Agencias, Ciudad de México.- En los días transcurridos desde que la Corte Suprema derogó el caso Roe contra Wade, que eliminó el derecho constitucional al aborto, se ha publicado una gran cantidad de material y se han hecho advertencias por parte de los defensores de la privacidad sobre cómo los rastros digitales de navegación podrían exponer a un posible peligro jurídico a las mujeres que buscan abortar.

Sin importar la opinión que se tenga sobre el aborto, este es un momento para reflexionar sobre lo que hemos cedido a las ávidas fauces de la economía estadounidense de recolección de datos sin restricciones.

Es casi imposible ser de verdad anónimo en la vida moderna de Estados Unidos. Hay tanta información digital sobre quiénes somos, a dónde vamos, qué compramos y qué nos interesa, que es imposible controlarlo todo. Estos datos se utilizan sobre todo para vender de manera más eficiente zapatos o donas, pero rara vez se detiene solo en eso.

Y ahora estamos viendo lo que ocurre cuando la intrusión digital del siglo XXI choca con personas preocupadas por que toda esa información pueda ser utilizada en su contra de formas que nunca imaginaron.

No quiero que la gente tenga un miedo innecesario. Mis colegas han informado que se espera que alrededor de la mitad de los estados permitan que entren en vigor prohibiciones u otros límites al aborto, pero incluso en esos estados, la aplicación de la ley se ha centrado en los proveedores de servicios médicos, no en la gente común. Mis colegas también han informado que no hay prohibiciones del aborto que intenten procesar a las mujeres que cruzan las fronteras estatales que quieren interrumpir su embarazo, aunque los estados podrían intentarlo en el futuro.

Pero ahora que el acceso al aborto ya no se considera un derecho fundamental, resulta sorprendente considerar la extensión y profundidad de la información que difundimos de manera abierta.

Las tarjetas de crédito y las cámaras de videovigilancia nos espían. Por supuesto que Google sabe lo que hemos buscado y dónde hemos estado, pero también lo saben nuestros proveedores de telefonía móvil y las compañías de internet en casa, así como muchas aplicaciones en nuestros teléfonos y redes de intermediarios con los que nunca hemos tratado de manera directa. Cuando utilizamos aplicaciones para saber cómo estará el clima o para asegurarnos de que nuestras repisas están niveladas, la información puede llegar a un contratista militar o a un intermediario de datos por encargo.

Podemos tomar algunas medidas para minimizar la cantidad de datos que emitimos, pero resulta casi imposible eliminarlos. Pocas leyes federales regulan la recolección y venta de toda esta información sobre nosotros, aunque el Congreso está debatiendo el último de los muchos esfuerzos para aprobar una amplia ley nacional de privacidad digital.

No solo compartimos información digital. Hablamos con amigos, familiares y desconocidos. En algunos casos en los que las autoridades pretenden acusar a las mujeres de inducirse un aborto, pueden ser los familiares o los proveedores de servicios médicos quienes lo denuncien a las autoridades.

Algunos de los que leen este artículo pueden creer que si el aborto es un delito, es justo que los datos digitales de las personas que buscan abortar se utilicen en los procesos penales. Hace varios años, formé parte de un jurado en un juicio contra un hombre acusado de acosar reiteradamente a su exnovia y me sentí a la vez agradecida y preocupada por el hecho de que hubiera tantas pruebas digitales de sus delitos, incluidos los registros de llamadas, los correos electrónicos, las publicaciones en línea y otra información extraída de su teléfono inteligente (lo declaramos culpable de la mayoría de los cargos que se le imputaban).

Las autoridades pueden utilizar esta información de maneras con las que estamos de acuerdo. Pero el enorme volumen de información en tantas manos con tan pocas restricciones legales crea oportunidades para el mal uso.

Mis colegas han demostrado que los datos registrados por los teléfonos inteligentes pueden seguir al presidente de Estados Unidos. Los acosadores han engañado a los proveedores de telefonía móvil para que les entreguen información personal. Las iglesias han extraído información sobre personas en crisis para comercializarla. Algunas escuelas estadounidenses han comprado equipos para hackear los teléfonos de los niños y extraer los datos. Los escáneres automáticos de matrículas han hecho que sea difícil conducir a cualquier lugar sin acabar en una base de datos a la que las fuerzas del orden podrían acceder sin una orden judicial.

Desde la anulación de Roe, la mayoría de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses no han dado a conocer cómo podrían gestionar las posibles demandas de las autoridades en futuros casos penales relacionados con el aborto. Por lo general, las empresas cooperan con las solicitudes oficiales, como las órdenes judiciales o las citaciones de las autoridades estadounidenses, aunque a veces se oponen y tratan de negociar la cantidad de información que entregan.

En una situación en la que una empresa se niega a cooperar, lo más probable es que haya información digital similar disponible en otra empresa que sí lo haga (se ha hablado de la posibilidad de que las aplicaciones de seguimiento de la menstruación se pongan en manos de las autoridades, pero hay fuentes más directas de información similar).

Y a las empresas creadas para captar la mayor cantidad de información posible no les resultará sencillo transformarse en convencidos de minimizar los datos, incluso si lo desean.

Google, Facebook y Verizon no van a proteger el derecho al aborto si la Corte Suprema dice que ese derecho no existe. Estas empresas y un billón de otras con un apetito ilimitado por nuestra información han creado las condiciones en las que la privacidad no existe en realidad.