Ciudad de México, 18 de marzo de 2015 (Círculo Digital).-  Se lleva a cabo en el Senado de la República la discusión del dictamen de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El dictamen, avalado por las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda fue presentado al pleno por el senador Pablo Escudero (PVEM).

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) realizó propuestas de cambios a los artículos transitorios, mismos que serán presentados a la plenaria.

Al presentar el dictamen, Escudero, presidente de la Comisión de Anticorrupción, dijo que la nueva ley tiene “seis bastiones: el ciudadano, la transparencia, la rendición de cuentas, el derecho, la legalidad y la racionalidad constitucional, ahí centramos el estudio”.

Programa de organización

En tribuna la Mesa Directiva dio cuenta de un acuerdo con la Junta de Coordinación Política para determinar que cada cámara aprobará a más tardar el 30 de agosto de 2015 un programa de organización administrativo que deberá comprender, al menos, las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y organizacional de los grupos parlamentarios.

Así como las obligaciones de las cámaras y de los grupos parlamentarios en cuanto a sujetos obligados respecto a los recursos que a través de estos se asigna a los legisladores.

Aunque hasta ayer las comisiones habían acordado que no habría modificaciones, se hicieron estas modificaciones que incluyen también el tratamiento fiscal y presupuestal de los ingresos, prestaciones, apoyos y recursos que reciben los legisladores, incluidas las dietas.

Facultades

La Ley General de Transparencia dota de nuevas facultades al Instituto Federal de Accesos a la Información (IFAI) para obligar a que gobiernos federal y locales, congresos, sindicatos, partidos, fideicomisos, órganos autónomos y sindicatos transparenten la información de sus ejercicios.

Mientras la Corte dicte sentencia sobre la Controversia de quién puede abrir la información relativa a violaciones graves de derechos humanos, interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el IFAI podrá seguir ordenando que se publiciten averiguaciones al respecto.

El artículo 5 determina que “no podrá clasificarse como reservada aquella información que está relacionada con la investigación de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”.

Incluye un capítulo que obliga también a particulares que ejercen recursos públicos a transparentar su información.

Aquí, se determinó que los privados serán sancionados desde apercibimientos y multas que van de los 3,600 pesos hasta los 100 mil pesos y, en caso de la comisión de un delito, se presentará la denuncia de hechos ante la autoridad competente.

Excepciones

En tribuna el panista Javier Corral lamentó que los legisladores hayan establecido una zona de excepción y de impunidad jurídica para el Congreso.

Precisó que en el artículo 72 no se quiso avanzar para establecer a detalle los mecanismos que obligarían a ambas cámaras del Congreso a dar a conocer con toda especificidad el uso de los miles de recursos públicos que reciben cada año y a última hora los integrantes de las comisiones dictaminadoras introdujeron un artículo transitorio, el décimo tercero, en el que se diluye el compromiso de transparencia para el Poder Legislativo.

En ese transitorio, recalcó Corral, se da un plazo hasta el 30 de agosto para que el Senado y la Cámara de Diputados presenten un plan de reorganización administrativa y se establece que “las obligaciones genéricas y específicas que corresponden al Congreso de la Unión serán efectivas conforme se implementen esos programas de reorganización administrativa”.

Agregó que ello implica que podrá ser un año, dos o nunca y ello no prestigia al Congreso, que no aplica para sí las obligaciones que le impone a otros poderes, sino que actúa con manga ancha a su favor.

La ley general que hoy se discute debía aprobarse a más tardar el 7 de febrero pasado, en que venció el plazo de un año que previó la reforma constitucional en materia de transparencia. (Con información de Mileno, La Jornada y El Universal)