La diputada federal Joaquina Navarrete Contreras propuso a la Comisión Permanente atender con celeridad, responsabilidad y apartidista la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal sobre la campañas ilegales del Partido Verde Ecologista de México .
Asimismo valore la reincidencia de este grupo parlamentario al momento de emitir la sanción que al caso ocupe.
“Quienes promovemos la presente proposición convocamos a la vocación democrática de la dirigencia del PVEM a que se conduzca con prácticas democráticas propias de un partido joven en la vida pública de la República, a que no sea el mensajero del sistema para dirigirse al pueblo con mentiras y chicanadas jurídicas para sostener una abierta campaña de posicionamiento electoral”, precisó.
Mediante un punto de acuerdo, la legisladora del PRD expuso que los grupos parlamentarios del PVEM de las Cámaras de Diputados y de Senadores tienen en este momento al aire en medios electrónicos la campaña “El Partido Verde Sí Cumple”, que cosiste en cuatro temas: cuotas en escuelas; circo sin animales; cadena perpetua a secuestradores y el que contamina paga.
Campaña, que al momento ronda entre los 192 mil impactos en tres meses, enteramente ilegales y representa alrededor unos 500 millones de dólares. Es decir, 2 mil 133 al día y 88 por hora.
Dijo que la representación del PRD ante el Instituto Nacional Electoral presentó dos quejas en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. A la falta de una investigación pronta y expedita, la misma representación formuló el pasado 9 de los corrientes recurso de inconformidad ante la Contraloría General del Instituto.
El retraso en la suspensión de la campaña, mientras se llevan a cabo las investigaciones, resultan en detrimento de las condiciones de igualdad de los contendientes en las próximas elecciones nacionales de junio de 2015. El tortuguismo- pareciera predeterminado- de la autoridad electoral sin lugar a duda benéfica al infractor de la Constitución General de la República y de las leyes electorales y de telecomunicaciones.
Por ello, indicó que es urgente que el INE actué a fin de salvaguardar el principio de autoridad que le reviste la Constitución y que le debiera de dar legitimidad y generar la confianza como órgano garante de la democracia. El actuar del INE en la conducta ilegal del Partido Verde ecologista de México puede ser el detonador de confianza para las elecciones de junio de 2015.
La legisladora señaló que resulta insostenible el argumento de la Comisión de Quejas del INE, que afirma -con respecto del asunto expuesto- que se considere improcedente la solicitud de medidas cautelares en razón de tratarse de hechos consumados, así como de hechos futuros de realización incierta”.
Subrayó que es urgente que el Instituto suspenda la campaña del grupo parlamentario del PVEM. ya que se basan en engaños, tienen una dudosa fuente de financiamiento, están deteriorando la confianza de la ciudadanía en los partidos y están generan inequidad rumbo al proceso electoral del 2015.
Por tanto, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el pasado 29 de diciembre de 2014, derivado del expediente 4/2014, determinó que la sobreexposición de los informes de labores de los legisladores del Partido Verde Ecologista de México vulneró el principio de equidad.
Estimó que con la difusión de los promocionales denunciados, al realizarse de manera reiterada, permanente y continua, se posicionó al PVEM de frente al proceso electoral federal en curso.
Asimismo, se resolvió que la difusión a nivel nacional de los informes de labores de los diputados Enrique Aubry de Castro Palomino y Ana Lilia Garza Cadena, vulnera la prohibición de difundir informes fuera del ámbito geográfico de responsabilidad de dichos servidores públicos.
En este sentido, el Pleno aprobó por unanimidad el proyecto de sentencia presentado por la ponencia de la Magistrada Gabriela Villafuerte Coello, en el que se determinó sancionar con amonestación pública al PVEM.
Con relación a los legisladores, se determinó dar vista a las contralorías de las cámaras de diputados y senadores, en virtud de que así lo indica la Ley Electoral, para efectos de la sanción correspondiente.
