La vicecoordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna advirtió que con la “renovada” versión que presentó la PGR sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre, el Gobierno Federal pretende cerrar el expediente de Iguala. Con ello, limitar la actuación de los expertos internacionales, pretendiendo demostrar que México tuvo la capacidad de resolver el caso, aunque su versión sea insostenible, parcial y claramente insuficiente, agregó.
“En dicha conferencia, el procurador pretendió atajar algunas de las muchas dudas que se ciernen sobre los hechos y sobre la investigación entorno a esos lamentables sucesos; sin embargo, únicamente se centró en ‘fortalecer’ la hipótesis que desde el mes de noviembre ha pretendido presentar como la ‘verdad histórica’ de los hechos, en la que se les concede plena veracidad a la versión de los presuntos sicarios”, afirmó.
Esta nueva conferencia de prensa aporta información distinta que permite desprender más dudas sobre estos mismos hechos, y que ni antes ni ahora, la PGR ha tenido la capacidad de responder y de clarificar frente a los familiares de las víctimas y frente a la sociedad en general, aseveró en un comunicado.
Recordó que la PGR sustenta sus hipótesis fundamentalmente en “testimonios” de los presuntos participes en dichos hechos violentos; carece de pruebas periciales y científicas en relación a la mecánica en la que sucedieron los hechos, los automóviles utilizados para cometerlos, grabaciones de video de comercios u oficiales que lo corroboren, dictámenes en criminalística que clarifiquen como pudieron haber sido “capturados” todos los estudiantes, dictámenes de rastreo hemático, entre otras, que permitirían dar mayor certeza a esta versión.
Por ejemplo, dijo, hoy se señaló que una de las pruebas científicas es la de “balística” realizada en el basurero de Cocula, donde se encontraron diversos cartuchos percutidos “lo que corrobora la versión de que en ese lugar fueron asesinados los estudiantes, como lo señalan los testigos”, a pesar de que no se cuenta con ningún cuerpo para poder hacer la confronta del cartucho con la bala percutida, por lo que dicho examen pericial carece de todo valor.
Refirió que en la misma narración de la PGR desprendida de los testimonios de los presuntos sicarios “todos los estudiantes los juntaron en la Loma del Coyote, para de ahí llevarlos al basurero de Cocula”, siguiendo esta misma versión se señala que los estudiantes los concentraron en 2 grupos uno de aproximadamente 16 y el otro de 30, el primer grupo fue bajado del tercer autobús ubicado en Periférico Norte en el ataque de las 9:40 del 26 de septiembre y trasladado a las instalaciones de la policía municipal.
“Del segundo grupo no se informa nada, ni como fueron capturados, ni como fueron trasladados a la Loma del Coyote, simplemente se señala que ‘iban en una camioneta de 3.5 toneladas acostados unos sobre otros’, sin que la autoridad tenga la capacidad de explicar la forma y la mecánica en la que fueron trasladados al supuesto lugar donde fueron asesinados”, sentenció.
A decir de la senadora, las interrogantes más complejas surgen de lo que no dice la PGR en su versión “oficial”, por ejemplo, omite de la historia y de los hechos de esa noche el ataque ocurrido al cuarto camión de los normalistas sobre la carretera federal Iguala-Chilpancingo a la altura del crucero de Mezcala, a pesar de que en dicho autobús viajaban varios de los estudiantes normalistas que hoy se encuentran desaparecidos y de que el autobús presentaba varios impactos de bala y huellas de sangre en su interior.
“Omite también hacer una investigación profusa sobre la presunta infiltración del crimen organizado al interior de la escuela de Ayotzinapa, y sólo deja ‘entrever’ que 3 de los estudiantes que se encuentran desaparecidos se encontraban como ‘infiltrados del Cártel de los Rojos’, sin que aporte, analice o presente más información al respecto, por lo que esa aseveración, de nueva cuenta abre más interrogantes a la investigación, pero sobre todo, da un giro a la historia oficial, ya que ahora se pretenderá criminalizar a las víctimas y colocarlas como los responsables de los hechos por su presunta participación en la delincuencia organizada”, aseveró.
Padierna Luna lamentó que la actuación del Gobierno Federal ante los hechos ocurridos en Iguala, no sea congruente con el discurso que se presenta ante los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y las familias de los normalistas desaparecidos.
“Por un lado, el Procurador afirmó durante la conferencia de prensa que los resultados de sus investigaciones constituían la ‘verdad histórica’: los normalistas fueron asesinados y posteriormente calcinados.
Sin embargo, por otra parte, el Gobierno federal suscribe un acuerdo de cooperación técnica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y destina un millón de dólares para que un grupo de expertos internaciones realicen planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos”, asentó.
