Agencias, Ciudad de México.- La mexicana Alejandra Juárez vivió dos décadas en Estados Unidos, se casó con un veterano de la guerra de Irak y tuvo dos hijas. Pero nada de eso la ayudó a evitar la deportación en 2018, durante la presidencia de Donald Trump. Después de haber pasado tres años en Mérida, ha podido regresar legalmente a Florida.

A Juárez le parece mentira levantarse cada mañana y ver las paredes verdosas de su cuarto o sentarse con su familia en la sala. 

“No me lo creía, ahora ya lo absorbí, es cierto, pasó y estoy aquí, no es un sueño”, expresó Juárez, de 42 años, que fue deportada tras haber ingresado ilegalmente al país en 1998. “Al principio me parecía que era una ilusión, pero todo es posible. Hay que tener esperanzas”.

El de Juárez no es el único caso. Inmigrantes que fueron deportados bajo la administración de tolerancia cero de Trump y vivieron en sus países de origen durante años han podido regresar a Estados Unidos en los últimos meses gracias a políticas más receptivas hacia los extranjeros por parte del presidente Joe Biden. 

El gobierno demócrata ha permitido que vuelvan un puñado de activistas, jóvenes estudiantes, veteranos de guerra y padres y madres cuyos casos de deportación tuvieron resonancia o fueron denunciados por grupos o comunidades. 

Aún así, el regreso de la mayoría no tiene carácter definitivo: llegan con un permiso humanitario temporal -a veces de sólo un año- que no les asegura la permanencia en territorio estadounidense. A poco de haber vuelto a abrazar a sus seres queridos, se ven obligados a luchar para poder quedarse.

Tampoco existe por ahora una política escrita o lineamientos generales para permitir el regreso de los deportados. Se trata más bien del análisis individual de algunas personas que solicitaron volver y de un programa establecido por Biden para permitir el regreso de veteranos de guerra que fueron deportados.

Tras entrevistas a los retornados, expertos y activistas, The Associated Press concluyó que quienes regresaron hasta ahora son unas pocas decenas de personas. 

“Estas historias son poderosas y hermosas porque son oportunidades para que estas personas se reúnan con sus familias y vengan a un país al que consideran su casa”, expresó Nayna Gupta, del National Immigrant Justice Center, un grupo que lucha por proteger los derechos humanos de los inmigrantes. 

Pero “lo que hemos aprendido de estos casos es que conlleva mucho trabajo y mucho apoyo por parte de un robusto equipo legal poder hacer que regrese la gente a su casa,” agregó Gupta.

Portavoces del gobierno estadounidense no respondieron de forma directa preguntas de AP sobre cuántas personas deportadas han regresado y por qué. Tampoco respondieron por qué se les otorga un permiso humanitario de sólo un año, ni consultas sobre casos específicos de migrantes retornados tras la deportación.

Juárez regresó a su casa de Davenport, en las afueras de Orlando, en mayo de 2021 con la ayuda de una abogada que vio una ventana de oportunidad en las políticas más flexibles de Biden.

Su caso era notorio porque en 2019 apareció en el documental de Neftlix “Living Undocumented”, sobre los inmigrantes que viven sin permiso en Estados Unidos. A partir de allí su hija Estela, que ahora tiene 12 años, fue invitada a grabar un video que se exhibió en la convención demócrata de 2020.

La mexicana llegó a Estados Unidos en 1998 escapando de la violencia en su país. Cruzó la frontera ilegalmente con la ayuda de un coyote, que le dijo que si era detenida por la patrulla fronteriza dijera que era ciudadana estadounidense. Así lo hizo, sin saber que esa mentira representaba un delito.

Recién lo supo en 2013 cuando un policía la hizo detener en una parada de tráfico y vio que tenía una orden de deportación. Fue colocada en un programa de supervisión hasta que en 2017 el gobierno de Trump le dijo que debía salir del país. En 2018 aceptó irse, a pesar de la intensa campaña de activistas y de los esfuerzos de un congresista demócrata para arreglar su situación migratoria.

En México su hija menor, Estela, la acompañó hasta que llegó la pandemia de coronavirus, cuando regresó a Estados Unidos con su hermana Pamela, de 20 años, y su papá, Cueuhtemoc “Temo” Juárez, de 45. Todos son estadounidenses, menos Juárez.

