Tomado de articulo19.org

Ciudad de México, 20 de octubre de 2018.- Las recientes acciones del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador hacia reporteros, reporteras y medios de comunicación están en contra de su deber -como futuro jefe de Estado- de ser tolerante a la crítica.

El 24 de septiembre en Tijuana, Baja California, una reportera le preguntó sobre las elecciones a la gubernatura que se llevarán a cabo el próximo año. De acuerdo con videos que circulan en internet, la reacción de López Obrador fue darle un beso en la mejilla, evadiendo la pregunta.

Dos semanas antes, el 6 de septiembre López Obrador evadió nuevamente los cuestionamientos de un grupo de mujeres periodistas que preguntaban sobre una supuesta alianza de MORENA con el Partido Verde Ecologista de México en Chiapas. “No, no, no, no voy a hablar de eso (…) corazones, corazoncitos, corazones,” dijo.

Estos hechos fueron denunciados por la organización Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), la Red Nacional de Periodistas (RNP) y Periodistas de A Pie (PDP) como inhibitorios del ejercicio de la libertad de expresión de las mujeres periodistas 1.

De manera paralela, el pasado 15 de octubre López Obrador respondió a comentarios realizados en el espacio informativo Sin Anestesia del grupo Radio Centro que sugerían la renuncia de uno de sus colaboradores diciendo:  “¿Le creen ustedes a Loret? (refiriéndose al periodista Carlos Loret de Mola). Hay periodistas que con todo respeto, mienten como respiran”.

Ese mismo día un grupo de periodistas le preguntó acerca la imparcialidad de la consulta para el nuevo aeropuerto el presidente electo contestó: “Cuando yo digo una cosa fuerte, es porque ustedes me preguntan, somos corresponsables. Vamos a autolimitarnos todos. Amor y paz, porque yo ya no quiero seguir hablando de la mafia del poder, de la prensa fifí”.

Adicionalmente, el 18 de septiembre un grupo de periodistas preguntó a López Obrador acerca de su afirmación que México estaba “en bancarrota” y este respondió: “Sólo decirles -para que no haya manipulación- no de ustedes, de los camajanes del conservadurismo, de la prensa fifí. Que quede claro, que se oiga bien y se oiga fuerte: voy a cumplir todos los compromisos que hicimos en campaña; no le voy a fallar al pueblo de México”.

MLO y el riesgo de caer en discursos oficiales estigmatizantes

Estas expresiones preocupan a ARTICLE 19 pues indican el tono con que el próximo gobierno podría responder a la prensa cuando esta informe u opine de manera crítica a su administración. No perdemos de vista que aún no asume formalmente funciones como titular del Poder del Ejecutivo Federal, sin embargo resultaría lamentable que el tono estigmatizante y de descalificación hacia la prensa continúe una vez asumido el cargo a partir del 1o de diciembre.

La discusión sobre el papel de los medios de comunicación en el sistema político mexicano es necesaria. Sin embargo, no corresponde al futuro jefe de Estado dar esta discusión desde adjetivos, descalificaciones y señalamientos. Mucho menos invadiendo el espacio personal y utilizando expresiones condescendientes para evadir preguntas de mujeres periodistas. Estas actitudes contrario a fomentar la discusión, vician y entrampan el diálogo público, en especial cuando se trata del ejercicio del poder.

ARTICLE 19 recuerda que las informaciones, ideas y opiniones sobre funcionarios públicos y candidatos a ejercer cargos públicos gozan de especial protección bajo la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. El control existente en las democracias a la gestión del gobierno por parte de la opinión pública obliga al Presidente electo a estar “expuesto en un mayor grado al escrutinio y a la crítica, lo cual se explica por el carácter de interés público de las actividades que realiza2”.

El incumplimiento de la obligación de López Obrador de ser tolerante a la crítica es alarmante debido a que cuando asuma como primer mandatario enfrentará cuestionamientos mayores propios de su función. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que “[el] debate político a que da lugar el derecho a la libertad de expresión generará inevitablemente ciertos discursos críticos o incluso ofensivos para quienes ocupan cargos públicos. Ello no implica que los funcionarios públicos no puedan ser judicialmente protegidos en cuanto a su honor cuando éste sea objeto de ataques injustificados, pero han de serlo de forma acorde con los principios del pluralismo democrático y a través de mecanismos que no tengan la potencialidad de generar inhibición ni autocensura 3

No obstante, el problema de los comentarios de López Obrador va más allá de la inhibición al debate público. El 27 de septiembre del 2018 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas expidió una resolución en que “urge a líderes políticos, funcionarios públicos y autoridades abstenerse de denigrar, intimidar o amenazar” 4 a medios de comunicación y periodistas. La Resolución clarifica que estos ataques no son sólo retóricos, sino que exponen a los periodistas a riesgos más grandes 5.

En ese mismo sentido la Corte Interamericana ha dicho que los agentes estatales podrían ser responsables por los ataques sufridos por periodistas a manos de particulares, si con sus declaraciones en contextos de tensión social contribuyen a aumentar el riesgo de que tales ataques ocurran. En este sentido se debe cuidar que ciertos discursos “puedan ser interpretados por funcionarios públicos o por sectores de la sociedad como instrucciones, instigaciones, o de cualquier forma autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos que pongan en riesgo o vulneren la vida, seguridad personal u otros derechos de los periodistas” 6.

La Relatoría Especial Para la Libertad de Expresión de la CIDH también ha encontrado que las declaraciones de altos funcionarios públicos contra medios de comunicación y periodistas “por razón de su línea editorial” pueden -en contextos de polarización política- conducir a aumentar el riesgo de la actividad del periodismo7. De igual modo los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron que las campañas de desacreditación son una de las formas de violencia institucional ejercidas por funcionarios públicos 8.

En principio, las recientes declaraciones del Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador difícilmente podrían ser interpretadas como autorizaciones o instigaciones a la violencia por parte de terceros. Sin embargo, si son violaciones al deber de mantener un discurso favorable a la libertad de expresión, situación que en un futuro, de polarizarse más las posturas públicas, puede redundar -ahora sí- en violencia. El Presidente electo está aún a tiempo de corregir el rumbo, ser más tolerante a los cuestionamientos y controvirtiendo a la prensa con argumentos, evitando las descalificaciones y señalamientos. Calificativos como “prensa fifi”, “corazoncitos”, y “hay periodistas que mienten como respiran”, son inaceptables de parte de un jefe de Estado.

No debe perderse de vista que México es hoy uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Tan sólo del 01 de diciembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2017 , ARTICLE 19 ha documentado 1986 agresiones contra periodistas en razón de su labor informativa. De la misma manera, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, hemos documentado 47 asesinatos de periodistas.

Esta crisis de violencia que enfrentan las y los periodistas en México debe detonar posturas públicas de altos funcionarios del Estado dirigidas a reconocer la importancia de esta labor en la construcción de una sociedad democrática. En caso de controversia, los funcionarios de gobierno deben replicar con argumentos y pruebas, no con descalificaciones y estigmatizaciones que pongan en mayor riesgo la labor periodística y que inhiban el debate social sobre el ejercicio del poder público.

ARTICLE 19 exige a Andrés Manuel López Obrador adoptar un discurso público favorable a la libertad de expresión y que contribuya a prevenir cualquier tipo de violencia contra quienes ejercen el periodismo. López Obrador debe abstenerse de hacer declaraciones que inhiban la discusión pública de la transición y de su futuro gobierno. En congruencia con ello, su gobierno, una vez en funciones, deberá adoptar una política pública integral que garantice la protección de cientos de periodistas víctimas de agresiones en razón de su ejercicio.