Agencias / MonitorSur, Xalapa, Veracruz .- La noticia de que el gobierno mexicano investigaba las cuentas bancarias del expresidente Enrique Peña Nieto sorprendió a los ciudadanos. La agenda del debate público, centrada en la pandemia, cambió de foco durante un rato.
Unos se alegraron. Cómo no. Por fin se abría la puerta a la justicia, al fin de la impunidad que siempre ha beneficiado a los poderosos presidentes mexicanos. Otros, en cambio, se preocuparon. Las derivaciones de cualquier investigación son impredecibles. Si un expresidente llegara a ser acusado formalmente por presunto enriquecimiento ilicito, ¿qué les podría esperar a sus subordinados?
La historia se conoció gracias a un par de investigaciones periodísticas del diario El Universal y la cadena Univisión. La semana pasada, ambos medios revelaron que la Secretaría de la Función Pública (SFP) le había pedido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre cuentas de cheques, ahorros, depósitos bancarios, créditos y todo tipo de operaciones realizadas en las cuentas de Peña Nieto, de sus cuatro hijos y de su exesposa Angélica Rivera. En el combo están incluidos el ex consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos, y los exsecretarios Luis Videgaray y José Antonio Meade, quien además fue el candidato presidencial oficialista que perdió las elecciones frente a López Obrador en 2018.
El periodo investigado va del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018. O sea, los seis años que Peña Nieto fue el presidente de México. La finalidad es analizar su evolución patrimonial, saber si sus (abultados) gastos se justificaban con sus ingresos, que de por sí no eran pocos. El último año de su gobierno, Peña Nieto ganaba 13.000 dólares mensuales. En un país con más del 50 % de la población en la pobreza y sumido en una crisis humanitaria por la guerra contra el narcotráfico, el mexicano era uno de los presidentes mejores pagados de América Latina. La cifra, para la inmensa mayoría de los ciudadanos, era obscenamente inalcanzable. Cuando lo sucedió en el poder, Andrés Manuel López Obrador recortó el sueldo presidencial en un 60 %.
La polémica escaló. Así que ahora López Obrador, en pleno declive de su popularidad por su manejo de la pandemia, iba contra su antecesor. Parecía que sólo era cuestión de tiempo.
Pero el presidente desmintió tal estrategia. “No hay ninguna investigación abierta del gobierno que represento en contra del expresidente Peña Nieto, puede haber denuncias en la fiscalía, de ciudadanos, pero nosotros no hemos formulado ninguna denuncia”, aclaró durante una de sus conferencias. Parte de la reacción ciudadana osciló entre la decepción y el desconcierto.
López Obrador reiteró su propuesta de realizar una consulta nacional para que los ciudadanos decidan si quieren que se juzgue no sólo a Peña Nieto, sino a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, es decir, a los presidentes que gobernaron bajo los parámetros del neoliberalismo que mantuvo al país en la pobreza y que, además, desde 2006 la aderezó con un interminable baño de sangre.
El problema de esta iniciativa es que ignora por completo a la justicia y envuelve a López Obrador en una más de sus múltiples contradicciones. Uno de los ejes permanentes de su discurso es la lucha contra la corrupción, pero ¿de qué lucha está hablando si deja en manos de la sociedad, y no de los tribunales, la búsqueda de sanciones? Su argumento de “cero corrupción, cero impunidad” sólo rige a partir de su gobierno. Algo así como borrón y cuenta nueva.
Fue tal el escándalo que generó el caso sobre las cuentas de Peña Nieto que la SFP reconoció que sí había un expediente en curso, pero aclaró que las “solicitudes de información” sobre la evolución patrimonial de servidores públicos no eran extraordinarias, sino parte de un trabajo permanente. También convocó a la prensa a no violar la presunción de inocencia, ni el debido proceso de los involucrados, así sea un expresidente.
Muy bien. Es cierto que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Es muy importante preservar el estado de derecho, pero lo es tanto como terminar con la impunidad que siempre ha cobijado a la corrupción en México.
De qué otra manera se entiende, si no, el fin del escándalo de la Casa Blanca, la millonaria mansión de Peña Nieto y Rivera que, gracias a una investigación periodística publicada a fines de 2014, se descubrió que había sido comprada a uno de los contratistas estatales favoritos del presidente. La esposa de Peña Nieto dijo que la había pagado con sus ahorros acumulados a lo largo de 25 años como actriz en Televisa. Difícilmente alguien le creyó.
El presidente entonces designó al exconsejero electoral Virgilio Andrade (y amigo de Luis Videgaray, uno de los funcionarios más cercanos a Peña Nieto) al frente de una supuesta investigación que develaría si se había cometido algún delito. La conclusión, más que previsible, fue que no había ningún conflicto de interés. Aquí no pasó nada.
Todos exonerados. Como premio, después el presidente nombró a Andrade como Secretario de la Función Pública, la dependencia anticorrupción. Parecía un mal chiste.
Y no nos olvidemos de Ayotzinapa. Es la historia que podría llevar a Peña Nieto incluso a tribunales internacionales por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero. Hasta el final de su gobierno, el entonces presidente defendió la “verdad histórica” dicha por su exprocurador: que los jóvenes habían sido emboscados por policías municipales que los entregaron a los miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes, a su vez, los asesinaron y quemaron los cuerpos en un basurero.
Los peritajes del Equipo Argentino de Antropología Forense y la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demostraron que el gobierno de Enrique Peña Nieto mentía. Por eso, fuera de su poderoso cargo, el número 43 persigue al expresidente como una maldición. Ya hay una demanda en su contra en la Corte Internacional de Justicia de la Haya para que se le investigue como presunto responsable de delitos de lesa humanidad. Y no sólo por el caso Ayotzinapa, que es la masacre con mayor repercusión, pero no la única.
En diciembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado mexicano era culpable de violencia sexual, violación y tortura contra 11 mujeres que participaron en una protesta en el pueblo de San Salvador Atenco, en el Estado de México, en mayo de 2006. En ese momento Peña Nieto era el gobernador y, por lo tanto, jefe máximo de las fuerzas policiales que cometieron los crímenes. Él fue quien ordenó una represión que derivó en violaciones a los derechos humanos.
Está, también, el caso de “La estafa maestra”, título de otra investigación periodística que reveló el desvío de 450 millones de dólares en contratos irregulares otorgados por al menos 11 secretarías a diversas empresas “fantasma” durante el gobierno de Peña Nieto. ¿El presidente no sabía, no se enteró, no participó?
O las sospechas de que la firma brasileña Odebrecht pagó millonarios sobornos a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Su amigo y exdirector de la petrolera, Emilio Lozoya, ya está detenido en España. ¿Tampoco supo Peña Nieto nada de lo que pasó?
O las denuncias del colombiano Alex Hildebrando Cifuentes, el narco que durante el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán afirmó que el jefe del Cártel de Sinaloa le entregó coimas por 100 millones de dólares a Peña Nieto, como ya había acusado antes el abogado del capo, Jeffrey Litchman. ¿Sabremos algún día a qué manos van a parar las fortunas que produce el narco, hasta dónde llega la cadena de corrupción?
Son demasiadas sombras contra Peña Nieto. Demasiados hilos sueltos. Demasiados casos sin resolver. Los mexicanos merecemos, como mínimo, investigaciones serias, aunque alcanzar la reparadora sensación que produce la justicia hoy siga pareciendo una utopía.
Con información de la agencia ‘RIA Novosti’.
