Elizabeth Velasco C.
Apenas 11 días en la presidencia de México y un nuevo frente se ha abierto en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esta vez escenificado con el Poder Judicial que acusa al Ejecutivo y a la mayoría de Morena en el Legislativo de una supuesta “intromisión” en sus atribuciones, a causa de la ley que establece que ningún funcionario público en el país podrá ganar más que el Primer Mandatario.
Las diferencias ya dieron pie a una serie de acusaciones entre AMLO y los impartidores de justicia, aunque al final se respetarán los altos emolumentos de ministros, magistrados, jueces, actuarios y otros empleados del Poder Judicial.
Seguramente los seguidores de AMLO aplaudirán las declaraciones que éste hizo en contra de los impartidores de justicia, a quienes calificó de “injustos y deshonestos” por los altos salarios que perciben y, en particular, por avalar la acción de inconstitucionalidad que promovió la oposición en el Senado para echar abajo la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Las acusaciones contra el Poder Judicial, independientemente de ser ciertas o falsas, en nada modificarán los resultados que buscaba la referida ley, porque ésta no fue “revisada, ni corregida, ni fortalecida desde el Legislativo”.
Según declaró la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, su bancada votó a favor de la referida ley, aunque estaba “desfasada” y tenía visos de inconstitucionalidad por contener contradicciones a otras disposiciones en las que no puede haber reformas regresivas a derechos laborales reconocidos.
Según Tagle, aunque esto era del conocimiento de la bancada morenista, lo dejó pasar para “dar la imagen de que se daba respuesta a la ciudadanía”. (“Oposición avala fallo de la SCJN”. Excélsior, 9 de diciembre de 2018).
Lamentablemente las declaraciones de AMLO, aunque parecen bien intencionadas, no tendrán el efecto deseado de sensibilizar a los jueces e impartidores de justicia, como tampoco han llevado a buen puerto las decisiones de Morena en el Congreso, tras aprobar una ley que requería de modificaciones.
Hace apenas unas semanas la Secretaría de Hacienda sacó del atolladero al gobierno de López Obrador con la recompra de un tercio de la deuda para la construcción de lo que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) en Texcoco, y este lunes los diputados morenistas han tenido que intervenir para zanjar la disputa con el Poder Judicial (PJ), luego de que el magistrado Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJ, acusó al Ejecutivo y Legislativo de promover una “afrenta” contra la “independencia”del Poder Judicial. También desmintió las declaraciones de López Obrador, al señalar que es falso que los impartidores de justicia perciban 600 mil pesos al mes. Según el manual de remuneraciones, un ministro (el cargo jerárquico mayor) percibe un sueldo mensual neto de 269 mil pesos, más 444 mil pesos de aguinaldo, 554 mil pesos por concepto de “riesgo”, más otras prestaciones.
En inédita protesta, ayer en el edificio del Palacio de Justicia Federal, en San Lázaro, el magistrado Vega acusó que no sólo es un tema de salarios lo que les afecta, sino además las “intenciones” de Morena en el Legislativo de designar a los consejeros de la Judicatura, de “debilitar el sistema de frenos y contrapesos de la democracia” y vulnerar el Estado de Derecho. La protesta se generalizó en las 30 sedes del Poder Judicial en el país.
Las declaraciones contra el Ejecutivo se dan a unos días de que AMLO enviara su terna para ocupar la vacante que ha dejado el ministro José Ramón Cossío en la Corte -en la que el tabasqueño incluyó a Loretta Ortiz y Celia Maya, cercanas al nuevo grupo gobernante-, y se presentaran modificaciones al Consejo de la Judicatura Federal para que sea el Senado el que designe a sus titulares.
Lamentables escaramuzas entre los poderes de la Unión, en momentos en que sigue en escalada la violencia en el país, los servicios de salud están en crisis, se requieren ajustes en el presupuesto para hacer frente al pago del servicio de la deuda por 800 mil millones de pesos e igual monto para las jubilaciones, así como temas pendientes en materia de justicia como el combate al crimen organizado y la desaparición y asesinato de miles de ciudadanos, por citar algunos asuntos.
Independientemente de los adjetivos de una y otra parte, el Presidente de México y el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, afirmaron desde el viernes pasado que acatarían la resolución de la Corte.
Delgado, también presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, aclaró ayer mismo junto con su colega Pablo Gómez que el plan de austeridad republicana se aplicará para toda la Administración Pública Federal, no así en el caso del Poder Judicial, cuyas remuneraciones a sus integrantes no podrán ser disminuidas mientras dure su encargo, conforme a lo que establece el artículo 94 de la Constitución y que a la letra dice: “La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”.
De acuerdo con esa ley, los impartidores de justicia durarán en el encargo alrededor de 15 años, mientras que la reforma a la Constitución que topó los salarios de los funcionarios públicos a las del Ejecutivo Federal se emitió en 2009. Esto significa que hasta 2024 podrían hacerse ajustes a las remuneraciones de los integrantes del Poder Judicial.
Seguramente así será, a pesar de que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtiera ayer que acudirán a la Corte para impugnar el fallo con que el máximo tribunal de justicia del país le da un revés al Poder Legislativo.
