Juan Pablo Penilla Rodríguez: La crisis provocada por el Covid-19 ha situado el reciclaje como objetivo prioritario para muchos profesionales y organizaciones. Así, según un estudio elaborado por EY, el 61% de las empresas en España señala que este será su principal propósito tras la pandemia en relación con la gestión de las personas, una cifra muy superior al 20% actual.

En esta materia, abogados y bufetes no son una excepción. La exigencia del reciclaje de sus propias competencias y capacidades no solo viene impuesta por la evolución de las necesidades de los clientes, sino también por la difícil situación que para muchos ya está provocando el desplome de la economía. Renovarse o morir puede dejar de ser una recomendación para convertirse en una urgencia.

El informe Abogacía futura 2021: prospectiva de negocio emergente (pinche aquí para descargarse el informe) examina la evolución de las materias que, en los próximos años, abrirán nuevos nichos de actividad para letrados y despachos. El documento, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en colaboración con la Mutualidad de la Abogacía, y publicado por Wolters Kluwer, está compuesto de seis capítulos dedicados a la inteligencia artificial, el blockchain, los objetos conectados, las innovaciones médicas, la impresión 3D, y la realidad virtual y la realidad aumentada. En cada uno de ellos se analiza en qué medida dicho elemento será un polo generador de negocio y, además, si tal innovación puede incorporarse a la firma para mejorar la prestación de sus propios servicios.
Inteligencia artificial

El informe constata que, si bien desde 2018 no se han producido grandes avances técnicos en relación con la inteligencia artificial (IA), sí se ha materializado una “significativa” expansion de la adopción de estas tecnologías. Los chatbots son las que señala el documento como las que pueden resultar más fértiles en la aportación de trabajo a los bufetes, que pueden asesorar en la definición de sus términos y condiciones, en la elaboración de sus contratos o en las reclamaciones que se produzcan por su servicio. A su vez, también puede ser de ayuda en los despachos para automatizar la gestión de determinadas consultas superficiales o preliminares, como a qué área debe dirigirse el potencial cliente según su problema. El estudio, además, prevé que el número de firmas que se beneficiarán de los chatbots hasta 2025 está por encima del 20%.

MÁS INFORMACIÓN

La automatización (los robots), por su parte, gana peso, pero la ausencia de un marco legal que defina claramente su régimen de responsabilidad impide que se encuentre en un estado de máxima explotación. Los pronósticos, eso sí, son que sea una importante fuente de ingresos para muchos abogados en los próximos años y los bufetes también puedan beneficiarse de su aplicación en su funcionamiento interno.

Por último, en relación con la inteligencia artificial, frente a lo verde que se encuentra aún el coche autónomo, en fase de ensayo y sin legislar, los drones han experimentado una gran eclosión en este último periodo (tanto en su regulación como en su utilización). No obstante, según indica el texto, su capacidad generadora de negocio será limitada, al igual que sucede con los sistemas de control global (en base al tratamiento masivo de datos), que en la actualidad están planteando importantes dudas y conflictos, pero que en los próximos años solo nutrirán a un segmento limitado de firmas.
‘Blockchain’

El informe detecta que en España se ha producido un importante crecimiento en la aplicación de la tecnología blockchain. También la aparición de despachos que la han implementado en sus procesos o para comercializar algún servicio. Dentro de esta materia, los smart contracts son los que presentan un mayor estado de maduración y un mayor impacto en la abogacía, frente a los registros y certificaciones, la identidad digital y las criptomonedas.

Así, si bien algunas firmas están incluyendo en su oferta de asesoramiento el blockchain como vía de acceso a registros y certificaciones públicas, se apunta a que aún no existe una regulación que lo dote de la seguridad jurídica necesaria. El documento también relata como ya son varios los despachos que han implementado la posibilidad de que se paguen sus servicios con sus pripios tokens o criptomonedas. En todo caso, la proporción de bufetes que se augura que aprovecharán estas innovaciones como nicho relevante de ingresos de aquí a 2025 es limitada: por debajo del 20%.
Objetos conectados

Dentro de la categoría de objetos conectados, el informe analiza el patrimonio digital, la smart city, los wearables (dispositivos inteligentes), la smart home (casas conectadas) y el vehículo conectado. Según los barómetros que estudian el grado de implantación del denominado internet de las cosas (IoT), España se encuentra en el quinto puesto de la UE en número de objetos conectados, aunque por debajo, eso sí, de la media europea.

