Monitor Sur
Madrid, España, 11 junio 2014.-Los diputados españoles dieron luz verde este miércoles, por amplia mayoría, a la abdicación del rey Juan Carlos, abriendo el camino a la próxima proclamación de Felipe VI, pese a los llamados a un referéndum sobre monarquía o república.
La ley fue aprobada por 299 votos a favor, 19 en contra y 23 abstenciones por los diputados, de viva voz y puestos en pie, en un procedimiento solemne y poco habitual pedido por algunos partidos pequeños contrarios a la monarquía.
Estos habían presentado cinco enmiendas para pedir que se decida por reférendum si se mantiene o si España vuelve a la república.
La cámara las rechazó por una amplia mayoría.
Las dos grandes formaciones españolas, el gubernamental Partido Popular (PP, derecha) y el opositor Partido Socialista (PSOE), que suman más del 80 por ciento de los escaños y contaron con el apoyo de algunos partidos pequeños, habían dejado muy claro su respaldo a la Corona.
“No estamos aquí para modificar los hechos, sino para subrayar con nuestra ley que en España contamos con una monarquía parlamentaria”, instaurada por la Constitución de 1978, aprobada por referéndum, había afirmado el jefe del gobierno, el conservador Mariano Rajoy, en el inicio de un debate de tres horas tramitado de urgencia.
“Debemos decidir sobre la abdicación y solamente sobre la abdicación” y no sobre “la sucesión del rey Juan Carlos I por su hijo el príncipe de Asturias”, subrayó el líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, después de haber llamado a cerrar filas a los diputados republicanos de su grupo, dos de los cuales rompieron la disciplina de voto.
El rey Juan Carlos, de 76 años, uno de los artífices del retorno de la democracia a España tras la dictadura franquista (1939-1975), pero con una imagen empañada en los últimos años por varios escándalos, sorprendió a todo el país al anunciar el 2 de junio su decisión de abdicar.
Su hijo, de 46 años, debe ser proclamado como nuevo rey Felipe VI en una ceremonia ante diputados y senadores, el 19 de junio, sin presencia de invitados extranjeros ni ceremonia religiosa, tras la aprobación el 17 de junio de esta ley por el Senado.
Pese a haber escapado a la caída de popularidad de su padre y de la monarquía, como otras instituciones en un país sacudido por múltiples casos de corrupción, el nuevo rey deberá conquistar su legitimidad como hizo Juan Carlos al impulsar la democracia tras su coronación en 1975 y frenar un golpe de Estado militar en 1981.
Con gritos de “¡España, mañana, será republicana!”, tras el anuncio de la decisión del rey, decenas de miles de españoles habían salido a las calles de todo el país, con la bandera roja, amarilla y morada de la Segunda República española (1931-1939). El miércoles, desde la tribuna se alzaron numerosas voces.
“La jefatura del Estado, un señor la va a heredar como si fuera una propiedad privada. ¿Y la ciudadanía qué opina?”, lanzó el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara. Y recordó a los republicanos muertos en la Guerra Civil (1936-1939) o exiliados durante el franquismo.
“Todos los menores de 56 años no votamos la Constitución, es decir, que los 34 millones y medio de ciudadanos que hoy tienen derecho a voto, más de 22 millones, el 64 por ciento, no pudimos decidir sobre el modelo de Estado”, subrayó Joan Baldoví, diputado del Bloque Nacionalista Valenciano, recordando que en 1978 la edad legal para votar era 21 años.
“La baraja está trucada, sólo salen reyes”, afirmó Sabino Cuadras, de la coalición independentista vasca Amaiur, que no participó en la votación. Los independentistas catalanes de ERC votaron “no” y los nacionalistas catalanes CiU y vascos PNV se abstuvieron, ilustrando las turbulencias territoriales a las que tendrá que hacer frente Felipe VI.
Rubalcaba llamó a los legisladores a “no desperdiciar ni la oportunidad política que hoy se nos abre, ni el impulso por la llegada de un nuevo rey” para llevar a cabo una próxima reforma constitucional que solucione problemas como el creciente independentismo en Cataluña, decidida a organizar el 9 de noviembre un referéndum de autodeterminación calificado de “ilegal” por el ejecutivo de Rajoy.
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