Redacción
Ciudad de México, 22 julio 2018.-Familiares de desaparecidos durante la llamada guerra sucia en México (décadas de los 60 y 70 del siglo anterior) rinden hoy tributo a sus parientes y reclaman justicia.
Así lo consigna el editorial del diario La Jornada respecto a los actos conmemorativos que tuvieron lugar en Oaxac y Michoacán por las víctimas de lo que consideró ‘uno de los grandes pendientes pendientes que tiene la justicia en México’.
Se trata, subraya, de esclarecer la suerte corrida por estudiantes, trabajadores, maestros, líderes sociales y opositores que en esa época fueron aprehendidos por fuerzas gubernamentales y de cuyo paradero no volvió a tenerse noticia alguna.
Resulta imperativo esclarecer qué suerte corrieron los hombres y mujeres, apenas adolescentes en muchos casos, que fueron detenidos y retenidos contra todo derecho por efectivos militares o paramilitares por el hecho de impugnar una realidad social, un modelo de gobierno o ambas cosas, enfatiza el rotativo.
Recuerda que a diferencia de lo ocurrido por las mismas fechas en otras naciones latinoamericanas, en México la represión estatal violenta e ilegal tuvo un carácter más selectivo que extensivo, por lo que las cifras de desaparecidos no alcanzan las proporciones registradas en otros países.
Tal vez por eso, también, no exista unanimidad acerca del número de personas que fueron víctimas de esa práctica inhumana (las cifras varían desde unos pocos cientos hasta varios miles, dependiendo de las fuentes, que a menudo identifican desaparición con secuestro), acota.
Hayan sido cientos o miles, las personas a quienes el aparato estatal condenó a desaparecer sufrieron la violación más atroz a sus derechos fundamentales, y aquellos que la cometieron merecen cargar con la responsabilidad de sus actos, aun en ausencia si por razones de tiempo no estuvieran físicamente presentes, puntualiza el artículo.
Añade que han sido infructuosos los intentos realizados por arrojar luz sobre el umbroso periodo de la guerra sucia.
Las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otros organismos preocupados por el tema fueron poco y mal atendidas, cuando no ignoradas, apunta.
La creación de una fiscalía especial para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, pese a su extenso nombre, no consiguió gran cosa, insiste el texto.
Pese a los años, la desmemoria y los intentos de esclarecimiento fallidos, es de desear que la investigación y transparencia de los escandalosos episodios del pasado deje de ser una aspiración constantemente postergada y se convierta de una buena vez en hecho consumado, concluye el texto.
