Rogelio Hernández López

En estos días de octubre algunos periodistas nos quedamos con la curiosidad profesional de saber la posición del General Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, respecto a los sucesos de 1968. Apenas extendieron a El Universal una misiva muy pequeña, con un párrafo de 19 palabras alusivo a los hechos del 2 de octubre. La brevedad del mensaje dice que es demasiado su silencio:

“El personal militar actuó conforme a Derecho, protegiendo en todo momento a la población civil y respetando los derechos humanos”. Y ya.

Ese silencio es Objetivo (intencional) en la jerga castrense. En los más altos mandos del Estado Mayor de la Defensa, el año 2018 ha sido tema recurrente en su contra y de impotencia que, en varios sentidos, duele allí. Sabían que al cumplirse los 50 años de la violencia en Tlatelolco y los 4 años de la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, aumentarían los señalamientos por la participación del ejército. Su preocupación mayor es que no tenían, ni tienen, ninguna ley que les proteja de violación a derechos humanos en intervenciones contra movimientos sociales.

Y cuando se acercaban los aniversarios, lo que amagaba como un clima negativo se convirtió en atmósfera contraria a la buena imagen que las fuerzas armadas quieren tener ante la población.

Distanciamiento del nuevo gobierno

Esa atmósfera negativa creció, inusitadamente por los resultados electorales que pocos esperaban; y luego por los avisos de alta significancia que han enviado el presidente electo y sus cercanos que, quizá impensadamente, distancias al nuevo gobierno con el Ejército e incrementan la decantación de la imagen pública de las fuerzas armadas. Esas señales se magnificaron, como era calculado, el mismo 2 de octubre de 2018:

UNA. Elementos del ejército asignados al palacio presidencial de El Zócalo, recibieron la orden de participar en el primer homenaje a los estudiantes caídos por las armas del mismo ejército (y presumiblemente por otras) el 2 de octubre. Además tuvieron que izar la bandera nacional a media asta.  Fue también algo así como el desagravio del ejército a aquel movimiento. Fue instrucción superior.

DOS. Los mandos del ejército supieron previamente que ese día las dos cámaras del Congreso de la Unión también harían el desagravio con sendas ceremonias de homenaje al movimiento y, además se impondrían en los muros de reconocimientos la referencia en letras doradas “al movimiento estudiantil de 1968”. Así por las fuerzas del nuevo gobierno el movimiento reprimido por las armas militares se incorporó al muro de los héroes y a los anales de la recordación nacional. Nada pudo hacer la Secretaría de la Defensa para oponerse, incluso en este Congreso no hay legislador vinculado con las fuerzas armadas, como se acostumbraba en cada legislatura.

TRES. La atmósfera negativa se alimentó mucho más cuando el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, marcó más distancia en el homenaje a los caídos en Tlatelolco el 2 de octubre de 2018 por la mañana; Allí sintetizó lo que hará el responsable del Ejecutivo Federal en su relación con las fuerzas armadas:

“Tomé la decisión de que ya no funcione el Estado Mayor Presidencial. Lo quiero decir aquí, repetir en la Plaza de las Tres Culturas, tomé esa decisión porque no necesitamos ocho mil elementos para cuidar la seguridad del Presidente de la República”, explicó.

“Soy respetuoso de las instituciones militares, ya lo dije, respeto al Ejército, considero que los soldados son pueblo uniformado, pero en las investigaciones que se han hecho sobre la represión del 68, aparece que se utilizó al Estado Mayor Presidencial, por eso, aquí en la Plaza de las Tres Culturas, anuncio que ya no va a haber Estado Mayor Presidencial”.

Y lanzó una significancia todavía mayor: “… hacemos el compromiso de no utilizar nunca jamás al Ejército para reprimir al pueblo de México”. Esto es no reprimir con estas fuerzas a los movimientos sociales.

Inquietudes que imponen el silencio

Sí, el 2 de octubre de 2018, todo el día debió tener en tensión a los altos mandos militares y arrimarles motivos de preocupación, sobre todo que este señalamiento de reprimir a la gente del movimiento de hace medio siglo hizo que revivieran inculpaciones añejas por acallar a otros movimientos sociales. Señalamiento que se atizarán en las próximas semanas.

La Sedena tendrá que entregar documentos y testimonios de los sucesos de Ayotzinapa cuando se articule la Comisión de la Verdad que impulsará la Secretaría de Gobernación del Gobierno de Morena. No hay, en las miles de fojas de los expedientes de las dos investigaciones (oficial y del GIEI) nada que diga ¿cuál fue su participación en la represión de aquella noche y la desaparición de al menos 42 estudiantes normalistas?. Con ayuda de la presidencia los mandos castrenses han resistido a las exigencias reiteradas de que informen al sector civil. Ahora tendrán que hacerlo.

Además hay otros casos recientes de matanzas en las que se presume la participación de el ejército nacional o de la Marina Armada, en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas. De ellos ya la CNDH prepara las recomendaciones para que informen.

¿Otras interrogantes?

La promesa de López Obrador de “nunca jamás usar a las fuerzas armadas para reprimir” en organismos civiles, más que en académicos,  se toma como una invitación a que antes de promover la paz anunciada se diga la verdad de las represiones a movimientos sociales. Incluso se atizó la circulación en ámbitos digitales de informes especiales con este tema y con las preguntas que debería tener respuesta, por ejemplo:

¿Son entrenados, formados y pagados con recursos del ejército los grupos paramilitares, que usan tácticas de combate contrainsurgente, que aparecen recurrentemente como represores, en zonas zapatistas de Chiapas, en zonas de insurgencia cívica de Guerrero, (como en Acteal y el Charco) o antes como Halcones en 1971, o El Grupo Sangre en Morelos y Guerrero o la Brigada Blanca en todo el país? ¿Cuántos de los 557 desaparecidos en el contexto de la Guerra Sucia (1969 a 1976) fueron por acciones militares?

Esto aparte de los muchas preguntas que aún persisten del movimiento de 1968, antes y después del 2 de octubre, como los asaltos y tomas de la milicia a la Universidad Nicolaíta en 1966, del IPN, de la UNAM, al bazucazo en la prepa San Idelfonso, la matanza en Tlatelolco y lo que siguió después en la llamada Guerra Socia que dejó cientos de desparecidos con algunas señales claras de que había sido vistos después en campos militares..

Pero la pregunta mayor que si podrían responder ( y eso es parte del pronunciamiento que esperábamos varios periodistas el 2 de octubre de 2018 en palabras del General Secretario o algunos de sus voceros). ¿Cuántas de estas acciones fueron por órdenes directas de los presidentes de la República?

Lo único cierto es que hasta el momento, en las oficinas de los secretarios de la defensa y de la marina se niegan a responder a peticiones de reporteros. Ese silencio es parte de la ordenanza, es un Objetivo militar hasta ahora cumplido y no sabemos por órdenes de quién.