México, DF, 23 de febrero 2015 (Círculo Digital).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) inició un procedimiento administrativo de investigación sobre presuntas irregularidades en la adquisición del avión presidencial, cuyo costo total ascendió a 6 mil 547 millones de pesos.
Por exigencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la secretaría deberá determinar si funcionarios de la dependencia incurrieron en alguna falta, toda vez que la compra del avión tipo Boeing B-787-8 ‘‘fue cerrada’’ por la dependencia de manera unilateral, a pesar de que siete meses antes la Defensa Nacional y otras dependencias habían decidido adquirir otro modelo, el B-787.
En los resultados de la auditoría pública, correspondiente a 2012, el órgano fiscalizador determinó que se debe investigar la conducta de los funcionarios que elaboraron el estudio denominado ‘‘Adquisición de una aeronave de transporte estratégico para uso presidencial Estado Mayor’’, sin contar con los elementos técnicos y económicos suficientes que acrediten la selección de la aeronave y que sirvieran de base para evaluar el proyecto de inversión.
Así, la Sedena dio inicio al procedimiento administrativo DE/496/2014SFP para deslindar responsabilidades. Cabe señalar que el costo del nuevo avión presidencial se incrementó en más de 239 millones en sólo un año, al pasar de 6 mil 308 millones a 6 mil 547 millones de pesos (en un plan de arrendamiento a 15 años).
Por otra parte, la secretaría inició otro proceso de investigación debido a que desvió más de 436 mdp a otros rubros de gasto para evitar la devolución de recursos no erogados a la Tesorería de la Federación.
De acuerdo con la ASF, funcionarios de la Defensa incurrieron en presuntos actos irregulares en el manejo de 436 millones 876 mil pesos, al desviar recursos destinados para el Fideicomiso para la adquisición de vehículos y equipo para funciones de seguridad pública y del destinado a la compra de bienes inmuebles y arrendamiento, para enviar esas cantidades a otro instrumento financiero diferente con el propósito de evitar tener que regresar ese dinero a la Tesorería.
La Sedena inició el procedimiento correspondiente para deslindar responsabilidades. (Con información de La Jornada)