Agencias

Washington, EU, 20 marzo 2018.-El Gobierno estadounidense continuó hoy sus ataques contra Venezuela mediante la imposición de sanciones económicas a cuatro funcionarios, antiguos y actuales, de la administración del presidente Nicolás Maduro.

A la lista de más de 50 castigados, que incluye al propio jefe de Estado venezolano, se adicionaron Américo Mata, William Antonio Contreras, Nelson Lepaje y Carlos Rotondaro.

Según el Departamento norteamericano del Tesoro, las medidas implican la congelación de los activos de los sancionados en Estados Unidos y la prohibición a los estadounidenses de hacer transacciones con ellos.

Dicha entidad acusó a los últimos afectados de malos manejos económicos y de realizar actos de corrupción.

Este lunes también, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para prohibir todas las transacciones con cualquier moneda digital emitida por el Gobierno venezolano, en alusión al denominado Petro.

Trump justificó haber tomado tal decisión por recientes medidas de Caracas para enfrentar las sanciones en su contra.

Por su parte, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó las nuevas agresiones contra el país suramericano.

En rueda de prensa, Cabello criticó el decreto de Trump y aseveró que las autoridades de Washington carecen de una política diplomática con respecto a Venezuela y todas sus acciones obedecen a una actitud guerrerista.

Respaldado por los recursos energéticos nacionales, el Petro permitirá al Estado venezolano romper con el monopolio del dólar en el ámbito comercial internacional y vencer el bloqueo financiero asociado a los ataques económicos de Washington y sus aliados.

Fuentes gubernamentales venezolanas indicaron que el proceso de preventa de dicha moneda digital generó ofertas por más de cinco mil millones de dólares desde el comienzo de sus operaciones el último 20 de febrero.

El Gobierno de Maduro creó esta criptomoneda como una alternativa de fuente de ingreso de divisas para garantizar los pagos de los bienes importados por el país, además de un mecanismo para estabilizar el sistema financiero.