Ante este escenario, el gobierno del presidente Alberto Fernández ha recurrido a una serie de controles cambiarios para intentar preservar las reservas internacionales, que se han reducido a menos de 40,000 millones de dólares, y evitar una mayor fuga de capitales. Estos controles incluyen un impuesto del 30% a la compra de dólares para ahorro o turismo, un límite de 200 dólares mensuales por persona, una retención del 35% a cuenta del impuesto a las ganancias, una autorización previa del Banco Central para las operaciones de comercio exterior y una restricción a la compra de dólares por parte de las empresas para cancelar deudas en moneda extranjera.

Sin embargo, estos controles no han logrado su objetivo, sino que han generado una serie de distorsiones y problemas en el mercado cambiario. Por un lado, han provocado una escasez de dólares en el mercado oficial, lo que ha obligado al Banco Central a intervenir vendiendo divisas de sus reservas para contener la presión sobre el tipo de cambio. Por otro lado, han estimulado la demanda de dólares en el mercado paralelo o informal, donde el precio es mucho más alto que en el oficial. Esto ha generado una brecha cambiaria que se ha disparado a más del 200%, lo que refleja la desconfianza de los argentinos en su moneda y en su economía.

La brecha cambiaria tiene consecuencias negativas para la economía argentina, que ya sufre una inflación de más del 50% anual, una caída del producto interno bruto de más del 10% en 2020 y una pobreza de más del 40% de la población. Por un lado, la brecha cambiaria incentiva la especulación y la fuga de capitales, lo que reduce la inversión productiva y el crecimiento económico. Por otro lado, la brecha cambiaria genera expectativas de devaluación y traslado a precios, lo que alimenta la inflación y erosiona el poder adquisitivo de los salarios. Además, la brecha cambiaria dificulta el acceso al financiamiento externo y aumenta el costo del endeudamiento, lo que limita la capacidad del gobierno para afrontar sus compromisos con los acreedores.

Los expertos coinciden en que los controles cambiarios son insostenibles y que podrían llevar a Argentina al borde del colapso. Por eso, recomiendan al gobierno que adopte medidas para reducir el déficit fiscal, que es la principal causa de la emisión monetaria y de la presión sobre el tipo de cambio, y que impulse reformas estructurales que mejoren la competitividad, la productividad y la confianza de los agentes económicos. Asimismo, sugieren que se busque un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que es el principal acreedor del país, para renegociar la deuda de 45,000 millones de dólares que contrajo el gobierno anterior y que vence a partir de 2023.

Argentina tiene una larga historia de crisis cambiarias, que han derivado en hiperinflación, default y recesión. La actual crisis es una oportunidad para romper con ese ciclo y sentar las bases de una economía más estable, sostenible e inclusiva. Para ello, se requiere un consenso político y social que permita implementar las medidas necesarias para superar los desequilibrios macroeconómicos y para generar las condiciones para el desarrollo a largo plazo.

Con información de: Yahoo