OPINIÓN/ Monitor Sur
Dentro de los disturbios propiciados por los partidos políticos en Chiapas durante la jornada electoral, el caso de Jitotol es muy grave.
Aunque el #IEPC siguió con los procedimiento que marca la Ley, el PRI y el #PRD violentaron el Estado de Derecho con diversas maniobras que mataron la democracia, ya que además de quemar urnas, el solo hecho de que hayan privado de su libertad al presidente del Consejo Municipal durante casi un día, y se haya calificado una elección en base a copias fotostáticas de las actas de casillas, es suficiente para que se #anule esta elección y se convoque a una #extraordinaria.
El triunfo de la candidata del #PRI, Martha Angélica Molina Ruiz, debe ser anulado para no sentar precedentes de que cualquier actor político (en este caso presuntamente militantes del #PRD) pueda a partir de ahora violentar la ley, secuestrar funcionarios electorales y quemar casillas, y aun así obtener un triunfo. No hay certeza ni legalidad en la elección, principios básicos que deben enmarcar cualquier proceso.
La elección será impugnada y en este caso el Tribunal Electoral del Estado debe asumir su responsabilidad para no sentar precedentes basado en la falta total de Estado de Derecho, y anular la elección para que con mayor seguridad, certeza y legalidad, los mismos actores puedan competir de nuevo en las urnas, y por sobre todas las cosas, permitir a los habitantes de este municipio ejercer su voto con total libertad y que este mismo sea respetado en base en las más mínimas y elementales garantías democráticas.