México, DF, 10 de marzo 2015 (Círculo Digital).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF), a través del informe Gasto Federalizado, Desarrollo Regional y Deuda Pública Subnacional, señaló que la Ciudad de México en 2012 fue la entidad con mayor deuda pública en el país.

En el último año (2012) de gobierno de Marcelo Ebrard, se contrajo una deuda por 58 mil 773 millones de pesos y en 2013 alcanzó 62 mil 962 millones, lo que ha provocado, que sea una de las nueve entidades que ejerce más presión financiera. Mientras que para el 2014, el pasivo ascendió a 66 mil 881 millones de pesos, que ya representaba 44.3 por ciento de la entrada de recursos, pero hay casos más extremos.

En el apartado de Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios de la página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se señala que el adeudo de 2013 representó 41.7 por ciento de los ingresos totales de la ciudad.

Por ejemplo, el año pasado la deuda de Coahuila equivalía a 101.6 por ciento de su ingreso. En Nuevo León, la deuda era igual a 102.8 de sus retribuciones y en Quintana Roo equivalía a 104 por ciento. Los pasivos del Distrito Federal deberán pagarse a 19 años a una tasa de interés de 5.9 por ciento. En comparación, sólo Chihuahua tiene una deuda a más largo plazo: 20 años, mientras que la entidad que pagará la tasa más alta es Baja California, con 7.4 por ciento, y la más baja es Aguascalientes, con 4.2 por ciento.

Respecto a quiénes son los acreedores del gobierno capitalino, en el mismo apartado del portal se señala que el Distrito Federal debe 22 mil 805.5 millones de pesos a la banca privada y 21 mil 535.3 millones de pesos a la banca de desarrollo.

Otros 15 mil 540.7 millones de pesos de adeudos son emisiones bursátiles, es decir, certificados de deuda colocados en la Bolsa Mexicana de Valores, mientras que siete mil millones de pesos se le deben a “otros”, un concepto del que no se da ningún detalle.

La ASF explicó que 85.5 por ciento de las deudas de los estados y la capital tienen como garantía de pago los recursos federales, pero cuando pidió a la SHCP una evaluación de la evolución y riesgo de esos débitos, la dependencia respondió que no era competente en la materia.

Ante esta situación, la ASF recomendó aprobar un proyecto de decreto que reforme la Constitución y así la Cámara de Diputados emita leyes para garantizar el manejo sostenible de las finanzas públicas en todo el país, además, sugirió que se generen normas jurídicas para regular los sistemas de registro de deuda pública de las entidades. (Con información de Excélsior)