Agencias / MonitorSur, Xalapa, Veracruz .- Una de las mayores dificultades que como sociedad hemos enfrentado ante el SARS-CoV-2 es que se trata de un virus esencialmente nuevo y los científicos estudian todas sus características, mientras avanza la pandemia alrededor del mundo. Ese desconocimiento ha llevado a que haya distintas visiones sobre cuál es la forma con la que se debe lidiar la problemática. Pero hay mayores complicaciones cuando las decisiones no se basan en cuestiones médicas sino que se contaminan de otros entornos, principalmente políticos y económicos.

A lo largo de estos meses, hemos visto cómo países han cambiado su estrategia ante el covid-19, como Reino Unido o Suecia. En otros, ha habido disputas entre los responsables de atender la crisis sanitaria, como ha sido el caso de Estados Unidos y los forcejeos entre el presidente Donald Trump, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y Anthony Fauci, líder del grupo médico contra el coronavirus.

En México, la irresponsabilidad de algunos periodistas, empresarios y políticos ha abierto un espacio de discrepancias contra el gobierno federal. Grandes empresarios aglutinados alrededor del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) han presionado al gobierno para que se les otorguen ciertos privilegios fiscales y apoyos económicos. Periodistas critican y desafían abiertamente las disposiciones de las autoridades sanitarias. Y varios gobernadores buscan sacar dividendos políticos de la situación actual. Es un río revuelto donde varios quieren convertirse en los pescadores de la escena actual.

En México, los gobernadores de cuatro estados han decidido formar un frente en común que propone un nuevo pacto fiscal y una nueva forma de redistribución de los recursos federales. En este grupo hay tres gobernadores de distintos partidos y uno independiente, que usan como pretexto la pandemia del coronavirus para hacer sus movimientos en el ajedrez político y tratar de posicionar a las maltrechas instituciones políticas que representan, de cara a las elecciones intermedias de 2021, donde se renovarán la Cámara de Diputados y varias gubernaturas.

Llama la atención que esta alianza se dé pocos días después que el Financial Times publicara una editorial llamando, precisamente a gobernadores y empresarios, a oponerse a las políticas económicas que ha propuesto López Obrador como los primeros pasos para enfrentar la caída de la economía, entre ellas, el rechazo momentáneo a contraer deuda de los organismos internacionales.

La ruptura que intentan crear estos gobernadores entre los estados y la federación responde a una verdad a medias. Dicen que sus estados recaudan más dinero del que se les regresa. Es cierto que dos estados (Tamaulipas y Nuevo León) sí aportan a los ingresos tributarios un poco más (porcentualmente) de lo que se les regresa vía el gasto federalizado. Pero los otros dos (Jalisco y Coahuila) son la otra cara de la moneda. Por otra parte, estos gobernadores omiten a su conveniencia que la federación absorbe la mayoría del costo de salud y educación en cada entidad, áreas claves de cualquier gobierno en el mundo. A eso hay que sumarle lo que se les asigna en otros presupuestos compartidos, como los fondos regionales y metropolitanos.

La mayoría de los estados están en la situacón en la que reciben más dinero de lo que aportan a la hacienda pública. La gran excepción es el caso de la Ciudad de México, que es la entidad federativa que más aporta y por mucho; 46% del total contra 7% de Nuevo León o 3% de Jalisco aproximadamente, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). A pesar de lo anterior, la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, refrendó su apoyo al pacto fiscal actual, reiterando su solidaridad con el resto del país en estos difíciles momentos.

La propuesta no solo carece de sentido en términos económicos sino que podría significar un desastre en términos administrativos, ya que para empezar, cada estado tendría que crear una institución recaudatoria propia porque en estos momentos solo existe una a nivel nacional. Eso significaría incurrir en más gasto a escala estatal, sin tener que contar el tiempo que llevaría implementar reglas de operación, capacitar personal y crear sistemas tecnológicos y de seguridad confiables. En todo este tiempo se caería la recaudación de estos estados, sin duda.

No solo esto. Dado que cada estado pondría sus propias reglas de operación, no habría homologación en los impuestos y se complicaría el compartir información entre autoridades para el lavado de dinero. Peor todavía, algunas entidades podrían verse tentadas a establecer por ley estímulos fiscales o volver a instaurar la figura de la condonación de impuestos, que apenas quedó oficialmente prohibida por el Congreso hace algunas semanas.

No es difícil imaginar que en Nuevo León, hogar de algunos de los empresarios más importantes del país, aglutinados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y a quienes en los sexenios anteriores se les perdonaron cifras millonarias en el pago de impuestos, la propuesta podría estar impulsada y cabildeada por estos mismos empresarios para que les favoreciera. Si se volviera a permitir estatalmente la condonación de impuestos, no sería raro que decenas de empresas, que tributan ahora en otros lugares, decidieran cambiar sus domicilios fiscales a donde les perdonaran el pago de impuestos o donde recibieran estímulos económicos a costa del ciudadano de a pie.

Todo esto sería debilitar las capacidades del Estado justo cuando en todo mundo se habla de su reforzamiento. Es una propuesta a contracorriente de la actualidad y del más mínimo sentido común, sobre todo porque se quisiera implementar en el periodo de mayor inestabilidad económica en cien años. Todo esto hace pensar que los fines que persiguen estos gobernadores son, por un lado, socavar al gobierno federal —motivación política— y, por otra parte, congraciarse con los cúpulas empresariales —motivación económica—.

¿Y la salud? A juzgar por lo visto, es lo que menos interesa a muchos de estos actores. Solo la usan como pretexto para empujar un reacomodo político y económico. Esta actitud que a primera vista solo pudiera ser egoísta, pondría la vida de centenas o miles de personas en peligro inminente.

Con información de la agencia ‘RIA Novosti’.