Agencia / MonitorSur / Ciudad de México.- El sector industrial anunció que emprenderá demandas contra estados y municipios por incumplimiento de pagos.

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega, dijo que su organización empresarial está agotando los recursos que tienen para presionar a los gobiernos a saldar sus deudas, “pero si no se registran avances, se procederá de manera jurídica”.

Excélsior dio a conocer ayer que gobiernos locales adeudan 120 mil millones de pesos a cerca de 40 mil proveedores de bienes y servicios.

Herrera Vega dijo que algunas empresas, principalmente en los estados donde habrá cambio de gobierno, ya han comenzado a presentar denuncias penales contra los gobernadores y secretarios de finanzas ante la negativa de pago por falta de capital.

A decir del dirigente industrial, “los adeudos que existen ahorita se generaron cuando los gobiernos contaban con presupuestos ya aprobados, es decir, tenían los recursos para poder realizar compras o hacer arrendamientos, por lo que no existe nada que justifique que no se hayan llevado a cabo los pagos a tiempo”.

Explicó que el atraso en los pagos a proveedores de gobierno ronda los 20 meses, un lapso que compromete su operación, debido a que la mayor parte son pequeñas y medianas empresas.

IP CONSIDERA ACCIÓN LEGAL CONTRA ESTADOS
Las empresas afectadas por el incumplimiento de pagos por parte de los gobiernos locales emprenderán acciones legales para recuperar su dinero, informó Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Las empresas con cuentas por cobrar gubernamentales tomarán acciones legales si así lo requieren las circunstancias. Como organismo empresarial estamos agotando los recursos que tenemos para presionar a los gobiernos a saldar sus deudas, pero si no se registran avances, cada proveedor, en lo particular, procederá jurídicamente”.

Según el dirigente, la deuda de los gobiernos estatales y municipales afecta a casi 40 mil proveedores nacionales de bienes y servicios, con un monto de aproximadamente 120 mil millones de pesos.

Un adeudo que, en su opinión, está “injustificado”, debido a que se trata de compras realizadas con presupuestos aprobados.

Los adeudos que existen ahorita se generaron cuando los gobiernos contaba con presupuestos ya aprobados, es decir, tenían los recursos para poder realizar compras o hacer arrendamientos, por lo que no existe nada que justifique que no se hayan llevado a cabo los pagos a tiempo”.

Destacó que el atraso en los pagos a proveedores de gobierno ronda 20 meses, un lapso de tiempo que compromete su operación, debido a que la mayor parte de ellos son de pequeño y mediano tamaño, por lo que tienen una alta necesidad de flujo de efectivo ante la debilidad del financiamiento.

Algunas empresas de las entidades donde habrá cambio de gobierno ya han comenzado a levantar denuncias penales contra los gobernadores y secretarios de finanzas ante la negativa de pago por falta de capital.

GARANTÍAS LEGALES

El sector industrial demandó a los legisladores incorporar a la Ley de Disciplina Financiera de Entidades y Municipios que los gobiernos locales deberán liquidar su deuda a un plazo menor a un año antes de entregar el poder.

Hacemos un llamado a los legisladores para dar certeza al sector industrial de que realmente se le va a pagar, porque, ante un escenario complejo, el gran reto es reactivar el mercado interno, por lo que se debe empezar por garantizar el pago a los proveedores.”

Herrera destacó que esta nueva ley debe contemplar repercusiones legales contra los gobernantes y funcionarios que resulten responsables de fallas como el endeudamiento “desmedido” y el incumplimiento de pagos con los proveedores para dar certidumbre.

La iniciativa que se discute en el Congreso no considera obligar a los gobiernos a liquidar sus deudas de proveeduría antes de concluir su administración, únicamente hace referencia a las deudas bancarias. De aprobarse sin cambios, los bancos sí recibirán el pago de la deuda de corto plazo de los gobiernos, los proveedores seguirán sin garantía de pago.

UN DÓLAR CARO PROPICIA ALZA DE MERCANCÍAS
El encarecimiento del dólar provocó que los precios de diferentes productos industriales se ajustaran a la alza entre cuatro y diez por ciento, informó Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin.

MÁS AFECTADOS

El dirigente indicó que los sectores electrónico y autopartes son los más afectados por el ascenso que ha registrado el tipo de cambio durante este año, debido a su alta importación de insumos, piezas, y componentes.

Los costos de diferentes sectores superaron considerablemente el aumento acumulado en doce meses del Índice Nacional de Precios al Productor de Mercancías y Servicios finales, excluyendo Petróleo. Muchos alcanzaron 13% por lo que ajustaron los precios”.

AUMENTOS

Los incrementos se registraron principalmente en equipos de computación, comunicación y medición; componentes y accesorios electrónicos; productos textiles, excepto prendas de vestir; maquinaria y equipo; transporte y autopartes; aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica; plástico y hule, entre otros.

El líder industrial destacó que el aumento de precios no fue generalizado por lo que la canasta básica no registró impacto.

INDUSTRIALES PIDEN GARANTIZAR COMPRAS
Para el sector industrial una de las prioridades económicas de 2016 es la asignación de al menos 35% de las compras de bienes, servicios y obra pública en favor de las empresas de pequeño y mediano tamaño, cantidad que ascendería a por lo menos 110 mil millones de pesos.

Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin, explicó que la importancia de esta acción radica en que permitiría detonar el mercado interno, una condición indispensable para que el sector productivo nacional acelere su crecimiento.

NEGOCIACIONES

Propuso concentrar al menos 70% de las adquisiciones e inversiones públicas en la primera mitad del año, para lo que demandó suscribir un acuerdo con las autoridades estatales y municipales para la realización de sus compras e inversiones y se estiman criterios precisos de transparencia y rendición de cuentas, así como sanciones precisas y controles oportunos para evitar subejercicios.

Independientemente de los ajustes presupuestales anunciados, el sector público continúa siendo el más importante consumidor de bienes y servicios de la planta productiva mexicana, por eso demandamos un manejo responsable y transparente de las compras gubernamentales, como un instrumento de promoción económica para la reactivación del mercado interno y el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas”.

HerreraVega solicitó un plazo perentorio para el registro de las compras y adquisiciones previstas en los programas anuales que se hacen a las entidades y dependencias, a fin de que los proveedores conozcan oportunamente la demanda de bienes y servicios, y preparen su abastecimiento.

Con información de “EXCELSIOR”