MonitorSur/Ciudad de México- Diversos estudios advirtieron al Gobierno de Donald Trump sobre lo costoso que resultaría para el propio Estados Unidos imponer aranceles a los autos y sus partes, aunque apuntaron que el más perjudicado resultaría México.
Por una parte, el Instituto Peterson para la Economía Internacional (PIIE, por sus siglas en inglés) estimó que de aplicar 25 por ciento a las importaciones de vehículos ligeros y pesados, la Unión Americana perdería en principio 195 mil empleos del ramo automotriz, y si hay represalias el impacto sería de hasta 624 mil.
Ese daño se daría porque la producción del sector automotriz caería en principio 1.5 por ciento y la de autopartes casi 2 por ciento, en un periodo de uno a tres años.
“(Pero) si otros países toman represalias en especie con aranceles sobre los mismos productos, la producción caerá 4 por ciento, se perderán 624 mil puestos de trabajo en Estados Unidos, 5 por ciento de la fuerza de trabajo en las industrias automotriz y de piezas”, sostuvo el PIIE.
Por separado, la firma LMC Automotive señaló que el arancel podría costarle a la industria automotriz estadounidense entre un millón y dos millones en ventas de unidades anuales de vehículos.
Además el PIIE estimó que entre todos los socios del mundo que le venden a Estados Unidos vehículos, México sería el más afectado con el arancel por ser el que más le exporta de esos productos.
Datos de la Administración de Comercio Internacional de la Unión Americana (ITA, por sus siglas en inglés) muestran que el año pasado México le vendió a su vecino del norte 110 mil 842 millones de dólares en vehículos de pasajeros, camiones y autopartes, muy por arriba de lo que le exportó de estos productos el segundo lugar, Canadá, con 60 mil 671 millones.
Eugenio Salinas Morales, coordinador por México del Cuarto de Junto en las negociaciones del TLC, señaló que la iniciativa de la Administración Trump de poner el arancel a la industria automotriz “por temas de seguridad” no debería ser factible, de acuerdo a las reglas de comercio internacional.
Explicó que las investigaciones enmarcadas por el artículo 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 de Estados Unidos son incompatibles con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés).
“Fundamentado en la disposición actual no debería (ser posible), si uno lee los requisitos que se deben cumplir para que se use esa disposición de seguridad nacional, pues los automóviles no califican”, expuso Salinas Morales.
Según la ley estadounidense, la investigación podría durar hasta el 17 de febrero del 2019 (270 días) y si la investigación concluye que las importaciones afectan la seguridad nacional, Trump tendría 90 días para imponer cualquier restricción de importación u otra acción de política que él considere necesaria.
Con información de Reforma
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