Agencia / MonitorSur / Ciudad de México.- En los últimos 32 años, 16 mil 91 servidores públicos fueron sancionados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) con multas económicas que alcanzan 28 mil 164 millones de pesos por incurrir en faltas administrativas en el ejercicio de sus responsabilidades.
Las multas van desde 1 peso a 1 mil 875 millones de pesos, con un promedio de 1 millón 750 mil pesos.
De acuerdo con un análisis realizado por Milenio DataLab a una base de datos abierta con 159 mil casos que van de 1983 a mayo de 2015, fueron sancionadas mil 402 personas con multas superiores a 1 millón de pesos y 331 con sanciones superiores a 10 millones de pesos.
Si los servidores públicos sancionados destinaran el salario que percibían al momento de su amonestación tendrían que destinar cada uno de sus sueldos en el menor de los casos por 217 años y en el otro extremo, 8 mil 223 años.
De acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la información relativa al registro y cobro de los créditos fiscales es reservada, por lo que no se puede saber si estos deberes para con la hacienda pública fueron liquidados.
Milenio DataLab buscó entrevistas con personal de la SFP y del SAT. Ambas solicitudes fueron rechazadas.
Un mundo de multas
El funcionario con la multa más alta registrada en este periodo tardaría mil 400 años en liquidarla utilizando todo su salario mensual. Se trata de Enrique Alejandro Rivas Zivy, fiduciario especial de l Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), sancionado en 2011 por fraude en perjuicio de los extintos Ferrocarriles Nacionales (Ferronales). Fue multado por 1 mil 875 millones de pesos, destituido e inhabilitado por 10 años en el servicio público.
El monto es tan alto que éste representa 4.5 veces el último presupuesto (2001) de Ferronales antes de la declaración de su liquidación, a precios de 2015.
Las multas competentes de otros casos de funcionarios públicos sancionados alcanzan desproporciones parecidas, como los reflejan casos en Telégrafos de México (Telecomm) y en Súper ISSSTE, donde hay multas equivalentes al 197.68% y 60.31% de su últimos presupuestos, respectivamente.
Pago de multas incierto
La Ley Orgánica de la Administración Pública, faculta a la SFP ?antes Contraloría General de la Federación y Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo? para investigar y sancionar las conductas de los funcionarios que puedan constituir responsabilidades administrativas para luego turnarlas a la Tesorería de la Federación encargada de realizar el cobro.
De acuerdo con el segundo informe de labores de la SFP, tan sólo en 2013, la SFP registró 14 mil 905 sanciones administrativas en las que estuvieron involucrados 12 mil 651 servidores públicos de la Administración Pública Federal que incurrieron en faltas administrativas en el ejercicio de sus responsabilidades.
Del total de medidas sancionatorias fueron 2 mil 614 inhabilitaciones, 3 mil 299 suspensiones, 346 destituciones y se aplicaron 8 mil 4 amonestaciones, entre públicas y privadas, según el documento.
Además, se impusieron 642 sanciones económicas por 1 mil 591 millones de pesos turnadas a la Tesorería de la Federación para su cobro.
En 2011, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recuperó únicamente 0.03% de los 5 mil 459 millones 643 mil 100 pesos de las sanciones económicas impuestas, según el la última auditoría a la gestión sancionatoria de la SFP.
Los resultados de esta pesquisa mostraron riesgos en la capacidad de recuperación de los créditos, entre ellos, la duplicidad en el Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS), originados por las autoridades responsables de su captura, retraso en el envío de información al SAT por parte de las autoridades responsables de emitir sanciones administrativas y económicas.
El órgano fiscalizador evidenció la falta de coordinación entre la SFP y el SAT para realizar los cobros así como la pérdida de los casos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal por fallas simples como no incluir en la demanda el lugar en el que ocurrieron los hechos y la falta de seguimiento que permite que los casos prescriban.
La revisión incluyó 37 expedientes de 2011 en los que la ASF encontró sanciones administrativas por 459 millones de pesos que fueron impugnados y ganados por los funcionarios en los tribunales.
En 87.5% de los casos, los expedientes presentaron omisiones en el registro de datos como daño ocasionado, fecha de inicio, puesto del denunciado, fecha de inscripción en el registro de servidores públicos sancionados, número de crédito fiscal y monto.
En 27 casos, el expediente no tuvo ningún tipo de movimiento desde 32 días hasta 3 mil 928 días porque el SAT no registró las gestiones realizadas tendientes a recuperar los créditos, en otros, el órgano interno de control no presentó copias certificadas del expediente.
Con información de “NOTICIAS MEXICANAS”
