México, DF, 3 de marzo (Círculo Digital).- Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), junto con otras organizaciones civiles y especialistas, consideraran que las modificaciones propuestas a la iniciativa sobre la Ley General de Transparencia, limitarían el acceso al derecho a la información, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, aclaró públicamente que las observaciones hechas a dicho proyecto, no buscan ni coartar el derecho a la información, ni dar pasos hacia atrás.
Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dejó clara su posición en el sentido de que sólo compete a esta institución autónoma definir si un acto de violación de derechos es o no grave, y una vez realizada esta definición, sin duda es derecho de todos los mexicanos acceder a la información en torno al caso, lo cual ya corresponde al Instituto Federación de Acceso a la Información (IFAI).
En tanto, el Banco de México insistió en que el Senado debe garantizar el resguardo de la información en torno a la producción de papel moneda y de algunos criterios de política monetaria, ya que, se trata de seguridad nacional y el derecho constitucional a la información debe tener en cuenta que este tipo de información no puede ser pública.
Mientras que, la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios Prieto, recordó que esta instancia ha sido reconocida por su compromiso con la transparencia, pero aclaró que “la transparencia tiene sus momentos”, porque en la Comisión “existe información que debe ser reservada de manera temporal o clasificarse como confidencial, porque se trata, en su mayoría, de información que es sensible de los agentes privados”.
Recordando, que Ana Cristina Ruelas, de la organización Artículo 19, en el Senado manifestó que sólo mediante transparencia se puede evaluar la efectividad de las instituciones de procuración de justicia, “porque hasta el momento el secreto de la información no ha funcionado para garantizar la efectividad de la persecución de esos delitos. Por ello, dijo, las averiguaciones previas no deben tener secrecía y debemos ser claros, no consideramos que las que están en trámite deban abrirse al escrutinio público”.
Por su parte, integrantes de las organizaciones sociales insistieron en que el derecho a la transparencia debe ser plena, pues dejar espacios a la opacidad implicará que la reforma realizada en esta área sea inoperante, incluso en el tema de la información en torno a las violaciones graves de los derechos humanos.
A lo que la Consejería Jurídica, señaló que en el documento al que se hace referencia se habla de 80 observaciones, pero no se trata de ello, sino de modificaciones que derivarían en temas específicos, ya que, consideran que existen coincidencias de fondo. (Con información de Excélsior y La Jornada)
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