(((Monitor Sur))) Domingo 22-junio-2014
San Cristóbal de Las Casas.- A 18 años de la desaparición forzada de Minerva Guadalupe Pérez Torres, indígena chol, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas insiste en evidenciar la impunidad ante las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos a la verdad y justicia, en cinco casos de desaparición forzada de mujeres, víctimas del Conflicto Armado Interno no resuelto en Chiapas.

El 20 de junio de 1996, en el poblado Miguel Alemán, municipio de Tila, Chiapas, Minerva de 19 años de edad, fue desaparecida por integrantes del entonces grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia (en adelante Paz y Justicia) quienes la interceptaron mientras se dirigía a visitar a su familia en la comunidad Masojá Shucjá. Según los testimonios recabados por el Frayba, Minerva fue torturada, violada tumultuariamente durante tres días, hasta la actualidad se desconocen las circunstancias de su desaparición forzada y la suerte de su paradero. Estos graves actos se cometieron con la permisividad del gobierno mexicano.

La desaparición forzada de Minerva se enmarca en la estrategia de guerra implementada por el gobierno mexicano en contra de la población civil, así lo demuestra el Plan de Campaña Chiapas ’94.1 El grupo paramilitar Paz y Justicia fue impulsado, entrenado y financiado por el Estado mexicano y utilizado como instrumento para imponer el terror en la zona altos y norte de Chiapas.

En el caso de Minerva, y de al menos cuatro mujeres más desaparecidas forzadamente en la zona norte (Guadalupe Sánchez López, María López Méndez, Hermelinda Pérez Torres, María Rebecca Pérez Pérez), el Estado mexicano ha generado una continúa violación al derecho a la verdad y justicia, faltando al deber de iniciar de oficio una investigación sin ninguna dilación, seria, imparcial y efectiva orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos.

El Frayba tiene plenamente documentado que el Estado mexicano ha faltado a la debida diligencia en la conducción de las investigaciones, en el caso de Minerva, los responsables han sido absueltos debido a la falta de tipificación del delito conforme a los hechos cometidos, en su contexto y relevancia, de una acción donde el aparato estatal es promotor de exterminio en la región donde el grupo paramilitar de Paz y Justicia actuaba bajo el cobijo del Ejercito mexicano y la Policía del Estado de Chiapas.

Ante la impunidad del sistema jurídico imperante en México, el caso de Minerva fue presentado, junto con el de Mateo Arcos Guzmán y el de 6 ejecuciones, ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH). Estos hechos son ejemplificativos de 37 desapariciones forzadas de personas, 85 ejecuciones y más de 12 mil personas desplazadas forzadamente que se encuentran en la etapa de estudio de fondo ante la CIDH.

A 18 años, los familiares y amigos sufren permanentemente la angustia, incertidumbre, impotencia, tristeza y ansiedad, lo cual aumenta por la constante negativa de las autoridades de proporcionar información acerca de la suerte y paradero de Minerva, así como la falta de una investigación eficaz para lograr el esclarecimientos de los hechos.

A pesar de ello, los familiares de Minerva, comunidades de Chiapas que han padecido la guerra integral de desgaste y este Centro de Derechos Humanos mantenemos la exigencia de justicia para conocer la verdad y quebrar el ciclo de impunidad, con la finalidad de que los autores intelectuales y materiales sean investigados y sancionados; así como obligar al Estado mexicano asuma su responsabilidad de reparar los daños y estas graves violaciones de derechos humanos no se repitan en ningún lugar del territorio mexicano y bajo ninguna circunstancia de excepción.

Cabe señalar que la desaparición forzada en México es una práctica reiterada de Estado que se ha efectuado desde hace más de medio siglo con diversas finalidades políticas represivas de los gobiernos en turno. Actualmente las desapariciones forzadas en este país continúan respondiendo a una violencia generalizada incontrolable evidenciando que el Estado mexicano actúa como en el caso de Minerva, es decir no asume su responsabilidad de investigar y sancionar a los responsables. (MS)