(((Monitor Sur))) Lunes 25 de Mayo de 2015

Ciudad de México.- A fuerza de golpes, patadas y empellones, la protesta organizada por el Consejo Mexicano de Publicidad Móvil y sus 40 afiliados, se vio interrumpida antes de iniciar debido a las amenazas y uso ilegal de la fuerza por parte de 70 granaderos quienes detuvieron la caravana de 50 vehículos antes de que se incorporaran a Calzada de Tlalpan, coartando así el derecho constitucional a la libre manifestación.

La movilización tenía como meta llegar al Zócalo de la Ciudad de México para exigir al gobierno de Miguel Ángel Mancera espacios de diálogo y negociación toda vez que en los últimos tres meses las empresas dedicadas a la publicidad sobre automóviles han sido víctimas de constantes detenciones, así lo denunciaron Arturo Marín, Susana Herrera, Marco Antonio Arellano y Salomón Alcalá, presidente del Consejo Mexicano de Publicidad Móvil.

En este sentido, explicaron que la nueva Ley de Movilidad tiene múltiples vacíos legales en cuanto a la publicidad sobre automóviles, lo que ha dado pie a detenciones que ocurren de forma arbitraria sin ofrecer mayor explicación a los conductores de dichos vehículos. El número de vehículos detenidos ya llega a 200.

Arturo Marín denunció que las autoridades del Instituto Nacional de Verificación Administrativa (INVEA) y de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) han estipulado multas estratosféricas, de hasta a 40 mil pesos por unidad para poder retirarlas del corralón.

Siguiendo una línea similar, en esta ocasión la movilización de publicistas fue violentamente reprimida por los representantes de la Secretaría de Seguridad Pública quienes amagaron a los manifestantes con llevarse 6 vehículos particulares al corralón para permitirles realizar la movilización, sin embargo, tras llevarse los vehículos las autoridades no permitieron que la marcha iniciara su camino, es decir se llevaron los 6 vehículos y no les dieron oportunidad de manifestarse.

Los conductores de los vehículos publicitarios, en mayoría hombres y mujeres de la tercera edad, resultaron golpeados, agredidos y estafados por las autoridades; no obstante, amagaron con continuar la movilización hasta obtener una respuesta por parte de las autoridades del transporte de la Ciudad de México.