Con el fin de proteger el monto de los depósitos que hacen los ahorradores, se presentará ante la Comisión Permanente una reforma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, informó el senador Mario Delgado Carrillo.
“Actualmente, la ley prevé que el seguro en caso de quiebra o liquidación de las Sociedades Financieras Populares, SOFIPOS, es de 25 mil UDIS, el equivalente a 132 mil pesos, cantidad que resulta insuficiente como se demostró en el caso FICREA, en donde muchos ahorradores pierden su dinero sin que se les garantice algún modo de recuperación”, señaló el legislador integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Agregó que es inequitativo e injusto cuando los ahorradores que depositan en la banca comercial están protegidos hasta en 400 mil UDIS, el equivalente a dos millones 115 mil pesos. Indicó que los bancos aportan para el seguro hasta cuatro al millar sobre volumen de sus pasivos, mientras que las SOFIPOS aportan hasta tres al millar.
El hecho de que sean ahorradores derivados del sector popular, no es un elemento para que se les discrimine con un menor nivel de protección, siendo que la actividad financiera y de riesgo es la misma, expresó.
“Tenemos que llevar el trato en igualdad de circunstancias a todos los usuarios de los servicios financieros, que no se les trate de manera diferenciada. Llevar los derechos humanos al sector financiero es uno de los temas pendientes de la agenda, qué herramientas tiene el usuario para defenderse de las arbitrariedades, injusticias y discriminaciones que sufre por parte de la banca, de las instituciones de seguros, de las AFORES, y demás agentes que captan dinero, en realidad se les deja solos y a la deriva”, señaló.
El Senador añadió que el objetivo es elevar el monto del seguro de protección al ahorrador que pasaría de 25 mil a 300 mil UDIS.
Delgado Carrillo informó que el próximo periodo ordinario propondrá ante el Pleno del Senado de la República que se conforme una Comisión Especial de Seguimiento para que todos los afectados de FICREA recuperen su dinero.
“El caso Ficrea es de interés nacional, tiene sucursales por todo el país, y el Senado como casa de la representación federal, debe asumir un papel activo en su solución”, señaló.
