Agencias, Ciudad de México.- A raíz de la detención en Estados Unidos del ex Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda y su posterior exoneración el pasado 14 de enero por parte de la Fiscalía General de la República, se han dado diversos cuestionamientos acerca de la culpabilidad o no del General, pero también acerca de la imparcialidad de la Fiscalía, ocasionado por la premura en cerrar la investigación y darla por concluida sin haberse explorado y desmenuzado todas y cada una de las líneas de investigación contenidas en la carpeta de investigación. Aunado a lo anterior el Presidente López Obrador, ha desestimado la investigación de la DEA acusando a esa Agencia de haber fabricado las pruebas contra el General, acusación por demás grave que va a dañar la maltrecha relación con Estados Unidos en temas de seguridad.

La investigación que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, no aporta los elementos suficientes para sustentar la acusación de culpabilidad en contra del General Cienfuegos, tiene inconsistencias, se aprecia fuera de tiempo y espacio, contiene información no verificada, no obstante no se puede afirmar que sea un invento o una fabricación, el expediente por sí mismo, comprueba que se cometieron diversas conductas delictivas por miembros de la delincuencia organizada y que podrían involucrar a servidores públicos y políticos con la organización criminal del Juan Francisco Patrón (a) H2, el cual recibía protección oficial de diversas autoridades, por lo que la Fiscalía General de la República debe de iniciar una nueva carpeta de investigación, derivada del desglose que realizó a la carpeta de Cienfuegos e investigar con sumo detalle todos y cada uno de los nombre contenidos en la investigación. Derivado de las descalificaciones a la investigación de la DEA, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, respaldo la investigación de dicha Agencia e incluso amenazó que podría reiniciar el proceso al General Cienfuegos, lo que implica el quiebre en la confianza mutua que debe de existir entre ambos Gobiernos en la lucha contra las drogas.

Hoy 20 de enero toma posesión como Presidente de Estados Unidos el demócrata Joe Biden, hombre de ideas conservadoras y actuar moderado, no se vislumbra que vaya a arremeter contra el Gobierno mexicano por la afrenta considerada así, por las agencias de seguridad estadounidenses, sin embargo la política de seguridad nacional de Estados Unidos, consta de principios claros e inmutables que no importa quien detente el poder, estos se ejecutan por el aparato gubernamental para apuntalar los intereses nacionales de Estados Unidos en materia de seguridad.

Los principales retos que enfrentará el Gobierno de AMLO, será continuar con el combate a las drogas y a los carteles del narcotráfico, entes generadores de violencia responsables de mas del 80% de homicidios dolosos cometidos en México y de la creciente distribución de drogas en Estados Unidos, también se planteara el control de los flujos migratorios masivos a través de las llamadas “caravanas migrantes”, que han sido ubicadas para introducir drogas y armas, aunque en un porcentaje menor, también se prevé se seguirá usando a la Guardia Nacional como patrulla fronteriza para lograr la contención de migrantes, a cambio; Estados Unidos otorgará el incentivo de una reforma legal que legalice a mas de 10 millones de indocumentados que radican en ese País, ahora bien, el punto neurálgico de la “nueva” relación bilateral, será la relacionada con la presencia de agentes de seguridad norteamericanos en territorio nacional con motivo de fallidas investigaciones por parte de la DEA en varios casos emblemáticos. La negociación versará por parte de la Administración Biden, la cual deberá otorgar las facilidades necesarias para continuar con las investigaciones en nuestro país, por parte del Gobierno mexicano aceptará su presencia siempre y cuando informen de las investigaciones que realicen en territorio mexicano.

Entre estas dos posturas, se impondrá la desconfianza histórica de Estados Unidos a la Policía y Fiscalía mexicana, que tendrá que ser negociada con prudencia y buenos oficios, propios de la Diplomacia mexicana, para construir una nueva relación en materia de seguridad con el Gobierno de Biden, que garantice la cooperación y lucha contra de los carteles de la droga que tanto daño le han hecho a amabas naciones.