El principal papel que debe jugar la abogacía en este campo, expone el texto del CGAE, es la prevención de los riesgos relacionados con la privacidad y la seguridad de la información. Entre los elementos mencionados, no obstante, los que presentan un mayor desarrollo en la actualidad son los wearables. Sin embargo, en los próximos años se estima que serán las smart homes las que aporten negocio a un mayor número de bufetes.
Innovaciones médicas

El incremento de las líneas de investigación sobre innovaciones médicas, apunta el documento, no ha generado un “salto cualitativo” de madurez en el desarrollo práctico de las mismas. En cualquier caso, el potencial que existe en este campo plantea la necesidad de legislar todo lo que tiene que ver con la ética y la integridad de las personas, así como la supervisión y las consecuencias de los incumplimientos y los errores, afirma el texto.

El informe resalta que el potencial como fuente de trabajo de los despachos reside, en especial, en la telemedicina (en la fase de diagnóstico) y la telecirugía (en el tratamiento). Sin embargo, es relevante destacar que el estudio no tiene en cuenta el impulso que la pandemia ha tenido para estas prácticas (con la consiguiente necesidad de mayor asesoramiento legal), por lo que quizás algunas de las conclusiones merezcan algún tipo de actualización.
Realidades virtual y aumentada

El documento subraya que, conforme se avance en la experiencia de usuario que ofrecen las realidades virtual y aumentada, se incrementará la importancia de la abogacía en la definición de su marco legal. De nuevo, en estas tecnologías será determinante el asesoramiento en materia de protección de datos y seguridad de la información, aunque aún debe avanzarse en su implantación para considerarlas como una fuente relevante de ingresos para las firmas. Lo que no se aprecia, en cambio, es que los bufetes puedan aprovecharlas para sus propios servicios.
Impresión 3D

La impresión 3D, señala el informe, es actualmente una tecnología madura. Dentro de sus posibles aplicaciones, cuando se trata de producción individualizada, el texto limita el impacto en la abogacía a asesorar en el desarrollo de la normativa, dado que su incidencia en los derechos de propiedad intelectual es elevada. Si la impresión es a gran escala, se amplía el abanico de áreas del derecho afectadas (riesgos laborales, edificación, etc.), por lo que cabe un papel más relevante de los despachos. En todo caso, el informe no la ve como una tecnología que generará mucho negocio para los próximos años.
Las personas mayores como área de trabajo

Envejecimiento. El informe Abogacía futura 2021: prospectiva de negocio emergente se completa con un séptimo capítulo dedicado al envejecimiento. Según remarcan los autores, la atención específica que requieren las personas mayores es también un nuevo campo de trabajo para el que deben estar preparados los abogados del futuro, habida cuenta de que representan cada vez una mayor proporción de la población. De hecho, los autores del texto abogan por establecer una “línea de especialización integradora de la defensa de los diversos derechos de las personas mayores, con una actualización constante de la formación en el campo jurídico de la vejez y el envejecimiento, pues están sometidos a constantes cambios”. Los ancianos presentan especificidades en distintos ámbitos: el sociosanitario, en la dependencia, en la relación con las Administraciones públicas y las entidades privadas, en la implantación de la tecnología digital en los actos jurídicos o por la necesidad de contar con intervención jurídica para suplir la falta de apoyos familiares.

Aspectos sociosanitarios. El documento hace especial hincapié en el asesoramiento legal de las personas mayores en relación con el sistema sanitario, ya sea público o privado. “La necesidad de intervención de un abogado en este ámbito puede resultar particularmente intensa con la finalidad de garantizar los derechos del usuario en el acceso a los servicios sanitarios contratados”, expone el texto. Entre los puntos que se analizan figura la situación de las resiencias de mayores, lugares que se han mostrado críticos durante la pandemia y que pueden dar lugar a una alta litigiosidad por las deficiencias que se revelaron a causa del Covid-19.