Se cumplieron 21 años de la masacre en la comunidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó. Un hecho que toco la conciencia de los chiapanecos, los mexicanos y del mundo entero. Considero que no hay que olvidarlo, es necesario recordarlo para que los violentos no sigan actuando con impunidad. Publico parte de un amplio trabajo periodístico sobre el tema.
Juan Balboa
Foto: Sociedad civil Las Abejas.
Acteal, Chenalhó.-Era joven, moreno y apareció de repente entre un pequeño bosque ubicado en las faldas de uno de los cerros de Acteal en donde se habían refugiados unas 300 personas que huían de la violencia en sus comunidades. Desde que llegó se hizo el sordo y mudo. Sólo se comunicaba con señas, pero los hombres y mujeres nunca le entendieron.
Corría el domingo 21 de diciembre del 1997, el mismo día que lo priistas y el presidente municipal de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, rompieron las pláticas de paz en Las Limas, del mismo municipio, con el pretexto de que los desplazados que estaban en Acteal habían secuestrado a un militante del PRI. Amenazaron con ir Acteal a salvar a su compañero y agredir a quienes presuntamente lo secuestraron.
“Esta amarrado y sin comida en Acteal”, insistía el entonces presidente municipal de Chenalhó. Se integro una comisión multidisciplinaria encabezado por el secretario de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), el padre Gonzalo Ituarte, al cual se sumó el cineasta Carlos Martínez Suárez y el que escribe. La comisión se trasladó el mismo domingo 21 de diciembre de 1997 a ver a los desplazados y comprobar el presunto secuestro del priista.
La sorpresa de la Comisión fue encontrar al “supuesto secuestrado” comiendo y platicando con los desplazados. El padre Ituarte empezó a preguntar a los desplazados de la sociedad civil Las Abejas ¿qué hacía ese hombre ahí?, “los priistas dicen que lo secuestraron”, los inquirió.
Se escucharon varias voces que respondían a la pregunta del representante de la Conai: “Apareció de repente, es de Pechiquil, de acá abajo, y no habla ni escucha”.
El joven moreno, supuestamente mudo y sordo fue el que dio el pitazo a los paramilitares de unas siete comunidades para atacar, al otro día (22 de diciembre), a los desplazados cuando estos rezaban en la ermita católica que se encontraba arriba de su campamento hecho de nailon y palo obtenido del mismo lugar en donde se encontraban.
Una masacre anunciada
Durante el fin de semana del 20 y 21 de diciembre, indígenas priistas y cardenistas (Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, existió de 1987 a 1997) se reunieron en la comunidad de Pechiquil, ubicada en la parte baja de Acteal, para planear la matanza. Allí repartieron armas y se organizó el cerco armado con el cual sorprenderían a los desplazados refugiados en uno de los cerros de Acteal. El lunes (22) a primera hora, los priistas entraron al templo presbiteriano de Pechiquil para rezar y exculparse por la matanza que hora más tarde cometerían.
Cada una de las casas de Pechiquil, una de las comunidades en donde se planifico la masacre, tenían pintado el logo del PRI. Todas las viviendas, sin excepción, empezaron a utilizar el logo del tricolor como un seguro de vida, como una bandera de salvación y era para ellos un escudo protector en contra de los priistas armados que ultimaron a 45 indígenas tsotsiles el lunes 22 de diciembre de 1997.
Paramilitares de Los Chorros, La Esperanza, Chimish y Queshtic se reunieron en Pechiquil para ver los detalles de la matanza, lo mismo se hizo en otras comunidades. Durante varias horas repartieron las armas y se distribuyeron las diferentes zonas del circulo armado que habrían de formar para evitar que huyeran los desplazados que estaban refugiados en Acteal. Así lo aseguraron los testimonios de secuestrados, testigos y heridos recogidos por el cineasta Carlos Martínez Suárez y organismos de derechos humanos.
A las ocho de la mañana del lunes 22 de diciembre, una docena de priistas armados de Pechiquil, acompañado de sus familiares, entraron al templo presbiteriano para rezar por sus vidas y exculparse del asesinato a mansalva que habrían de perpetrar horas después.
