México, DF, 4 de febrero 2015 (Círculo Digital).- Aleida Alavez, diputada del PRD y vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, impugnó el informe de la Línea 12 que se presentó este martes en el pleno de la cámara baja.

La perredista envió un documento al presidente de la Mesa Directiva, Silvano Aureoles y al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Manlio Fabio Beltrones, en donde solicita que se devuelva el escrito a la comisión especial.

El argumento de la diputada es que el documento no se apega a las facultades que le fueron concedidas a la comisión y pide que no invada otros poderes, así como el respeto irrestricto a la garantía de audiencia a que tienen derecho las partes involucradas.

El informe realizado por la Comisión Especial encabezada por el diputado priísta Marco Antonio Calzada, es acusado por la perredista de invadir competencia de las comisiones ordinarias al emitir consideraciones, conclusiones y recomendaciones, asuntos que no competen a la resolución de una comisión constitucional.

Alavez dice que las consideraciones de la Comisión de la Línea‐12, invaden la competencia del ministerio público en la averiguación previa y del órgano jurisdiccional, toda vez que en las argumentaciones del informe, “se señalan conductas típicas probadas desplegadas por personas en particular, competencia del ministerio público y además criterios jurisprudenciales y/o aislados, que me dan certeza jurídica para la Comisión a una conducta que todavía no ha sido materia de consignación o de proceso penal ante un juez”.

Cabe recordar que en el informe se le pide a las autoridades judiciales deslindar las responsabilidades de manera directa en contra de los ex funcionarios: el ex Jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, al ex secretario de Finanzas, Mario Delgado Carrillo y al ex titular de Proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez.

Además a la PGR le solicita proceda a la integración de las averiguaciones previas correspondientes y, en su caso, consigne a los responsables ante los juzgados penales federales competentes a efecto de que se deslinden las posibles responsabilidades correspondientes de funcionarios públicos y empresas privadas.

Por esto, Aleida dice que de darse credibilidad a este informe se le estaría violando a los imputados sus derechos humanos y de debido proceso ya que no tuvieron la oportunidad de ser oídos y vencidos en un procedimiento parlamentario o penal. Agrega que de dar certeza a este informe, la Cámara estaría violando el artículo 13 constitucional al convertirse “en un tribunal especial (…) que juzga o prejuzga a una o varias personas sin el respeto al principio de legalidad y seguridad jurídica establecidos en nuestra constitución como derecho humano y garantía constitucional”. El documento fue entregado este martes por la noche a ambas instancias legislativas. (Con información de El Universal)