Agencias

Miami, EU, 31 agosto 2017.-La extradición del expresidente panameño Ricardo Martinelli a su país por cargos de espionaje fue confirmada este jueves por el juez de la Corte del Distrito Sur de Florida, de Estados Unidos, Edwin Torres, quien falló en la tarde a favor de su regreso a Panamá.

“Se ordena y aprueba que la moción del gobierno para que se certifique la extradición del presidente Martinelli sea concedida”, escribió el juez federal, según muestran documentos judiciales.

Detenido desde el pasado 12 de junio en la prisión federal de Miami, “el rey de los supermercados 99” es requerido en su país por el delito de escucha ilegal telefónica, bajo el cual violó la intimidad de unas 150 personas entre 2012 y 2014.

Según los expertos, muchos son los escenarios en que se movió este caso de alto perfil, en el cual el exmandatario trató de convencer al juez estadounidense con una millonaria suma de dinero para que le otorgara una medida distinta a la detención preventiva.

Pero en este largo camino de pro y contras, los abogados de Martinelli presentaron ante la CSJ un amparo de garantía alegando violaciones al debido proceso de extradición.

La defensa sostuvo que el empresario quedó en “estado indefenso” después que se incorporó en el expediente la declaración de Ismael Pittí, exfuncionario del Consejo de Seguridad y único testigo que señala en forma directa al expresidente como autor intelectual de las escuchas.

Sin embargo, los funcionarios del Departamento de Estado de EEUU que recibieron y enviaron el documento a la Corte declararon, bajo juramento, que el mismo se incorporó al expediente respetando el debido proceso.

De acuerdo con el excanciller Jorge Eduardo Ritter, la decisión traerá consecuencias para las relaciones entre ambos países, porque como ha expresado la CSJ no se trata de una solicitud de extradición cualquiera, y de no ocurrir habrá un pase de factura, acotó.

Martinelli está acusado de cuatro delitos, por los cuales Panamá solicitó en septiembre de 2016 su extradición: contra la libertad individual, interceptación de las comunicaciones sin una autorización judicial y dos más de peculado por el uso de fondos públicos.