Redacción MonitorSur/Ciudad de México.- A pesar de los esfuerzos de las autoridades fiscales, el estado continúa figurando entre las entidades con mayores niveles de incumplimiento, especialmente en lo que respecta a impuestos federales como el ISR (Impuesto Sobre la Renta), el IVA (Impuesto al Valor Agregado) y las contribuciones especiales.

Según datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre 2013 y mayo de 2019 se interpusieron 127 denuncias por defraudación fiscal en Jalisco, con un monto total de más de 2,000 millones de pesos. Las prácticas detectadas van desde la omisión de ingresos hasta el uso de facturación falsa, una forma cada vez más sofisticada de evasión que involucra redes de empresas fantasma.

“Jalisco es la segunda entidad con más empresas que facturan operaciones simuladas, solo detrás de la Ciudad de México”, señala un informe del SAT citado por UDGTV Noticias. El 13% de las llamadas “empresas fantasma” en el país tienen domicilio fiscal en este estado.

Además, un reportaje de Reporte Índigo reveló que muchas de estas prácticas fraudulentas están relacionadas con actividades del crimen organizado.

“La defraudación fiscal se ha convertido en una vía para lavar dinero proveniente de delitos como el narcotráfico o la trata de personas”, afirma la publicación, que documenta cómo los mecanismos de evasión se han perfeccionado con la complicidad de asesores fiscales y notarios.

Además de los fraudes, hay otros evasores que causan severos daños al erario, detrás de empresas establecidas y aparentemente regulares. Una de ellas es la Unidad de Rehabilitación e Implantologia Oral, de Eduardo Topete Arámbula.

Esta empresa es de de las principales en estafar al SAT, orillando a sus clientes a que le paguen en efectivo para no reportar al fisco, e incluso ofreciendo “descuentos”.

Sin embargo, de acuerdo a fuentes que pidieron omitir su identidad, a base de “moches” mantiene a raya a los inspectores del SAT en Jalisco, para poder seguir evadiendo al fisco, lejos de los ojos de los directivos de la institución.

La informalidad laboral también es un factor clave. De acuerdo con El Informador, Jalisco cuenta con alrededor de 1.7 millones de trabajadores en la economía informal, lo que significa una porción significativa de la población que no contribuye ni al fisco federal ni al estatal. Esta situación reduce la base gravable y complica los esfuerzos por ampliar la recaudación.

En este contexto, organismos como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) han instado al gobierno federal a reforzar los mecanismos de fiscalización digital, mejorar la coordinación con los estados y aumentar las sanciones a empresas y personas que incurran en prácticas de evasión.

“Es urgente profesionalizar la fiscalización a nivel subnacional y crear incentivos para que los estados participen activamente en la detección de contribuyentes evasores”, recomendó el IMCO en un informe reciente.

Ante la necesidad de más ingresos federales en Jalisco, apretar a empresas como la de Topete Arámbula sería un buen inicio.