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Continuando con las etapas de la convocatoria del Curso Interno de Formación y Concurso de Oposición 2022 para la categoría de Actuario/a y Notificador/a, el Poder Judicial del Estado de Chiapas que encabeza el magistrado presidente Juan Óscar Trinidad Palacios, dio paso al arranque del Curso de Formación para aspirantes a actuarías en la entidad.
Con la representación del magistrado presidente Trinidad Palacios y en función de presidenta del jurado calificador, la consejera de la Judicatura e integrante de la Comisión de Carrera Judicial, Isela de Jesús Martínez Flores, brindó un mensaje de bienvenida a las y los participantes, que obtuvieron su acceso a esta siguiente etapa, luego de aprobar el examen de selección presentado el pasado 12 de mayo.
En compañía del director del Instituto de Formación, Profesionalización y Carrera Judicial, Pedro Farro Álvarez; la consejera Martínez Flores, destacó la importancia de la profesionalización y la transparencia para todas aquellas personas que formen parte de la estructura jurisdiccional, así como el compromiso tanto del Consejo de la Judicatura como de las y los servidores públicos, con la mejora continua en beneficio de la atención a la ciudadanía y el respeto al debido proceso.
Finalmente, exhortó a las y los participantes a aprovechar la experiencia socializada por cada ponente de las materias que inician, y se congratuló de que en este esfuerzo se cuente con la participación de expertas y expertos con amplia trayectoria en el quehacer judicial, como la magistrada Maria Elena Faviel Barrios, quien impartió la clase inaugural titulada: La función actuarial.
Cabe destacar, que los resultados de este curso que concluye el 9 de julio, se darán a conocer en el mes de agosto y permitirán a las y los aspirantes continuar con el proceso del Concurso de Oposición, ocupando las vacantes de forma equilibrada entre hombres y mujeres, contemplando un cincuenta por ciento para cada una.
Con este ejercicio, el Poder Judicial fortalece el sistema institucional de Carrera Judicial, así como la confianza ciudadana a través de servidoras y servidores públicos capacitados, que sepan dar respuesta a las necesidades constantes que se requieren para una mejor impartición de justicia.
