Juan Pablo Penilla Rodríguez: El compliance penal no es una foto fija, sino un sistema que debe evolucionar a la vez que lo hace la empresa, su entorno y los riesgos a los que esta se enfrenta. Esta idea, lejos de ser un planteamiento únicamente teórico, se ve reforzada por los importantes cambios que se constatan en las preocupaciones legales que manifiestan los directivos con el paso del tiempo.
En los últimos años, se ha disparado la inquietud de los consejos de administración por dos materias relativamente novedosas: los riesgos informáticos y tecnológicos y los relacionados con la normativa medioambiental. Así lo constata el informe View from the top 2019, elaborado por el bufete Clifford Chance, y que recoge la opinión de 200 directivos de grandes empresas de todo el mundo.
En solo cinco años (desde 2014, cuando se realizó la anterior encuesta), los consultados que mencionan los ciberriesgos como una de las prioridades de la compañía han pasado del 15% al 47%. Por su parte, aquellos que han manifestado su preocupación por posibles incumplimientos en materia ecológica subieron del 17% al 28%. Es conveniente recordar que en muchas jurisdicciones, entre ellas España, ambas materias se encuentran entre las que pueden provocar la responsabilidad penal de la empresa.
En lo relativo a la protección de datos, además, el reglamento europeo (RGPD), vigente desde hace año y medio, elevó las multas hasta los 20 millones de euros o el 4% de la facturación global de la compañía.
“Ya no hay operación en la que los inversores o los fondos no soliciten una due diligence de compliance”, explica Carlos Zabala, counsel y responsable del área penal de Clifford Chance. “Hasta hace unos años”, continúa, “lo que se hacía era un análisis de los litigios en los que estaba involucrada la compañía y se estudiaba cuáles podían llegar a criminalizarse”.
Frente al importante aumento que se produce en los riesgos informáticos y los medioambientales, destaca la caída en la percepción de los financieros (del 75% al 52%) que, no obstante, permanecen en primer lugar. En tercera posición aparecen los riesgos regulatorios y, en quinta, los de tipo laboral. Esto se debe, según Zabala, a que muchas legislaciones “están aplicándose ya de forma extraterritorial”.
Inversión
Uno de los datos que el propio informe destaca como “sorprendentes” es la evolución de la inversión para la prevención de riesgos. El porcentaje de directivos que afirman que en su compañía se ha producido un incremento “significativo” de los recursos dedicados a la misma ha caído en los últimos cinco años del 58% al 27%. En aquellas en los que el aumento es “leve” pasa del 25% al 42%.
Carlos Zabala, no obstante, cree que esta evolución es lógica. “En los pasados ejercicios se hizo una inversión muy fuerte para implantar los sistemas de compliance y ahora estamos en el momento de ponerlos en marcha y desarrollarlos”, relata. Ello explica que, aunque haya un parón en la evolución de la inversión en recursos, se mantenga el tiempo que las compañías dedican a la gestión de riesgos.
Por último, el documento resalta que cada vez son más los directivos que asumen y aceptan su responsabilidad personal en materias como el uso de la tecnología y en cuestiones relativas a la diversidad: nueve de cada diez.
El desafío de cumplir la legislación medioambiental
Problemas legales. La creciente preocupación por el medioambiente se traduce en un amplio abanico de normas que no resultan sencillas de cumplir, ni siquiera para las firmas con mejor predisposición. Según una encuesta realizada a más de 3.500 abogados de empresa europeos, el 50% de los mismos afirma que tendrá problemas de cumplimiento en esta materia en los próximos años. Solo el 15% cree que su organización está bien preparada.
Muchas leyes. Una de las características de la normativa ecológica es la multitud de organismos que las dictan: desde la UE hasta los ayuntamientos. Según un informe británico, a finales de los noventa apenas existían 72 textos ambientales en el mundo; en la actualidad son unos 1.500.
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