Lorenzo, uno de los indígenas de la sociedad civil Las Abejas, que estuvo secuestrado en Pechiquil hasta el 26 de diciembre, lo recuerda bien: “El 22 de diciembre llegaron de nuevo en la mañana de varias comunidades a Pechiquil. Uno de ellos era Victorio Pérez Pérez, originario de La Esperanza. Antes de marcharse por Acteal, fueron al templo presbiteriano para rezar. Cuando terminaron a las nueve y media de la mañana, subieron los de Pechiquil con los de Los Chorros a una camioneta roja propiedad de José María Méndez”. El trayecto por carretera desde Pechiquil hasta Acteal es de unos veinte minutos.
A partir de las once y media o doce de la mañana se oyeron los primeros disparos. Se escucharon disparos hasta las cuatro de la tarde. Los que se habían quedado en Pechiquil se fueron al templo presbiteriano para continuar rezando para que nada les pasara a los que se habían ido Acteal a perpetrar la masacre.
Vicente y Salvador, originarios del paraje Tzajalucum y retenidos en contra de su voluntad también en Pechiquil fueron más específicos. Recuerdan que los veinte priistas de esa comunidad viajaron rumbo a Acteal acompañados por otras 20 personas de Los Chorros y La Esperanza. Según el testimonio de Vicente y Salvador, los priistas que salieron en la mañana del 22 de diciembre rumbo a Acteal sólo dijeron que taparían la carretera que comunica a los municipios de Chenalhó con Pantelhó.
“Todos sabíamos -señala Vicente en su testimonio- que iban a atacar a la gente refugiada en Acteal”. Salvador recuerda que uno de los priistas que salieron a agredir a los desplazados en Acteal expresó molesto: “Vamos acabar con los zapatistas”.
Se fueron vestidos de verde olivo como los militares, pero llevaban paliacates rojos en la cabeza. Llevaban también armas de alto calibre. Salvador, hijo de Vicente, estimó que cada persona llevaba por lo menos cien tiros y aseguró que todos los atacantes iban sobrios. ”Regresaron a las cuatro de la tarde, parecían cansados pero venían contentos”.
En Queshtic se reunió el segundo grupo
En Queshtic, otra de las comunidades priistas cercana a Acteal, se registraron inusuales movimientos de personas armadas que se comunicaban con otras comunidades para planificar con precisión el número de personas que habrían de participar y las amas que llevarían. Según el testimonio de Juan y Javier – retenidos primero en la Esperanza y después en Queshtic-, el domingo 21 de diciembre se aumentó la comunicación de los priistas de Los Chorros, Puebla, La Esperanza, Chimish, Kanolal y Pechiquil.
“El domingo se reunieron en el templo evangélico para nombrar responsables de comisiones que habrían de correr la voz en toda la región. “El mismo domingo 21 de diciembre por la mañana los priistas nos obligaron a robar las pertenencias de nuestros hermanos que habían salido de la comunidad. El domingo también llegaron cuatro a cinco personas de Los Chorros con cuernos de chivo, llegaron a la casa de un señor Méndez”, cuentan los hermanos Juan y Javier.
Destacan que la mayoría de las personas armadas traían pañuelos amarrados en la frente, varios venían vestidos de militar. Además de radio trasmisores, cuchillos y fusiles AK47.
Juan y Javier estaban presos en la casa de Alonso Vázquez Secúm. La casa estaba resguardada por varias personas. En su testimonio narran cómo la noche del domingo 21 fue planeado también en Queshtic el asalto a Acteal. Recuerdan que el domingo por la tarde los paramilitares dijeron que iban a entrar el lunes a Acteal y dieron la orden a toda la gente priista de que al día siguiente tenían que ir bien desayunados. Dijeron que el objetivo era ir a cargar todo el café que tenían los de Las Abejas.
