Juan Pablo Penilla Rodríguez: Para el 82 % de los ciudadanos, el lenguaje y los procedimientos de la justicia son excesivamente complicados y difíciles de entender, según recoge el barómetro de Metroscopia publicado en 2005 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta es la queja que muchos de ellos hacen llegar a su servicio de atención al ciudadano, especialmente en procedimientos en los que no es necesaria la asistencia de un letrado.

Resulta paradójico que resoluciones judiciales que anulan contratos por “ilegibles” o “incomprensibles” sean, en muchos casos, oscuras y crípticas para los interesados. No obstante, algo se ha mejorado. Algunas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en la década de los ochenta agrupaban en un mismo apartado hasta siete fundamentos (que ocupan 77 líneas y 1.172 palabras), encabezados con un único “Resultando”.

Por otro lado, más allá de la utilización de terminología jurídica propia, no son pocas las resoluciones que abusan de expresiones arcaicas o latinismos. Así, por ejemplo, la Audiencia Nacional en 2004, se refería a la “vexata quaestio, esta vez máxime vexata” para referirse a una cuestión muy controvertida en un litigio sobre negociación colectiva. Esto era debido a “la embolatada [enredada] prueba, de una contrafectualidad evidente, que bien podría, de no ser analizada desde sus raíces, atollar [obstruir] el procedimiento a la vista”.

La necesidad de promover la utilización de un lenguaje claro y comprensible en el mundo del Derecho impulsó un movimiento que en nuestro país cristalizó con la creación de una Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico en 2009. Fruto de su trabajo fue la redacción de un informe que incluye una serie de recomendaciones tanto para profesionales como para instituciones y periodistas. Todos estos comunicadores deben comprometerse a hacer realidad el derecho a entender del ciudadano. Un reto que ha retomado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que lo ha incluido en el Plan Justicia 2030
Formación lingüística

“Escribir de manera clara no es algo que se aprende de un día para otro”, afirma Estrella Montolío, catedrática de Lengua Española y experta en comunicación. Como formadora de futuros jueces en la asignatura Redacción de resoluciones, ofrece una visión práctica del problema.

Es consciente de que, cuando ingresan en la escuela, los jueces llevan años estudiando en textos de un estilo farragoso, explica, y aquí “les pedimos un esfuerzo para que abandonen determinados hábitos o rutinas”. Según su experiencia, una vez que automatizan las técnicas y están seguros de que el rigor jurídico no está en juego, se sienten más satisfechos y felices con los escritos que elaboran. En realidad, explica, no se trata de no usar la terminología específica (que es necesaria), sino de emplearla de forma comprensible, traduciendo su significado o sustituyendo expresiones poco frecuentes o latinismos por otras más habituales para el ciudadano medio. Por ejemplo, en vez de utilizar la locución prepositiva formal “a los efectos de”, usar “para”.
Corta y pega

Los jueces también rechazan demandas porque los textos son excesivamente largos y farragosos. El año pasado, la Audiencia Provincial de Madrid decidió limitar a 25 folios los escritos de recurso de apelación.

Según defiende la abogada y profesora de Derecho Rosana Pérez, los letrados tienen que esforzarse en presentar escritos claros, sencillos y breves. Evitar el corta y pega de fragmentos de sentencias que no tienen que ver con el hilo argumental principal es una de las soluciones a este problema. “Al juez le tiene que quedar claro lo que estamos pidiendo”, explica. Del mismo modo, los clientes tienen que poder comprender los contratos que firman, especialmente en el mundo online. La falta de información y los textos confusos crean “rechazo y desasosiego” y, además, tienen consecuencias prácticas: los litigios por las cláusulas suelo, IRPH, etc.
Indescifrable

La Administración también envía papeles indescifrables a los ciudadanos. La recepción de una simple multa de tráfico puede causar más de un quebradero de cabeza. Para mejorar esta experiencia, el Ayuntamiento de Madrid cambió en 2018 sus modelos de multas, utilizando un formato más visual y un lenguaje más sencillo.
Derecho a entender

Sentencias. La Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia aprobada en 2002 dice que las resoluciones tienen que redactarse de tal forma que sean comprensibles por sus destinatarios. Las oficinas de prensa de los tribunales suelen acompañar un resumen del contenido de las más relevantes en un lenguaje más claro.
Notificaciones. El ciudadano tiene derecho a que las notificaciones contengan términos sencillos. Se debe evitar el uso de elementos intimidatorios innecesarios.

Leyes. Existe un derecho a conocer el contenido actualizado de las leyes españolas y de la Unión Europea. Su desconocimiento no exime de cumplir con ellas. Sin embargo, solo en 2019, se publicaron 3.582 normas estatales, 7.604 autonómicas y municipales, y 1.539 europeas. Las leyes también pueden resultar contradictorias y generar confusión. Después de la sentencia europea sobre el IRPH, hay juristas que han vuelto a reclamar una reforma urgente de una ley de 2013 porque introdujo una regulación transitoria de este índice de referencia que ya no tiene sentido.

Contratos. Los varapalos judiciales a la banca por incluir cláusulas oscuras en sus contratos evidencian la necesidad de modelos más claros. El legal design es un método que pretende revisar estos documentos, usando un diseño más visual e intuitivo y utilizando un lenguaje más comprensible