades, sus carencias, y su propuesta de relación con el Gobierno de la Recuperación. De dicha consulta se derivará el Plan Estatal de Desarrollo.

A partir de la Consulta, establecer las bases de gobierno, tanto institucionales como organizacionales, que permitan la consulta permanente y definan la nueva relación del gobierno con todos los integrantes del tejido socioeconómico de Chiapas.

Promover, coordinar e instaurar el Pacto Social Chiapaneco, que involucre a todos los actores socio económicos y políticos del país hacia la consecución del Plan Estatal de Desarrollo.

Reorganizar la estructura administrativa y del Gobierno, que permita la gobernabilidad y el uso eficiente de los recursos administrados, así como la transparencia y rendición de cuentas.

Establecer un Plan de la Frontera Sur, que salvaguarde adecuadamente las fronteras del país.