Agencias, Ciudad de México.- En pequeños grupos y en forma simultánea en distintos puntos de México, familiares de algunos de los más de 100,000 desaparecidos en el país exigieron que se apliquen las leyes y se busque a sus seres queridos.

Son “unas cifras realmente enormes” y reconocidas por el gobierno, dijo Guillermo Fernández Maldonado, representante de la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que participó en una de las marchas de la capital.

Advirtió que “no es como en otras realidades que se habla del pasado, sino (que) son situaciones graves que siguen sucediendo cada día”.

En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, las familias volvieron a caminar por avenidas emblemáticas de la Ciudad de México con las fotografías de sus seres queridos colgando de sus pechos.

Exigieron al gobierno que cumpla las recomendaciones presentadas en abril por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU que, entre otras medidas, pidió combatir una impunidad que calificó de “casi absoluta” y “estructural”.

El Comité también instó a las autoridades a que reconozcan todas las formas de responsabilidad del Estado, ya sea por acción directa o por complicidad u omisión en las desapariciones efectuadas por el crimen organizado, que es el principal perpetrador.

El caso más conocido internacionalmente es el de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos en 2014 en el sur de México, pero son los perdidos a los que nadie busca y de los que sólo sus familias se acuerdan.

“Nos faltan 43 y nuestros hijos también”, gritaban en una de las protestas.

Las familias piden que se cumplan los protocolos de búsqueda desde las primeras horas, las más importantes para localizar a alguien, y piden mayor coordinación entre instituciones porque aunque el gobierno federal ha avanzado en temas de legislación y búsqueda, no siempre cuenta con el apoyo de los gobiernos estatales.

Las colectivos que apoyan a las víctimas también recordaron al gobierno que se necesitan más fondos para buscar a los suyos y para que avance el mecanismo extraordinario de identificación forense que acaba de comenzar en tres estados. También piden que se ponga en marcha cuanto antes el Banco Nacional de Datos Forenses que, por ley, ya debería estar funcionando.

Además de los desaparecidos, México tiene 52,000 personas no identificadas en fosas y morgues de todo el país.