Juan Pablo Penilla Rodríguez: La Audiencia Provincial de Asturias ha condenado por negligencia a un letrado que se equivocó al calcular la indemnización por despido de un cliente al que representó en un procedimiento judicial. Ahora tendrá que resarcirle con 8.800 euros en concepto de daños y perjuicios.

El fallo señala que el abogado no tuvo en cuenta, cuando redactó la demanda, que el trabajador se había acogido a una reducción de jornada por motivos de conciliación familiar durante los últimos seis meses y que, por tanto, había cobrado un salario inferior al que debe tomarse como referencia a la hora de fijar la indemnización por cese.

En concreto, el Estatuto de los Trabajadores (ET) establece que los empleados que son despedidos durante una reducción de jornada para el cuidado de hijos deben ser compensados como si trabajaran a tiempo completo a fin de evitar cualquier tipo de discriminación. Una disposición legal que se obvió en este caso.
Fue avisado

Según los hechos probados, el letrado fue informado por un compañero del cliente, al que también representaba, sobre la situación laboral especial en la que este se encontraba. Además, contó con un resumen bancario de los pagos que hizo la empresa al trabajador en los últimos doce meses y al menos dos nóminas: una que reflejaba el sueldo a jornada completa y otra del salario percibido con jornada reducida.

Aun así, se limitó a fijar un salario por día (una media anual de ingresos que se utiliza para calcular la indemnización por despido) según convenio de 36 euros, cuando en realidad debería haber sido de 62 euros diarios.

Un juzgado exoneró de toda responsabilidad al demandado ya que no quedó acreditado que el cliente le hubiera informado directamente del motivo concreto por el que redujo su jornada. Sin embargo, la Audiencia Provincial finalmente ha revocdo la sentencia de instancia al entender que el letrado debió pedir explicaciones a su representado, teniendo en cuenta que había cobrado bastante menos durante el último año y que las circunstancias de los cambios salariales “son relevantes para articular una demanda por despido”.

En ese sentido, el tribunal dictamina que esta “mala praxis profesional” derivó en un “evidente” perjuicio patrimonial para el trabajador, de ahí que condene al abogado y a su aseguradora (como responsable civil subsidiaria) a compensarle económicamente.