Redacción

Ciudad de México, 13 diciembre 2016.-El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir la investigación sobre el supuesto enfrentamiento ocurrido en Tanhuato, Michoacán, en mayo del 2015, donde murieron 42 civiles.

El INAI acordó respaldar la petición de un ciudadano, quien pidió a esa dependencia las versiones públicas de los policías federales que participaron en esos hechos, las pruebas de balística y los documentos entregados por la Policía Federal y la Defensa sobre ese acontecimiento.

La Procuraduría respondió que dicha información es reservada, pues su difusión obstruye la persecución de un delito e interfiere en el trabajo del Ministerio Público.

Sin embargo, el comisionado Mauricio Guerra, quien expuso el tema en la sesión de este martes, aseguró que sí es procedente el acceso a esos datos, pues se trata de violaciones graves a los derechos humanos.

Además, consideró, este caso cobra vital relevancia porque se trata de privación de la vida, tortura, trato cruel e inhumano, manipulación del lugar de los hechos, de cadáveres y elementos balísticos, así como del uso excesivo de la fuerza, y evidencian la participación del Estado en un acto que no resulta aislado.

Esto, agregó, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado otros casos similares, como el de Tlatlaya, Estado de México, y Apatzingán, Michoacán.

“Dicha Comisión pidió a las autoridades mexicanas medidas para garantizar que todas las autoridades policiacas y las fuerzas militares estén sujetas a sistemas eficientes de rendición de cuentas, que incluyan sistemas internos y externos de supervisión”, agregó.

“Ante las violaciones ya referidas, es que el INAI debe garantizar el acceso a la documentación, pues con ello contribuye no sólo a garantizar el acceso a la información pública, sino también abonar al derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño y a la construcción de un Estado en el que se proteja y se garanticen los derechos humanos y se evite repetición de actos que incentivan cada vez más la violencia en el País”.

El 22 de mayo de 2015, la Policía Federal informó de un enfrentamiento con supuestos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Sin embargo, meses después, diversas dependencias y organismos informaron que los policías mataron a los civiles cuando se encontraban dormidos, manipularon la escena del crimen y emitieron versiones falsas sobre los hechos.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) afirmó que, ante el número de desapariciones en el país, la Procuraduría General de la República (PGR) debe transparentar el programa de recompensas para localizar a personas.

Deben dar a conocer la lista de desaparecidos

De acuerdo con el comisionado Joel Salas se tiene el registro de 29 mil desapariciones en el país en los últimos 10 años, por lo que el Gobierno federal debe inyectar confianza en los ciudadanos sobre las acciones que realiza en ese rubro.

El INAI revocó en la sesión de hoy la respuesta de PGR para no entregar detalles del programa de recompensas, donde omite datos sobre número de compensaciones que ha pagado por información útil para localizar a desaparecidos, cifras de ciudadanos localizados y acuerdos concretos en Veracruz.

La dependencia aseguró que de 2013 a la fecha 300 personas catalogadas como desaparecidas en averiguaciones previas fueron encontradas, y añade que 90 personas fueron halladas con vida.

“Miles de familias desconocen dónde están sus seres queridos y este escenario nos obliga a reflexionar sobre lo que haremos o las acciones necesarias para conocer el paradero de cada una de estas personas”, expuso Salas.

Agregó que a los miles de desaparecidos deben sumarse cientos de migrantes que han perdido la vida al cruzar el territorio nacional.

“Las autoridades requieren de la cooperación de la sociedad, pero para esto deben dar certeza de la efectividad del programa de recompensas y la información pública es crucial para demostrarlo”, apuntó el comisionado.