Javier cuenta que en la masacre participaron priistas de Queshtic, Chimish, Bajoveltik, Pechiquil, Los Chorros, Puebla, Kanolal y La Esperanza. “Dijeron que tenían que rodear a Acteal para acabar con los zapatistas y los de la sociedad civil porque son los que alborotan a la gente. El plan que se armó el lunes 22 de diciembre fue que nosotros teníamos que salir a recibir todo lo robado ese día en la carretera donde hay dos postes y donde está la casa de los Luna. Alrededor de las cuatro de la tarde regresaron esta gente y nos dijeron que no había que cargar nada, que no pudieron robar nada. Pidieron una cooperación para comprar más balas. Veinte pesos por persona. Mucha gente les respondió que no tenían dinero, pero los obligaron a robar animales para venderlos en la cabecera municipal de Chenalhó”.
La perversión y locura de los asesinos
La masacre de Acteal tuvo no sólo la violencia de las balas y los cuchillos sobre mujeres y niños desarmados. También la perversión, la locura de los asesinos, estuvo presente. Una de esas historias es de Armando Vázquez Luna, quien estuvo preso en Cerro Hueco. Hace algún tiempo Vázquez Luna quiso casarse con una de las hijas de Alejandro Capote Ruiz. Pero no tuvo éxito. Su pretendida lo rechazó. Eso le costó a la familia de Alejandro Capote tener que abandonar su vivienda y tierras en Queshtic. La mañana del 22 de diciembre, en Acteal, Armando encontró a Marcela, una de las hermanas de su pretendida. No le bastó con descargarle nueve tiros de su fusil. Caminó hasta donde yacía su cuerpo, le levantó la falda y le ensartó un palo en la vagina. Con orgullo, desquiciado, con el cadáver de la joven tsotsil desangrándose a sus pies. Armando gritó: “Y si hubiera encontrado a mi pretendida la mato y la hago pedacitos.
Y lo confirma Alberto N, sobreviviente de la masacre. Lo narra así la violencia contra las mujeres: “Cuando murieron las mujeres, un hombre les quitó su nagua, su ropa y lo echaron palo en su nalga a las mujeres (…). Había una mujer embarazada María Gómez Ruiz de Quextic y ya muerta lo cortó su estómago, tenía un cuchillo, lo abrió la panza y murió el niño ahí dentro de la panza de la mujer”.
Borrar todo indicio de la escena del crimen
Amparados por la oscuridad y la neblina, funcionarios del entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro limpiaron, en la madrugada del 23 de diciembre del 1997, la escena del crimen: Recogieron los cadáveres y los trasladaron a Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas; movieron objetos del lugar para lavar la escena de la masacre; elementos de la policía estatal que estaban a unos 200 metros del lugar de la masacre y que no hicieron nada por detener a los paramilitares, les fue ordenado no dejar pasar a ninguna persona y, finalmente, acordaron tener un argumento oficial: “Fue un enfrentamiento entre zapatistas”.
Los principales funcionarios que participaron en dicho operativo destacan Uriel Jarquín Gálvez, subsecretario General de Gobierno, quien fue el encargado de hacer la limpieza en el terreno y trasladar los cuerpos; el ex secretario general de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani; el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Jorge Enrique Hernández Aguilar; y el ex procurador General de Justicia, Marco Antonio Besares Escobar.
El camino a la masacre
En siete meses, unos 75 indígenas tsotsiles –el 80 por miembro de Las Abejas- fueron asesinados en comunidades de Chenalhó, y 90 más fueron heridos con armas de fuego y objetos punzocortantes, según trabajo de campo realizado por el cineasta Carlos Martínez y el que escribe durante siete meses previo a la masacre, el cual se encuentra documentado en video, y confirmado por organismos de derechos humanos.
En los hechos violentos que abarca desde el 24 de mayo al 22 de diciembre del 1997, se registró también centena de casas quemadas, robadas o destruidas por grupos de priistas armados que recorrían los parajes y los caminos con toda impunidad solapados por la policía estatal y los propios militares.
