Elizabeth Velasco C.

Si bien el próximo subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gerardo Esquivel Hernández, rechazó que habrá un recorte de hasta 32.5 por ciento en el presupuesto federal que en 2019 se asignará a las universidades públicas del país (unos 19 mil millones de pesos menos que este 2018), en respuesta a lo difundido por el diario Reforma, lo cierto es que las dificultades financieras que enfrentan unas 34 universidades estatales, 10 de ellas en estado crítico, hace más que urgente conocer cómo se abordará la problemática educativa a nivel superior, y sobre todo qué tipo de candados se establecerán para evitar que se repitan presuntos actos de corrupción.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, prometió hace casi un mes el rescate de las universidades públicas, bajo la condición de que haya transparencia y rendición de cuentas respecto al uso de los recursos públicos federales que se les transfieren a las instituciones de educación superior en el país.

También advirtió que antes de entregar los recursos federales a las universidades públicas, tendría que darse una revisión de los “gastos” que realiza cada una de ellas. Esto en alusión a las que están en severa crisis.

Fue justamente durante su gira de agradecimiento por el estado de Morelos -cuya máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) solicitó alrededor de 640 millones de pesos para enfrentar su déficit financiero-, que López Obrador dijo que se les apoyará, pero no de acuerdo a lo que pidan, sino conforme a la rendición de cuentas que practiquen.

Incluso, les recordó que la autonomía no les da manga ancha para hacer mal uso de los recursos públicos.

Prácticamente en quiebra se encuentran las universidades autónomas de Chiapas, del Estado de México, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas, de Tabasco -aunque su rector lo ha subestimado-, la Veracruzana, la nicolaíta de Michoacán y la Benito Juárez de Oaxaca, las cuales inclusive han dejado de pagar salarios a sus trabajadores académicos y administrativos e incluso las pensiones a los jubilados y cotizaciones al IMSS, entre otros adeudos. Por ese motivo, sus trabajadores han protagonizado diversas movilizaciones, paros, marchas y manifestaciones en lo que va del año.

Resulta realmente preocupante que ni para el pago de salarios e insumos existan recursos en dichas universidades, las cuales en conjunto afrontan un déficit de cuando menos 19 mil millones de pesos, una cantidad exorbitante, pero indispensable para hacer frente al pago de pasivos, salarios, pensiones y otros gastos corrientes.

Cierto es que AMLO tiene razón al señalar que deben rendir cuentas y ser transparentes. Más aún cuando, según se documentó a través de la investigación periodística conocida como la “Estafa Maestra”, universidades como la Autónoma de Morelos, del Estado de México, la de Tabasco y Zacatecas, participaron en un presunto desvío de recursos por aproximadamente 3 mil 380 millones de pesos, en conjunto.

Las supuestas irregularidades resultaron de la firma de convenios con las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Agricultura (Sagarpa), Petróleos Mexicanos y Banobras, entre 2013 y 2015, para el otorgamiento de servicios que se incumplieron porque simplemente se asignaron a presuntas empresas fantasma.

Fue la Auditoría Superior de la Federación la que alertó en 2013 sobre las irregularidades en diferentes instituciones educativas, para posteriormente entre 2015 y 2017 presentar las denuncias penales correspondientes contra la UAEM.

En el caso de esa institución académica, su ex rector Alejandro Vera declaró en su momento que las supuestas irregularidades ya habrían sido solventadas, pese a lo cual persisten las demandas interpuestas ante la Procuraduría General de la República.

Justamente, para evitar que se repitan nuevas irregularidades, se requiere del establecimiento de un esquema que permita conocer cómo y en qué se destinan los recursos públicos en las casas de estudio de nivel superior.

Esto involucra desde el sistema de prestaciones que cada universidad adquirió con sus trabajadores, académicos y administrativos – y que hasta el momento no han sido conocidas por la Secretaría de Educación Pública-, hasta los compromisos adquiridos con proveedores y prestadores de servicios -lo que implicaría un sistema de auditorías preventivas-, sin olvidar el aumento de la matrícula, particularmente en las instituciones con números rojos.

Esto es fundamental, porque simplemente el aumento de la matrícula implica un mayor gasto, tanto por la contratación de docentes y personal técnico y administrativo, como por la necesidad de espacios físicos para dar respuesta a la creciente demanda por parte de los jóvenes que aspiran, con todo derecho, a cursar una carrera universitaria.

Según el documento Excum de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM), la matrícula en la UAEM creció 81 por ciento de 2007 a 2015, al pasar de 22 mil 581 a 41 mil 93 estudiantes, mientras que en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) creció de 330 mil en 2011 a 433 mil jóvenes inscritos en 2017, de acuerdo con datos de esta institución.

La problemática no sólo subyace en la presunta corrupción que ha denunciado la ASF, sino que hay otras aristas que evaluar.

Resulta por ello deseable conocer primero las condiciones en que se encuentran las instituciones de educación superior en el país, en especial las que están en quiebra,  para dar prioridad a las necesidades que afrontan, y posteriormente crear las 100 universidades públicas que López Obrador ha comprometido ante la nación.

Es tiempo de poner orden en casa y mejorar las condiciones que existen en las actuales instituciones educativas, antes que emprender nuevos proyectos que no resolverían la crisis actual en el nivel superior educativo y que sí en cambio podrían representar más erogaciones y crisis a la vuelta de unos años.