Agencias / MonitorSur, XALAPA, Veracruz .- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pidió a los Gobiernos de la región “garantizar y universalizar la conectividad y asequibilidad a las tecnologías digitales para enfrentar los impactos provocados por la pandemia del coronavirus”, en un comunicado lanzado este miércoles. 

En resumen, el organismo dependiente de las Naciones Unidas propone establecer “una canasta básica de tecnologías de la información y las comunicaciones”, compuesta por una computadora portátil, un teléfono inteligente, una tableta y un plan de conectividad para los hogares no conectados. Así, desplegar un plan de estas características tendría un costo inferior al 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) de los países.  

Bajo la premisa de lograr un “Estado de bienestar digital”, la Cepal subraya la importancia de las tecnologías en la emergencia sanitaria global: “Han sido esenciales para el funcionamiento de la economía y la sociedad durante la crisis”, se lee en el texto.

Aquel planteo se produjo al presentar un nuevo informe de esta organización, donde se remarca la necesidad de lanzar políticas públicas para garantizar la conexión de las poblaciones.

Uno de cada tres hogares no tiene conexión

“Los países de América Latina y el Caribe han adoptado medidas para impulsar el uso de las soluciones tecnológicas y cautelar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones”, dijo la secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena, al presentar el estudio. “Sin embargo, el alcance de esas acciones es limitado por las brechas en el acceso y uso de esas tecnologías y las velocidades de conexión”, destacó. 

En efecto, el relevamiento muestra que en 2019 el 66,7 % de los hogares latinoamericanos tenía acceso a Internet, mientras que el tercio restante contaba con una conexión limitada o directamente no poseían tecnologías digitales, “debido a su condición económica y social, en particular su edad y localización”. 

El comunicado se produce a pocos días de que el Gobierno argentino publicara un decreto donde se declaran a las telecomunicaciones como un “servicio público esencial”, con el fin de garantizar la universalización en los servicios de Internet, telefonía y televisión paga.

Con información de la agencia ‘RT’.