Dos de los hechos de violencia que se registraron en los siete meses previo a la masacre, sobresalen dos por el número de asesinados, las armas de altos poder utilizados y la seña con que realizaron los asesinatos. El primero es el asesinato de cuatro personas el 19 de noviembre en la comunidad de Aurora Chica y la masacre de 45 personas en la comunidad de Acteal el 22 de diciembre, los dos en el municipio de Chenalhó.
El trágico recuento se inicia con la emboscada perpetrada por priistas armados en la cercanía de Unión Yashemel el 24 de mayo de 1997, en donde perdió la vida un simpatizante zapatista, Cristóbal Pérez, y dos más fueron heridos con armas de fuero: Federico Guzmán Arias y José Pérez Pérez, finaliza con la masacre de Acteal
Acteal, ante la justicia: Breve reporte jurídico
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha dado puntual seguimiento a los juicios penales en contra de funcionarios. El siguiente es un reporte presentado en el 2007 en donde destacan el ex procurador General de Justicia, Marco Antonio Besares Escobar; el ex secretario general de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani y el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Jorge Enrique Hernández Aguilar.
Juicios penales
15 Ex servidores públicos de bajo nivel procesados (en 5 causas penales).
1 Presidente Municipal de Chenalhó en 1997 (Jacinto Arias Cruz).
Delito: Homicidio calificado, lesiones calificadas y portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Condena: 36 años y 3 meses de prisión, confirmada en Juicio de Amparo Directo.
1 Jefe de Asesores de la Coordinación General de la Policía del Estado.
2 Policías de Seguridad Pública, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Delitos: Homicidio y lesiones por omisión (No salvaguardar la integridad y vida de las personas).
Condena: 8 años de prisión.
11 Funcionarios estatales más (la mayoría personal de bajo nivel de la Secretaría de Seguridad Pública).
Delito: Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Condenas: 3 a 7 años (Algunos ejercieron el beneficio de la condena condicional y sustituyeron su pena en prisión por trabajos en favor de la comunidad).
Pendientes: 2 órdenes de aprehensión por ejecutar contra funcionarios de ese entonces:
Coordinador de la Policía Estatal (Jorge Gamboa Solís) y Director de la Policía de Seguridad Pública Estatal (José Luis Rodríguez Orozco).
87 Civiles indígenas procesados (en 7 causas penales).
6 Absueltos (16/11/01) por considerar, el Juez, que no existían elementos que acreditaran su responsabilidad, a pesar de que fueron reconocidos por sobrevivientes y testigos de cargo.
27 Compurgando penas de entre 35 y 40 años de prisión después de haber agotado todos los recursos legales e incluso el Juicio de Amparo Directo.
31 Sentenciados de manera condenatoria recientemente (23/07/07) y (01/10/07), con una pena de 26 años de prisión. (Presentaron apelación la cuál está por resolverse).
18 Condenados en segunda instancia a 25 años de prisión (12/11/07).
2 Condenados a 25 años de prisión, pero liberados por razones de humanidad (edad y salud). No pueden residir o ir a donde ocurrió la masacre o donde se encuentren las víctimas o sus familiares).
2 Procesados esperando les sea dictada nuevamente sentencia de primera instancia, ya que hubo reposición de procedimiento.
1 falleció por enfermedad en el transcurso del proceso.
Delitos: Homicidio calificado, lesiones calificadas, portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. (El Ministerio Público consignó por asociación delictuosa, pero en apelaciones y/o amparos se tuvo por no acreditado este delito).
Pendientes: 27 órdenes de aprehensión en contra de civiles indígenas y reparación de daños (sólo 1 sentencia que se está firme, condena a una persona a pagar reparación de daño por algunos de los extintos).
Procesos administrativos en contra de funcionarios
En enero de 1998, la Contraloría General del Gobierno de Chiapas inició procesos administrativos contra funcionarios públicos, por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al gobierno de Chiapas (Recomendación 1/98), quedando de la siguiente manera:
4 Absueltos de toda responsabilidad administrativa (11/12/98):
Secretario para la atención de los Pueblos Indígenas (Antonio Pérez Hernández).
Subprocurador general de Averiguaciones Previas (Ramiro Sánchez Vega).
