Texto-Fotos-LosÁngelesPress/InsurgentePress/Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CDMX) cumplimentó una orden de aprehensión contra José Luis Moya Moya consultor especializado en temas de corrupción y transparencia quien ha denunciado una serie de amaños en contratos de arrendamiento y compra de patrullas en dependencias de los gobiernos federal y de la Ciudad de México.

La FGJCDMX fabricó la carpeta de investigación CI/FIEAE/C/UI-1C/D/00184/07/2023, contra Moya Moya por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en agravio de ‘la sociedad’.

Basado en el expediente, el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio Adscrito a la Unidad Judicial Número 12, Sergio Acevedo Villafuerte, otorgó a la FGJCDMX una orden de aprehensión contra Moya Moya con fecha de 18 de octubre de 2024.

La periodista Guadalupe Lizárraga publicó en el portal de noticias Los ÁngelesPress que la FGCMDX ejecutó la orden de aprehensión contra Moya Moya, basándose en información imprecisa y especulaciones sobre presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En este proceso, la Fiscalía ha utilizado el testimonio de Isabel Miranda de Wallace como un argumento para acusar a Moyá Moya de extorsión, basándose en un supuesto historial que data de 2006.

Sin embargo, en ese mismo año, Moya Moya declaró a los medios que Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de Isabel Miranda, estaba con vida y que no había sido secuestrado ni asesinado, como afirmaba su madre.

Esta declaración fue realizada en una entrevista con Ciro Gómez Leyva y, posteriormente, la reiteró a Los Ángeles Press. Este testimonio ha llevado a Isabel Miranda a acusar a Moya Moya de extorsión, incluyendo en sus denuncias a su pareja sentimental, Laura Domínguez, quien era íntima amiga y vecina de Hugo Alberto.

Moya Moya sostiene que Laura Domínguez se encontró con Hugo Alberto Wallace en el aeropuerto de la Ciudad de México en 2006, un año después de la fecha de la supuesta muerte y afirma que él mismo la llevó al aeropuerto.

Además, señala que ambos mantuvieron comunicación con Wallace a través de mensajes de texto y correos electrónicos, los cuales presentó en su momento a la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de su defensa en 2007 y 2008.

Moya Moya  se presentó como testigo protegido en un juicio en Chicago relacionado con una de las víctimas de Isabel Miranda, en el cual se discutía su extradición a México. Durante este proceso, además de su testimonio, presentó como evidencia copias de correos electrónicos de Hugo Alberto Wallace Miranda, mensajes de texto y registros de llamadas con fecha posterior a la supuesta muerte de Wallace.

En 2023, la fiscalía ya usaba las calumnias y difamaciones de Isabel Miranda contra Moya Moya, y eran reproducidos en espacios pagados en la prensa. Uno de estos medios fue El Heraldo de México, medio que le negó incluso ejercer su derecho de réplica.

Moya Moya ha sido objeto de investigaciones por presunto lavado de dinero y extorsión desde marzo de 2023, según informó la Fiscalía, a raíz de la denuncia hecha por Isabel Miranda Torres, quien además lo difamó en los medios en espacios pagados para desacreditar sus declaraciones sobre el falso caso Wallace.

Isabel Miranda ha calificado a José Luis Moya Moya de “vividor y oportunista”, afirmando que intentó extorsionarla en 2006. Su denuncia fue presentada ante la Fiscalía en 2023, en la que dijo haber aportado pruebas; sin embargo, no se han especificado los detalles de dichas pruebas.

Las acusaciones de la fiscalía sobre transparencia

En la información difundida por los medios, que ha sido proveida por la FGJCDMX, se menciona que José Luis Moya Moya ha presentado “más de mil cien solicitudes de información y 700 recursos de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) desde 2002”.

Sin embargo, solicitar información es un derecho ciudadano, no un delito. Además, las acusaciones sugieren que Moya Moya ha utilizado la transparencia como un medio para extorsionar a empresarios y funcionarios. Cuando, en realidad, su actividad ha consistido en publicar información oficial sobre adjudicaciones directas de contratos gubernamentales, contratos con sobreprecios injustificables y declaraciones patrimoniales incompletas, lo que podría interpretirse más como una labor de denuncia.

Una de sus reiteradas revelaciones ha sido contra el Grupo Andrade por sobreprecios en renta de patrullas en contratos de renta de 5 mil millones de pesos para la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, así como para la extinta Policía Federal Preventiva. Entre los nombres que figuran en la tolerancia a esta opacidad y corrupción es el de Jesús Orta Martínez, exsecretario de la CDMX y prófugo de autoridades federales por un desvío de 2,500 millones de pesos, y Omar García Harfuch.

