Ciudad de México, 20 de marzo de 2015 (Círculo Digital).- El gobierno mexicano carece de una política integral para atender los casos de desaparición forzada, lo que provoca que esos crímenes queden impunes y se revictimice a los familiares de las víctimas.

Así se expresaron las asociaciones que participaron en la audiencia “Denuncias sobre hechos de desaparición forzada e impunidad en México” en el contexto del 154 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se realizó en Washington, EU, según un comunicado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

En una conferencia en las instalaciones del Centro Prodh, hablaron familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, quienes calificaron de insatisfactorias las respuestas del gobierno federal frente a la desaparición forzada.

Melitón Ortega, uno de los padres de los jóvenes “desaparecidos”, dijo que el problema de la desaparición forzada es nacional y ha ocurrido en todo momento a lo largo de muchos años, pero ha quedado impune siempre y por eso ocurrió la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Para la sociedad, no hay ley ni justicia, sino impunidad y corrupción, pero para el gobierno hay avances”, destacó.

Ortega señaló que las familias de los desaparecidos respaldan la labor del Grupo de Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, quienes después de 19 días de trabajo en México, ayer informaron sobre sus primeras investigaciones y pidieron a los jueces tratar el caso como desaparición forzada.

Mario César González, padre del normalista desaparecido César Manuel, lamentó el cinismo del gobierno mexicano ya que “en otros países ponen cara de angustia y hasta nos manifiestan su respeto, pero acá en México nos tratan con la punta del pie e intentan acabarnos”.

Por su parte, Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, de Guerrero, acusó que no existió un protocolo de búsqueda de los normalistas por parte del gobierno mexicano, pues las que se hicieron fue con información de padres y madres.

Bertha Nava, madre de Julio César Ramírez, asesinado en los hechos de Iguala, dijo que los familiares de los desaparecidos no han recibido atención médica “pero dinero sí nos ofrecen”.

En su turno, los comisionados de la CIDH señalaron que México se ha convertido en un cementerio humano y manifestaron su solidaridad con el dolor de las víctimas. (Con información de Milenio)