Agencia / MonitorSur / Ciudad de México.- Nueve gobernadores se van, pero dejan pendiente aclarar una estela de manejos dudosos de fondos federales. Los mandatarios salientes de Michoacán, Colima, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Baja California Sur, Guerrero, San Luis Potosí y Campeche concluirán sus encargos antes de finalizar 2015 y hasta la fecha no han aclarado manejos irregulares de 16 mil 657 millones de pesos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante sus respectivos mandatos.

De acuerdo con informes de la ASF a junio de 2015, el mayor número de irregularidades corresponde al gobierno de Michoacán, con 7 mil 764 mdp por aclarar durante los años 2012  y 2013 de la administración del priista Fausto Vallejo Figueroa.
En las observaciones hechas en los nueve estados que hoy se encuentran en transición gubernamental están listados probables daños a la Hacienda pública que fueron la norma, pues hay irregularidades como traspasos a cuentas no autorizadas, dinero generado por intereses o subejercicios que no fue reintegrado a la Federación, compras sobrevaluadas y subutilizadas, uso de los recursos etiquetados para uso distinto al objetivo de los fondos, así como pagos a personal docente o de salud que no demostró estar calificado para la tarea.
La revisión incluye los fondos de aportaciones para la educación básica, salud, infraestructura social, aportaciones múltiples, educación tecnológica y de adultos, seguridad pública de los estados y el Distrito Federal, para el fortalecimiento de las entidades y los convenios celebrados con el gobierno federal.
En términos comparativos, la cantidad detectada por manejos irregulares en los nueve estados es similar al presupuesto de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2015, que alcanzó los 17 mil 15 millones de pesos.
Michoacán, con pendientes Entre las anomalías encontradas por la ASF en Michoacán, tan solo durante el ejercicio 2013, destacan la adquisición de un vehículo con valor de 228 mil 180 pesos que no cumplía con los fines de la Ley de Coordinación Fiscal, y que actualmente está siniestrado, o la compra de medicamentos no incluidos en el catálogo universal de salud por 4 millones 472 mil 357 pesos a un precio superior al de referencia.
Además se realizaron pagos indebidos a la sección 18 del SNTE por conceptos no reconocidos por los convenios laborales, como “bono de apoyo a la economía”, el “estímulo a la superación educativa” o bono por “Día del Empleado”, con un valor de 223 mdp. Se realizaron transferencias del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) por 2 mil 1 39 millones a cuentas no pertenecientes al fondo y sin el reintegro de las transferencias.
Un año después de rendir protesta, Vallejo Figueroa pidió licencia por motivos de salud y fue sustituido temporalmente por Jesús Reyna García, ex secretario de Gobierno, actualmente preso en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano en Almoloya, acusado de vínculos con el crimen organizado.
El secretario de Finanzas y Administración del estado, desde enero —en sustitución de José Carlos Rodríguez—, Miguel López Miranda, reconoció el monto y aseguró que se encuentran en proceso de solventarlo ante la ASF. Sin embargo, dijo, que de no terminar corresponderá a la siguiente administración del perredista Silvano
Aureoles continuar con el proceso.
Cuestionado de por qué del alto monto, respondió: “En principio, las obligaciones financieras que pudo tener en ese momento (el estado) es probable que hayan orillado a determinados servidores públicos a fondear con recursos etiquetados otras obligaciones que no tenían recursos”.
Refirió que el endeudamiento acelerado que se dio durante la administración Leonel Godoy, el cual pasó de 9 mil 740 mdp a 14 mil 745 mdp; lo que durante la administración de Vallejo fue una constante queja
por la escasez de recursos.
Cuentas por aclarar
En Nuevo León, la ASF encontró que el gobierno de Rodrigo Medina subejerció 89 por ciento de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), equivalentes a 54 millones 706 mil 700 pesos, al cierre de 2013, y la compra de un escáner para localizar cadáveres con valor de un millón 67 mil 200 pesos que está en desuso.
De acuerdo con Gustavo Alarcón, contralor interno de NL, el monto por aclarar es menor y han enviado la documentación para solventar las observaciones, entre ellas 23 por mil 100 mdp; dijo que se reúnen con el
equipo de transición del gobernador electo, Jaime Rodríguez, para aclarar pendientes.

En Querétaro, la administración de José Calzada Rovirosa en 2013 destinó 225 mil 264 pesos del fondo de Aportaciones Múltiples al pago de prestaciones no autorizadas por el consejo a trabajadores de la
Universidad local.
En Campeche, bajo la conducción de Fernando Ortega en 2013, la Secretaría de Educación usó 6 millones 644 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica para la compra de vales para pavo, uniformes deportivos, medallas, entre otros enseres, considerados no financiables con el fondo.
En Baja California Sur, el gobierno de Marcos Alberto Covarrubias pagó un millón 688 mil 720 pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a seis médicos especialistas que carecen de la documentación indispensable para acreditar el perfil de la plaza para la que fueron contratados.
Mientras en Sonora la administración del panista Guillermo Padrés incumplió con los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y además realizó transferencias por 1 00 mdp a cuentas bancarias estatales durante seis meses; gastó 7 millones 1 0 mil 500 en una partida distinta a la autorizada y gastó 2 millones 877 mil 400 pesos en alimentación de fondos destinados a otros objetivos.
En San Luis Potosí, la ASF encontró que los Servicios de Salud pagaron 51 4 mil 400 pesos en 201 3 a dos médicos que realizan funciones administrativas, además no realizar inventarios rotativos de los medicamentos e insumos.
En Guerrero, la administración de Ángel Aguirre destinó un millón 81 7 mil 448 pesos del fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud para salarios de 72 empleados que estaban dados de baja al momento de
realizar el cobro.
Por último, durante 201 3 en el gobierno de Mario Anguiano, en Colima, la Secretaría de Seguridad gastó 3 millones 951 mil pesos al pago de apenas 60 por ciento del valor de un vehículo blindado Tigger, cuya adquisición se realizó en 2012.
Al cierre de esta edición, en los informes de la ASF, con fecha a junio, no se reporta que las autoridades de los nueve estados que cierran su periodo este año hayan subsanado o aclarado las observaciones por estas anomalías y desvíos de fondos federales por más de 16 mil mdp.
MILENIO contactó a los equipos de comunicación de las secretarías de Finanzas de los siete estados restantes en busca de una postura oficial, sin que al cierre de esta edición hayan contestado

Con información de “MILENIO”