En el caso de la extinta Policía Federal Preventiva, Moya Moya publicó la existencia de contratos de mil 500 patrullas pagadas a un precio de 2.7 millones por cada vehículo, operaciones que venían ocurriendo desde 2019. A partir de estas denuncias, tanto en medios como en la FGR, Grupo Andrade desató una campaña mediática en su contra utilizando a Isabel Miranda de Wallace como el rostro visible de la campaña.

Las denuncias que ha difundido el consultor Moya Moya sobre corrupción han sido utilizadas por empresas para promover recursos ante el Órgano de Control Interno de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (OIC-SSC) contra licitaciones amañadas en esa dependencia del gobierno de la Ciudad de México.

Prueba de ello, ha sido que el OIC frenó  la licitación número 30001066-007-2024 ‘para el arrendamiento de vehículos destinados a acciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en este año.

El pasado 12 de mayo, el periódico Reforma difundió que  Gobierno de la CDMX requería arrendar mil 120 camionetas Pick-up tipo patrulla V6 4×2, modelo 2024; 750 camionetas SUV tipo patrulla V6, modelos 2024, y 650 sedán tipo patrulla V8, modelo 2024. Además, 356 sedán básico utilitario manual modelo 2024.

Reforma indicó que las empresas con interés de participar en la licitación alertaron sobre prácticas monopólicas en alusión a ‘Grupo Andrade’, uno de los beneficiarios con adjudicaciones de contratos millonarios en la anteriores administraciones del gobierno federal y de la Ciudad de México.

Según la denuncia, las empresas de Grupo Andrade han sido beneficiadas con los contratos de 2019 a la fecha, por 2 mil 500 patrullas rentadas, de cuyas unidades nunca pagaron la tenencia siendo objeto de observaciones del OIC de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo a esas denuncias, Grupo Andrade y sus filiales han sido seleccionadas recurrentemente por la Secretaría de la Defensa Nacional como proveedoras de patrullas y camionetas tipo pick up destinadas a la Guardia Nacional, por adjudicación directa o vía licitación, entre 2019 y 2024.

En junio de 2012, el consulto Moya Moya interpuso ante la Sección de Fraudes y División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos una denuncia contra al menos a 17 empresas que le vendieron patrullas y equipos de seguridad a la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) que dirigía Genaro García Luna, y que presuntamente habrían cometido en México los delitos de fraude o lavado de dinero.

La revista Proceso publicó que la investigación se deriva de la denuncia presentada en Estados Unidos por José Luis Moya, experto en temas de corrupción y transparencia, y quien ha sido asesor de algunos legisladores panistas.

Las indagatorias también implicaron a Manuel Mondragón y Kalb –encargado de la seguridad pública federal en el gobierno de Enrique Peña Nieto– en su carácter de extitular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), cargo que desempeñó hasta el 29 de noviembre de 2012.

Moya Moya ha seguido la pista de ambos funcionarios y en entrevista con Proceso explica el origen de la denuncia: “Un día me avisaron que Genaro García Luna estaba metiendo patrullas Chrysler a una bodega por la carretera México-Pachuca. Fui, tomé fotografías de las patrullas y al investigar me encuentro con que antes de que se hicieran las bases para la licitación ya estaba recibiendo las unidades. Presenté la denuncia ante la contraloría de la PFP, pero nunca hizo nada”.

Señala que además, en noviembre de 2011, con recursos del Plan Mérida, García Luna adquirió tres helicópteros Black Hawk –valuados por pieza en 20 millones de dólares– en 45 millones de dólares cada uno.

La Secretaría de Marina adquirió otros tres en 28 millones de dólares cada uno. Ante sus fracasados intentos por exigir justicia en México, Moya Moya presentó su denuncia en Estados Unidos ante la Unidad de Fraude del FBI en términos de la Ley Anticorrupción en junio de 2013.

Entre las empresas que Moya Moya denunció ante el FBI están Nissan, Yamaha, Ford, General Motors, AMESA, Whelen, EADS, Digital Ally, todas las cuales son o han sido proveedoras de los gobiernos federal o capitalino: “Lo que hacen es llamar a la empresa, solicitan la información y revisan el costo del vehículo en la planta y el pedimento de importación. Ahí detectan el sobreprecio. El FBI determina el daño y fija una multa.