El comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en Michoacán, Alfredo Castillo dijo que ya no se paga derecho de piso que era una costumbre en los últimos años, como resultado de la reducción de los delitos de secuestro y extorsión.
Al definir que el problema de Michoacán más que de inseguridad pública es de conflictividad social, el comisionado dijo que éste ahora “es muy distinto a lo que era hace un año” porque, con excepción de tres actores de Los Caballeros Templarios, “su estructura está desmantelada”.
En comparecencia en San Lázaro, el funcionario afirmó que la entidad “no tiene hoy camiones ni tomas cuando se detiene a un líder delincuencial”, mientras el trabajo de la Procuraduría de Justicia se ha triplicado para alcanzar en el periodo de trabajo que se informa a 9 mil ingresos en prisión.
No podemos hablar de que existe un estado fallido cuando se logró que 38 personas se entregaran de manera voluntaria para enfrentar un proceso penal que en 15 días estaba clarificado”, señaló el exsubprocurador de la República.
Enfatizó que actualmente Michoacán ocupa el lugar número 25 dentro de las 32 entidades federativas en materia de incidencia delictiva.
Dijo que se convirtió en “el segundo estado que en tiempo récord colocó a todos sus secuestradores en un solo penal”.
Castillo expuso que sus señalamientos se sustentan en cifras del Inegi y en el testimonio de los empresarios limoneros y aguacateros, así como de la Coparmex, respecto a que en la entidad:
En el inicio de la comparecencia en la Cámara de Diputados, el comisionado federal retó:
Quienes digan que la situación es diferente, les pido que nos den los números de investigación y de denuncia para que puedan ser investigados”, porque “el secuestro y la extorsión son cosa prácticamente del pasado, si tomamos en cuenta en consideración que lo hemos llevado a su mínima expresión”.
La oposición cuestiona en respuesta que la realidad no se sostiene. “Es usted el virrey de Michoacán y la gente quiere que se vaya”, le dijo la diputada del PT Lilia Aguilar, quien le pidió una autocrítica.
En tanto, en representación del PAN, el diputado Fernando Rodríguez Doval, expuso que la propia figura del comisionado federal en Michoacán no tiene sustento legal.
