Juan Pablo Penilla Rodríguez: En la conferencia anual de la International Bar Association (IBA) la mayor organización para profesionales del Derecho y colegios de abogados, hemos presentado recientemente el informe Blueprint for Global Legal Education. El estudio ha sido elaborado por la Comisión para el Futuro de los Servicios Jurídicos de la IBA y la Law School’s Global League (LSGL), asociación que reúne 25 facultades de Derecho que promueve la formación jurídica internacional. Este proyecto dirigido por Fernando Peláez Pier y Soledad Atienza, comprende un análisis cuantitativo y cualitativo de las facultades de Derecho, sobre las tendencias en educación jurídica y los retos a nivel mundial, y ha sido recibido de manera muy positiva por académicos y juristas de todo el mundo.

Bajo el liderazgo de IE Law School, ocho facultades de Derecho de diferentes países (África, Asia, Australia, Canadá, la Unión Europea, Hong Kong, América Latina, y Reino Unido) han trabajado en el análisis de los contenidos y de páginas web, encuestas y entrevistas y han categorizado las tendencias y los retos creando una guía práctica para la adaptación de las instituciones académicas que forman graduados para la práctica profesional de la abogacía.

Según el informe, las tendencias destacadas son la internacionalización de la abogacía, la inclusión de la tecnología en la enseñanza del Derecho, las habilidades profesionales, y la regulación de la enseñanza jurídica y el acceso a la abogacía.

La globalización, a pesar de ser la principal tendencia, no alcanza a implementarse de una forma plena en las facultades. En la mayoría de los casos, se limita a incorporar algún elemento internacional, sin llegar a una reforma completa para lograr una completa internacionalización que requiere una modificación del currículum, entre otras cosas.

Debido al Covid-19, la tecnología como herramienta de enseñanza se está utilizando como nunca antes había sucedido; pero lo más relevante para alcanzar una formación jurídica que incluya la tecnología, es impartir formación en contenidos de tecnología como parte de los planes de estudios de Derecho.

Si bien la mayoría de los programas de Derecho incluyen habilidades básicas, todavía hay espacio para mejorar la inclusión de habilidades profesionales y de gestión adaptadas a la práctica profesional.

En la actualidad, la regulación supone una importante limitación a la internacionalización y la innovación en la formación jurídica. La falta de flexibilidad de los procesos de acreditación, el marco regulatorio académico y la alta regulación del acceso profesional a la abogacía con las particularidades de cada región, dejan poco espacio para una enseñanza jurídica global. A pesar de esta situación, aquellas instituciones jurídicas con una clara vocación internacional e innovadora, logran alcanzar sus objetivos.

Además, se han detectado dos tendencias emergentes, una de ellas es la diversidad. La diversidad de estudiantes y profesores, que incluye diversidad de origen, de género, cultural y de entorno socioeconómico, es una de las claves del debate en torno a la formación jurídica. El Covid-19 es otra, cuya primera consecuencia ha sido la aceleración de la digitalización de la enseñanza, que ha puesto de manifiesto de manera preocupante las desigualdades sociales en relación con el acceso a la tecnología.

Los retos complejos para las facultades de Derecho, a nivel global, son las limitaciones que conllevan la regulación, tanto académica como de acceso profesional a la abogacía, y los recursos limitados de las instituciones académicas.

Nuestro objetivo es que este informe y sus recomendaciones sirvan de guía para facultades de Derecho y colegios de abogados de todo el mundo que buscan orientar la enseñanza hacía la práctica de la abogacía, y que impulse los cambios necesarios en la formación jurídica.