Comandante adscrito a la Procuraduría de Justicia de Chenalhó (Ricardo Alvarado Gutiérrez).
Agente del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría de Justicia Indígena (Marco AntonioJiménez Espinosa).
1 Inhabilitado por 6 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público estatal:
2º. Oficial responsable de la base de operación de Seguridad Pública (Iturbide Rincón Luna).
5 Inhabilitados por 8 años para empleos, cargos o comisiones en el servicio público estatal:
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (Jorge Enrique Hernández Aguilar)
Sub-procurador de Justicia Indígena (David Gómez Hernández).
Director General de Seguridad Pública del Estado (Militar retirado José Luis Rodríguez Orozco)
(Tiene orden de aprehensión pendiente de ejecutarse).
Policía de Seguridad Pública Estatal (Comandante Roberto García Rivas).
Policía de Seguridad Pública Estatal (Comandante Roberto Martín Méndez Gómez).
1 Inhabilitado por 10 años para empleos, cargos o comisiones en el servicio público estatal :
Coordinador General de la Policía del Estado (Gral. Jorge Gamboa Solís) (Tiene orden de aprehensión pendiente).
4 Prescrita la acción para sancionar en las correspondientes resoluciones de los Juicios de Nulidad interpuestos por los funcionarios, con lo que se dejó sin efecto la sanción impuesta en un inicio por la Contraloría General, la cual consistía en inhabilitación por 8 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público estatal. (Entre 08/99 y 03/01).
Subsecretario general del Gobierno (Uriel Jarquín Gálvez).
Jefe de Asesores de la Coordinación General de la Policía del Estado (Julio César Santiago Díaz).
Secretario General de Gobierno (Homero Tovilla Cristiani).
Procurador General de Justicia del Estado (Marco Antonio Besares Escobar).
A pesar de la falta de sanción administrativa para estos funcionarios, la CNDH:
Consideró cumplidos los 9 puntos de la Recomendación al Gobierno de Chiapas (28/11/03).
Consideró cumplido el único punto recomendado a la Procuraduría General de la República (ampliar sus líneas de investigación para determinar responsabilidad penal por acción, omisión o comisión por omisión de todos y cada uno de los servidores públicos de Chiapas) a pesar de que sólo fueron condenados penalmente algunos funcionarios de la Policía de Seguridad Pública, dejando intactos a los funcionarios ubicados en los niveles más altos (28/04/99).
El Estado Mexicano es responsable de la masacre de Acteal:
POR ACCIÓN:
8 Porque la masacre fue producto de una política de estado deliberada y encaminada a exterminar al EZLN, a sus bases de apoyo y a cualquier persona u organización de la sociedad civil cuyas demandas incomodaran al gobierno.
POR OMISIÓN:
8 Porque mientras ocurría la masacre, la Policía de Seguridad Pública se encontraba a escasos 200 metros del lugar de los hechos, sin que interviniera para evitar su consumación.
8 Porque autoridades del Gobierno de Chiapas fueron advertidas del inminente riesgo de la masacre y no actuaron en consecuencia.
POR DILACIÓN Y DENEGACIÓN DE JUSTICIA:
8 Porque ha negado el derecho de conocer la verdad de los hechos, pues no se han agotado las líneas de investigación, relativas a la implementación de una estrategia contrainsurgente.
8 Porque los recursos legales interpuestos han resultado totalmente ineficaces. A 10 años de la masacre aún hay causas penales abiertas, los juicios se han extendido excesivamente lo que ha desgastado a los familiares y testigos.
8 Porque los autores intelectuales no han sido castigados.
8 Porque aún existen órdenes de aprehensión sin ejecutar.
8 Porque no han sido tomadas las medidas que garanticen la no repetición de los hechos, entre las que estaría el desarme de los grupos paramilitares.
8 Porque sólo una de las sentencias que han quedado firmes condena a uno de los acusados a pagar reparación del daño a los familiares de los extintos.
Artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos violados por el Estado Mexicano: Obligación de respetar los derechos, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, garantías judiciales, protección a la familia, derechos del niño, protección judicial. (JBC).
