Por el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez
Son muchos los procesos de desinversión o restructuración que se plantean en el ámbito empresarial por causas generalmente debidas a dificultades financieras y necesidades de refinanciación, o bien por cambios globales de estrategia de negocio, siendo otros, como ha ocurrido con algunas entidades financieras, provenientes de obligaciones o mandatos relacionados con la necesidad de sanear balances o cumplir con criterios financieros establecidos con carácter preceptivo (caso claro de alguna conocida entidad financiera en su desinversión del sector inmobiliario en cumplimiento de los criterios impuestos por las autoridades comunitarias), o reducir presencia en un sector o mercado determinado, por ejemplo, por cuestiones de regulación de competencia y/o resoluciones o instrucciones de la CNMC.
En definitiva, se trata de procesos donde entran en juego cuestiones técnicas, normativas y financieras, y que requieren generalmente de la involucración de amplios y diversos equipos internos y externos que lideren y ejecuten el proceso en cuestión de manera coordinada y eficaz, en aras a llevar dicho proceso a buen término. Hablamos pues de equipos financieros, fiscales, técnicos, comerciales, en ocasiones, y, como no, legales. Es decir, una vez más el papel de los abogados resulta esencial como uno de los key players en estos procesos para planificar y ejecutar las distintas operaciones de venta de sociedades, activos, unidades de negocio, fusiones, escisiones, segregaciones u otras operaciones de modificación estructural, que seguramente se llevarán a cabo en la desinversión o restructuración a acometer.
Sin duda alguna, hay que estar alerta en cuanto a los riesgos legales derivados de cada una de las operaciones involucradas, así como las responsabilidades asumidas frente a terceros como pueden ser los compradores de aquellos activos y/o acciones o participaciones que se transmitan desde el grupo, y todo ello en perfecta coordinación con el negocio y con los ámbitos técnicos, financieros y fiscales inherentes a cada uno de los pasos a seguir, de las decisiones a adoptar y de los documentos legales o contractuales que se deban suscribir, y hablamos aquí obviamente, en esencia, de procesos transaccionales enmarcados dentro del proceso global de la desinversión o restructuración, donde habrá que vigilar y acotar aspectos típicos, pero no por ello poco relevantes, como las reps and warrants de ambas partes, los regímenes de responsabilidad, las garantías y otros muchos aspectos de cada transacción.
Al mismo tiempo, en caso de plantearse fusiones, escisiones o segregaciones, será necesario, no solamente analizar su óptima fiscalidad o eficiencia financiera en el marco del proceso global, sino tener en cuenta los requisitos mercantiles precisos, los documentos a preparar y la forma más eficiente posible de llevar a cabo esas operaciones, tratando de buscar, según el caso, la posibilidad de simultanear varias de ellas, o de hacerlas de la forma legalmente más simplificada en la medida de lo posible, atendiendo a las características de la operación (si se trata de fusiones simplificadas o asimiladas a las de sociedades íntegramente participadas o, por el contrario, son fusiones propias, que requieren mayores requisitos y en las que existen ecuaciones de canje; si estamos ante escisiones financieras o de rama de actividad, o si pueden, por ejemplo, aportarse activos vía segregación a determinadas sociedades…). Generalmente las operaciones de este tipo, en el marco del proceso, estarán más orientadas a la eficiencia estructural del grupo empresarial de que se trate, a la eliminación de duplicidades o consecución de sinergias de negocio y financiero-fiscales, o incluso serán necesarias a veces como actuaciones preparatorias de posteriores ventas (por ejemplo, para encapsular riesgos y responsabilidades de un negocio en una sociedad única, o para separar o escindir determinados activos o inversiones financieras de una sociedad o grupo de sociedades que se venderán a un mismo inversor o comprador, …etc.).
Muy a menudo también, dichos procesos deben observar requisitos ligados a financiaciones o refinanciaciones, que también habrá que tener en cuenta desde una perspectiva legal, en tanto que se puedan llevar a cabo operaciones o que deban ser aprobadas por las entidades financieras implicadas (waivers), o que deban comunicarse al menos a las mismas, todo lo cual requerirá estar atento a los términos y condiciones de los contratos de financiación suscritos por el grupo y/o algunas de sus sociedades en particular, y ello adicionalmente a la posible necesidad de renegociar contratos de financiación, suscribir nuevos o acordar modificaciones necesarias en el marco del proceso.
En resumen, los procesos de desinversión o restructuración son procesos generalmente de gran complejidad, en los que, además obviamente de todo un escuadrón de equipos de financieros, ejecutivos y técnicos, tanto internos como externos, resulta indudable la importancia de contar con un equipo legal sólido, con unos abogados que puedan coordinarse con todos esos equipos y contribuir como partner legal del grupo al éxito del proceso que, en definitiva, debe ser el objetivo común de todos en una aventura de estas características.