Claudio Rojas es otro de los que pudo regresar a Estados Unidos. 

El argentino, de 56 años, volvió en agosto de 2021 tras haber pasado dos años y medio en Buenos Aires después de su deportación. Pudo regresar porque su abogada solicitó una visa humanitaria al gobierno estadounidense y éste se la concedió. 

“La esperanza nunca la perdí y especialmente porque estábamos con la administración de Biden y veíamos que había un diálogo diferente… Ya no estábamos con la administración de Trump y a mi eso me daba más esperanza”, dijo Rojas desde su casa a las afueras de Miami, donde se ha reunido con su esposa y ha podido ver a sus dos hijos y dos nietos.

El argentino -que llegó por primera vez a Estados Unidos en el 2000 con una visa de turista que expiró poco después- es conocido porque inició una huelga de hambre durante su detención en 2012. La huelga captó la atención pública y, tras quedar libre, un cineasta realizó un documental sobre su experiencia y la de otros en el centro de detención.

Ahora pelea por quedarse en Estados Unidos ya que su visa humanitaria dura sólo un año. Su abogada pidió una extensión hace un mes.

Más de 935,000 inmigrantes fueron deportados en los cuatro años fiscales comprendidos entre 2017 y 2020, cuando Trump estuvo estuvo en el poder. Sin embargo, durante el gobierno anterior de Barack Obama las repatriaciones alcanzaron niveles récord, superando el millón de personas en los primeros tres años. 

Poder regresar a Estados Unidos tras ser deportado no es algo nuevo, aunque activistas han solicitado al gobierno de Biden la creación de una oficina en Washington que revise los casos de personas expulsadas alegando que merecen regresar porque fueron deportadas injustamente. Esa oficina, no obstante, aún no existe.

De una lista de 11 deportados presentada por el National Immigrant Justice Center en ese pedido a Biden al menos cinco volvieron, entre ellos Rojas. 

Lynn Tramonte, directora de la Ohio Immigrant Alliance, dijo que además de los deportados que han regresado con permiso humanitario hay personas que han vuelto debido a una petición de residencia permanente por la que esperaban desde hace años en sus países. 

Pero no todos los que podrían regresar aceptan las condiciones del gobierno estadounidense para volver.

Una de ellas es Yolanda Varona. La mexicana de 55 años fue deportada hace más de una década y podría haberse beneficiado de la misma visa humanitaria que Rojas y Juárez pero decidió no hacerlo. 

Un grupo sin ánimo de lucro la llamó y se la ofreció a fines de 2021, pero Varona aseguró que no puede regresar a Estados Unidos sólo por un año, sin permiso de trabajo y dejando en México al resto de las madres deportadas a las que ayuda a través de la organización que fundó en Tijuana, llamada Dreamer Moms. 

“Quiero pensar que voy a volver a Estados Unidos. Espero que Dios y el universo me ayuden a volver con mi hija pero de manera permanente, no por un año”, dijo Varona. 

Su compatriota Jesús López, en cambio, no dudó ni un instante. Después de vivir poco más de un año en Guadalajara a raíz de su deportación, el joven de 26 años obtuvo una autorización humanitaria de un año y regresó en agosto de 2021 con la ayuda de activistas que apoyan a inmigrantes en Chicago y que lograron también regresar a otro hombre y a una familia de cuatro, todos mexicanos.

“Creía que era un sueño”, aseguró López. “Otra vez ver a mi familia fue algo muy bonito. Regresé a casa, donde crecí”. 

López llegó a Estados Unidos a los nueve años junto a su familia, con visa de turista, pero se quedaron más tiempo del autorizado. En 2012 consiguió ampararse bajo un programa especial para jóvenes que fueron traídos de niños ilegalmente con sus padres, aunque no pudo renovar su protección por falta de dinero para presentar la solicitud. Fue deportado en 2020 porque se encontró marihuana en el auto en el que viajaba, una ofensa que no requiere prisión para los ciudadanos estadounidenses.

En Chicago, López había dejado a sus padres, su hermano y su abuela. 

“Estoy agradecida de haber regresado, pero hubiera querido que fuera permanente”, explicó Juárez. “El calvario sigue, no termina”.

Al igual que él, Juárez está feliz de haber vuelto. Ambos, sin embargo, enfrentan un futuro incierto.