Ciudad de México, México, 12 de marzo de 2015 (Círculo Digital).– Expertos de diversas áreas y universidades explicaron que la iniciativa de Ley General de Aguas, aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados “no reúne la esencia del Artículo 4º Constitucional y de tratados internacionales en materia de Derechos Humanos”.

Por esta razón no sólo cuestionan cada uno de los artículos, sino que se oponen “rotundamente” a toda la Ley.

La Ley General de Aguas, explicaron, no sólo excluye la opinión de especialistas en el tema, sino que además condiciona la investigación científica del vital líquido en el país.

Miembros de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), integrada por expertos de distintas casas de estudio, declararon que no fueron llamados para opinar sobre la iniciativa de ley.

Efectos contrarios

La comunidad científica prevé algunos efectos contrarios de la iniciativa: “es que a la academia se le va a pedir un permiso para el monitoreo y estudio del agua. Eso, lo que condiciona, es qué tipos de estudios se van a permitir, cuáles no se van a permitir. A eso se van a enfrentar las universidades y académicos; pero, ¿qué pasa en el caso de las comunidades que también hacen estudios de monitoreo de autogestión?”, cuestionó el doctor Omar Arellano Aguilar, académico del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Una gran parte de científicos del país ha expresado su preocupación. Nosotros también estamos preocupados desde la UCCS, por eso pedimos que se abra el debate. Muchos colegas han alertado que esta ley no es la que requiere el país”, agregó.

El Artículo 147 de la Ley General de Aguas estipula que “los interesados en realizar obras de exploración, estudio, monitoreo, reinyección y remediación en acuíferos sobreyacentes y subyacentes o en bienes nacionales a que se refiere esta Ley deben solicitar permiso a la Comisión (Conagua) en los términos que establezca el Reglamento, así como los criterios técnicos y ambientales que determine la autoridad competente”.

“Se limita incluso el hecho de investigar si un río está contaminado”, destacó Arellano Aguilar.

La entienden y la rechazan

El doctor Arellano y los investigadores Fernando Córdova Tapia, Shanty Daniela Acosta Sinencio, todos miembros de la UCCS, recordaron que los legisladores aplazaron la discusión del dictamen de la Ley General de Aguas para explicar las dudas, pero “nosotros no necesitamos que nos expliquen, la entendemos por completo y desde la academia la rechazamos como está. Necesitamos una ley nueva donde exista el debate y la discusión”, dijeron.

“Todo lo quieren aprobar fast track, por eso no dan pie a que organizaciones o expertos comenten, analicen. Necesitamos que se haga con más tiempo. Partimos de la idea que necesitamos una nueva ley e incluir a más organizaciones y opiniones”, expresó el biólogo Fernando Córdova.

Al mejor postor

Por su parte, Elena Burns, integrante de la organización Agua Para Todos, aseguró que los diputados crearon una ley que intenta favorecer el consumo de agua al mejor postor.

“No es nada nuevo. El año pasado Miguel Ángel Mancera (el Jefe de Gobierno de la capital) propuso una ley exactamente igual, pero la frenamos y ahora, desde la sociedad, tenemos la capacidad de proponer la ley que México necesita. Porque aquí quieren imponer el consumo de 50 litros por persona cuando muchas personas no tienen el dinero para pagarlo, entonces lo que quieren es dar el agua al mejor postor”, dijo la activista.

Julio César Cervantes, de la Central Campesina Cardenista (CCC), informó que la Ley de Aguas podría afectar aún más el campo mexicano y sobre todo a pequeños productores.

“La Conagua y la Sagarpa van a aprobar quién y cuánta agua van a distribuir. Todos deben presentar un proyecto para que se les otorgue agua. Entonces, le van a dar mayor agua a las grandes empresas porque van a distribuir mayor cantidad de alimentos, pero a los pequeños productores que trabajan con sistema de riego no. Se les estará quitando su derecho al agua”, afirmó.

La investigadora Shanty Daniela Acosta aseguró que la ley que se propone beneficia al sector minero, industrial y favorece a los megaproyectos por encima de la población, en particular “tendrán toda la prioridad proyectos como fracking, como minas, como hidroeléctricas, sin tanto trámite. De pronto, los que frenamos estos trámites somos la sociedad civil porque la Conagua facilita”, aseveró Acosta.

Cordova dijo que “se le va a dar más poder y preferencia a la explotación privada que a las comunidades. Entonces va a haber más problemas sociales por el conflicto del agua”, refirió.

Recolectaron firmas

Grupos civiles entre los que están la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Coalición Agua Para Todos, recolectaron 11 mil 502 firmas de profesores, estudiantes, científicos, amas de casa y demás interesados que mostraron su preocupación ante el Dictamen por el que se expide la Ley General de Aguas.

Entre las principales demandas está que la Cámara de Diputados y el Senado abran un debate público en el que se expongan las posturas de investigadores y la sociedad en general.

Los firmantes destacaron que se promueve la privatización del agua al considerarla un bien económico, por tanto discrimina y priva derechos humanos a sectores desfavorecidos, promueve el desplazamiento de personas y la muerte de ríos.

La Unión de Científicos Comprometidos adelantó que ya tiene una contrapropuesta a la Ley que se discute, en la cual participaron 450 expertos y 30 organizaciones, y la harán llegar al Legislativo.

Demandan abrir un foro para exponer sus propuestas y enriquecer la ley.

Artículos polémicos

Especialistas de universidades de Jalisco y diversas agrupaciones civiles informaron de algunos artículos polémicos de la Ley General de Aguas que se encuentra en discusión:

Restringe el derecho humano al agua. Lo deja en 50 litros (Artículos 10 y 49)

Permite a particulares trasvases directos (Articulo 116)

Permite concesiones de megaproyectos hidráulicos (Artículos 129 y 132)

Permite la contaminación de ríos “siempre que no rebasen la capacidad de asimilación” (Artículo 142)

Permite el uso de la fuerza pública para ejecutar obras de Conagua (Articulo 263)

Se permite el despojo de comunidades que se opongan a hidroeléctricas (Artículo 126, 127, 129)

Obstaculiza el estudio científico del Agua (Artículo 262)

(Con información de sinembargo.mx e informador.mx)